Chemez leyó la resolución al inicio de la audiencia en el megajuicio por corrupción. Los jueces entendieron que la etapa para ese planteo defensivo no es la adecuada, dado que la memoria ya se incluyó por convención probatoria cuando finalizó la Investigación Penal Preparatoria y la causa se remitió a juicio oral.
Discusión por el disco rígido
La discusión sobre la incorporación o no del disco viene discutida desde que comenzó el juicio, a finales de septiembre. Por un lado la Fiscalía lo consideró “la caja negra” que contiene información de los supuestos “retornos” a Formato Urbano, empresa que adjudican a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri. La hipótesis acusatoria en la “causa de las imprentas” indica que entre 2010 y 2015 hubo una especie de cartelización de la publicidad. Los defensores, puntualmente el abogado Miguel Cullen -que representa los intereses de Corina Cargnel, contadora de Formato Urbano y Aguilera e imputada en el proceso-, cuestionaron la incorporación del dispositivo. Aseguraron además, el jueves pasado, que la memoria registra numerosas modificaciones mientras estuvo en poder del Ministerio Público Fiscal. Esto último fue considerado por Cullen como “un hecho nuevo” que fundamentaría el pedido de exclusión probatoria en esta etapa de juicio oral. El tribunal no lo entendió de ese modo.
Otra discusión
Otro de los puntos discutidos es la pertinencia de bioingenieros que componen el Gabinete de informática del MPF, y que realizaron informes periciales en el marco de la investigación. Sostienen los defensores que no están capacitados para producir informes técnicos de esa naturaleza. Los jueces tampoco les dieron la razón en este punto.Aunque, este lunes, señalaron la existencia de una contestación por parte del Colegio de Profesionales de las Ciencias informáticas de Entre Ríos (Coprocier), donde la entidad opina sobre la pertinencia para elaborar informes técnicos informáticos por parte de bioingenieros. Se trata de una prueba pedida puntualmente por la defensa, a la que se opuso Fiscalía y que fue ordenada por parte del juez de Garantías, Ricardo Bonazzola.
El Coprocier respondió únicamente al Ministerio Fiscal y los defensores se quedaron sin conocer los detalles. El tribunal entendió que no es una discusión que debate resolverse en el juicio, sino algo propio a una discusión interna dentro del colegio de profesionales. No obstante, Chemez ordenó a los fiscales poner en conocimiento “de inmediato” a los defensores.
