Si bien existe coincidencia respecto de la necesidad de revisar la situación financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, distintas voces de la magistratura advierten que el debate corre el riesgo de asentarse sobre diagnósticos equivocados, prejuicios y conceptos que podrían afectar principios institucionales sensibles.
En diálogo con el sitio Análisis, magistrados que solicitaron reserva de identidad para evitar eventuales interpretaciones de adelantamiento de opinión sobre un tema que podría derivar en planteos judiciales, analizaron los puntos más críticos del proyecto.
Uno de los principales problemas señalados por las fuentes consultadas es la reiteración del concepto de que la Justicia cuenta con un sistema previsional diferenciado.
“El dato básico que debe quedar claro es que magistrados, funcionarios y empleados judiciales aportan al mismo sistema previsional que el resto de la Administración Pública provincial y realizan sus contribuciones a la misma Caja de Jubilaciones y Pensiones”, explicó uno de los jueces.
En ese sentido, los magistrados remarcaron que no existe una “jubilación judicial” separada del sistema general provincial, ni un esquema autónomo administrado por el propio Poder Judicial. Por el contrario, sostienen que la actividad judicial forma parte del régimen previsional común que alcanza a todos los trabajadores estatales entrerrianos.
Otra de las observaciones recurrentes apunta a la necesidad de dimensionar correctamente cuál es la incidencia real del Poder Judicial en la situación financiera de la Caja de Jubilaciones. Según señalaron, la estructura judicial representa menos del 5% del universo total comprendido por el sistema previsional provincial.
“Resulta difícil sostener que el Poder Judicial sea el responsable estructural del déficit cuando su participación en la composición total del sistema es claramente minoritaria”, sostuvo otra de las fuentes.
Actualmente, el Poder Judicial cuenta con una planta de aproximadamente 2.839 trabajadores distribuidos en toda la provincia. Desde el sector afirman que, pese a la creación de nuevos organismos a lo largo de los años, no se produjo una expansión masiva de cargos. A esto se suma que la Justicia no determina de manera autónoma sus recursos presupuestarios, dependiendo en gran medida de las asignaciones provenientes de Rentas Generales.
Por tal motivo, consideran que cualquier diagnóstico serio sobre el déficit debería incorporar un análisis integral de todo el sistema. “Antes de individualizar responsabilidades es necesario observar los números completos: cuántos trabajadores activos aporta cada sector, cuántos jubilados genera, cuál es la masa salarial involucrada, cómo evolucionaron las plantas de personal y cuál es el impacto efectivo de cada régimen en la sustentabilidad general”, resumió uno de los magistrados.
Las mayores preocupaciones dentro de la Justicia aparecen en torno a algunos aspectos conceptuales del proyecto vinculados a la noción de sustentabilidad financiera. Aunque existe acuerdo en que la Caja debe ser sostenible en el tiempo y se deben corregir los desequilibrios, las fuentes advierten que este fin no puede transformarse en una categoría tan amplia que habilite consecuencias institucionales sobre otros Poderes del Estado.
Los jueces explican que si la ley terminara vinculando decisiones jurisdiccionales con evaluaciones fiscales, o estableciera mecanismos de condicionamiento hacia el Poder Ejecutivo como consecuencia de resoluciones judiciales, podría abrirse un escenario de tensión con el principio republicano de división de Poderes.
“La sustentabilidad financiera es un objetivo legítimo, pero no puede derivar en herramientas que generen dudas sobre la independencia funcional de los jueces o sobre la autonomía constitucional del Poder Judicial”, señaló una de las fuentes, alertando sobre posibles formas indirectas de interferencia económica.
Respecto a la declaración de emergencia contemplada en la iniciativa oficial, desde el Poder Judicial no cuestionan la posibilidad de que existan circunstancias excepcionales, pero sostienen que una medida de tal magnitud debe estar respaldada por información precisa, verificable y específica.
En esa línea, reclaman conocer con exactitud cómo se compone el déficit de la Caja, cuáles son los sectores que más inciden en él, qué proyecciones financieras existen y por qué las medidas propuestas resultan necesarias, proporcionales y temporales. Además, recordaron que el propio gobierno provincial reconoce que el déficit previsional es una situación que se arrastra desde hace más de dos décadas, por lo que la sola invocación de una emergencia no alcanza para justificar delegaciones amplias de facultades.
“Lo extraordinario debe seguir siendo extraordinario. No puede convertirse en una regla estable ni en una habilitación genérica para adoptar decisiones sin controles adecuados”, explicó uno de los jueces consultados.
Las voces recogidas coinciden en que el problema financiero de la Caja merece una respuesta institucional, pero entienden que cualquier reforma de fondo requiere un proceso amplio de participación, con intervención de todos los sectores involucrados y sustentado en información técnica detallada.
“La función judicial no genera un privilegio previsional. El Poder Judicial integra el mismo régimen que la Administración Pública provincial y sus trabajadores realizan aportes al mismo sistema”, insistieron.
Finalmente, las fuentes subrayaron que la sustentabilidad financiera y el respeto a las instituciones republicanas no son objetivos incompatibles, pero advirtieron que cualquier reforma debe preservar con claridad la independencia de los Poderes del Estado. “La emergencia, si no está suficientemente justificada y delimitada, no puede transformarse en una puerta de ingreso para relaciones de subordinación institucional entre Poderes”, concluyeron.
