“Estamos frente a la situación en la que hay más casos”, admitió el Dr. Julio Rodríguez Signes, que lleva años al frente de la Fiscalía de Estado, el órgano a través del cual deben canalizarse los planteos.
En diálogo con Despertá con Nosotros, por Oíd Mortales Radio, Rodríguez Signes mencionó algunas cifras que permiten cuantificar lo que está en juego. Sólo por los fondos que Nación debió girar para la Caja de Jubilaciones, habría en juego cerca de 80 mil millones de pesos, actualizando y cargando con intereses una deuda de cerca de 50.000 millones.
El Fiscal dejó en claro que el Gobernador Rogelio Frigerio ha dado instrucciones claras de que se reclame todo aquello que, por ley, corresponda a Entre Ríos. “No tengo ninguna instrucción para no hacerlo. Todo lo contrario, pero necesito que los organismos me suministren los datos técnicos, porque es la única manera de probar la exigencia de una deuda y reclamarla”, aclaró.
Rodríguez Signes repasó al detalle cada uno de los frentes abierto con Nación, incluido uno de vieja data: los excedentes de Salto Grande. Admitió que no hay una cifra aún y puso el foco en el modo en que Nación ha venido aplicando un procedimiento técnico estipulado por un decreto de 1992 para fijar la tarifa que le reconocen a la represa por la energía que aporta al sistema. Según Rodríguez Signes, la cuestión medular pasaría por probar que hubo “ineptitud, ineficacia del procedimiento o una incorrecta aplicación, una cuestión muy técnica”.
¿Habrá presentaciones en la Corte Suprema de Entre Ríos contra Nación por fondos adeudados a la provincia?
- Esto requiere una explicación, porque no es “sí o no”. Hay que distinguir acciones legales de las judiciales. No todo se judicializa pero eso no quiere decir que no se haga el reclamo legal, que implica primero reclamar por la vía administrativa.
En un medio nacional se publicó que hay 16 provincias que hicieron 30 reclamos judiciales a la Corte por un valor de mil millones de dólares. Está bien, pero periodísticamente. Pero cuando uno ve la nota, son todos reclamos heterogéneos, ningún tema es igual al otro, algunos están presentados antes de 2023 e incluso hay de mucho antes, algunos son discutibles y otros no tantos. Ahí se hizo una sumatoria pero no homogénea.
No hay posiciones homogéneas en todos esos reclamos, excepto en lo referido a jubilaciones. Ahí sí hay un claro incumplimiento del gobierno nacional respecto a la remisión de los fondos para paliar el déficit previsional de la provincia de Entre Ríos. Son 13 provincias que están en la misma condición y es el único punto en el que estamos todos de acuerdo en que hay un incumplimiento, pero respecto de los anticipos.
La Nación se comprometió a pagarnos el déficit previsional, pero no cualquier déficit previsional sino bajo un sistema de simulación. Se simula que el sistema está armonizado, en edad, aportes y movilidad, equiparando nacional y provincial (que no pasa en la realidad y por eso hay que simularlo), y bajo esos datos bastante complejos se hace una liquidación, se la aprueba y se paga. En eso hay un atraso de cuatro años y hay un reclamo administrativo presentado del orden de los 50 mil millones de pesos que Nación le debe a Entre Ríos. Esa presentación se hizo a principios de enero de 2024.
-Si la deuda se arrastra desde hace 4 años, ¿no hubo ningún reclamo similar durante la gestión de Gustavo Bordet y desde la Fiscalía de Estado, que también estaba a su cargo?
-Estos reclamos que hace la Caja de Jubilaciones. No es Fiscalía de Estado sino que la Caja tiene que suministrar a la ANSES una serie de datos para que la procese y llegar a una liquidación. En esto, hay demora compartida de provincia con ANSES. Las actuales autoridades terminaron ese trabajo de remitir información y con ella un reclamo administrativo en el que piden a Nación que pague, a valores históricos, alrededor de 50 mil millones, que se adeudan de ejercicios atrasados, de los últimos cuatro años.
-¿Hubo respuesta de Nación?
-Todavía no. Por eso entendemos que está configurada la “denegatoria tácita” y ahí sí ya tenemos lista la acción judicial.
-¿Se iría a la Corte, agotada la vía administrativa?
-Ahí sí. Y además, porque el gobierno nacional, ya este año, en 2024, ni siquiera manda los anticipos. Antes se mandaban anticipos a cuenta de la liquidación nacional, que cuando finalmente estaba, se pagaba la diferencia. Ahora ya directamente ya no manda ni los anticipos. El argumento es que en remisiones anteriores, con otras provincias pero no con Entre Ríos, no estarían claros los conceptos y habría cierta irregularidad. Pero ese es un problema de otras provincias y no de Entre Ríos. A nosotros nos deben los anticipos y a eso lo estamos reclamando también.
-¿Cuánto sería el total de la deuda de Nación con Entre Ríos por Caja de Jubilaciones?
-Tenemos 46.900 millones de la diferencia entre anticipos y lo que nos deberían haber pagado, a valores históricos, cifra que habrá que actualizarla con intereses. Y ya de este años nos están debiendo anticipos por aproximadamente otros 10 mil millones de pesos. Si uno actualiza todo, tenemos que estar superando los 80.000 millones de pesos de ese concepto. Los reclamos se están haciendo. Que no hayamos interpuesto un recurso ante la Corte todavía, no quiere decir que estemos incumpliendo alguna obligación, me refiero a la Fiscalía, el gobernador. Al contrario, se aceleró el reclamo con la presidencia nueva de la Caja de Jubilaciones toda la remisión de información. Porque no son automáticas las cifras como en la coparticipación. Son sumas que hay que liquidar, hay un trabajo técnico.
-Veamos otros reclamos, por ejemplo obra pública.
-Toda la obra pública con financiamiento nacional, hemos pedido a cada organismo provincial que nos diga cuál es el contrato vigente y si Nación podía o no interrumpir el pago de esas obras. En función de esa información, reclamaremos por parte del organismo nacional. Por ejemplo, ENHOSA. Hubo mucha obra pública de este organismo que ahora está interrumpida. Estamos viendo los contratos, si autoriza o no la remisión de fondos. Si hay un incumplimiento, reclamamos.
-¿Hay reclamo por el FONID, el incentivo docente? ¿Cómo está ese trámite?
-Nación dejó sin efecto el FONID incumpliento una ley nacional. Algunas provincias mandaron el tema a la Corte y entiendo que al tema lo estaríamos resolviendo administrativamente en estos días.
-¿Qué quiere decir “resolviendo”?
-No lo tengo terminado al estudio.
-Queda flotando la idea de que Nación podría enviar el dinero. ¿Hay algo de eso?
-Claro, sí, sí, por ahí tiene que pasar la cosa.
-¿Subsidios al transporte?
-Nación oficializó la no remisión de los fondos con el decreto 280 del 29 de marzo y ahí estamos preparando la demanda. No hay margen para otra cosa, porque hay una posición expresa del gobierno nacional de eliminarlo por decreto de necesidad y urgencia. Ahí vamos a la Corte. Con distintas incidencias porque no es lo mismo lo que se le enviaba a Entre Ríos que a otras provincias como Buenos Aires.
-¿Qué otros reclamos hay a Nación?
-Incluir Salud. También son fondos nacionales. Los estamos reclamando. Y tenemos los detenidos por órdenes de la Justicia Federal alojados en cárceles provinciales. Ahí hay deuda bastante antigua.
-Veamos finalmente la cuestión “energía”…
-Ahí tenemos regalías por un lado y excedentes por el otro.
-Empecemos por regalías.
-Están establecidas por ley 15336, artículo 43. Lo que nos dice la Secretaría de Energía de la provincia es que hay mora en la remisión de los fondos. Se abonó enero de 2024 pero nos adeudan febrero y marzo. Yo no puedo interponer una demanda sin constituir en mora al Estado nacional. Entonces lo que se hace es un reclamo administrativo.
-¿Las regalías son de liquidación automática?
-Deben serlo.
-¿De cuánto sería la deuda por regalías?
-Hay un tema con eso, porque en enero pagaron 530 millones de pesos y todo el año estaba presupuestado en 1600 millones. Estamos viendo. Entró un monto alto con relación a lo que estaba presupuestado. Es algo muy técnico porque depende del volumen de energía entregado por la represa al sistema interconectado. Es el 12% que se liquida a Entre Ríos y Corrientes.
-Entremos finalmente en la cuestión de los excedentes de Salto Grande.
-Esa es otra cosa. La ley 24954, creo que del año 1998, estableció un convenio en el cual Entre Ríos y Corrientes reciben una parte de los excedentes, de las utilidades que genera la represa. Después, a través de una ley provincial, se crea la CAFESG para administrar esos fondos.
Ahora, esos excedentes dependen de cuánto le pagan a Salto Grande la energía que entrega al sistema interconectado. Si la venda barata, las utilidades serán menores. Ese es el tema, viejísimo tema, que viene como mínimo desde hace 5, 6 o 7 años o más también, denunciándose.
Requiere de la modificación de una resolución del año 1992 según la cual la Secretaría de Energía de la Nación aplica un procedimiento bastante complejo para determinar el precio de la energía. No es que tengamos una deuda líquida y exigible y nosotros podamos decir ‘nos deben tal cifra’. Debemos modificar esa resolución de la Secretaría de Energía de la Nación para que la metodología del precio sea distinta.
-Mencionaste una resolución de cálculo de 1992. Pero la ley que canalizó los excedentes es de 1998. En ese momento, se entendía que el valor que se le reconocía por la energía a Salto Grande era el de mercado.
-Claro. Pero no es propiamente “de mercado”. El precio de la energía, para las centrales hidroeléctrica, lo fija a través de un procedimiento especial, la Secretaría de Energía de la Nación.
-Pero si es así, si siempre fue potestad de Nación fijar el precio de la energía que le paga a Salto Grande, discrecionalmente…
-No. No hay arbitrariedad. Hay un procedimiento muy técnico.
-Pero, entonces, si hay un procedimiento tan técnico, ¿podríamos tener alguna posibilidad de demostrar que se apartaron y, de golpe, de 2003 en adelante, se vino a pique el precio que se le paga a la represa, al punto que hoy es una cifra ridícula?
-Sí. No hay ninguna duda de eso. Por ahí va la cuestión. Pero no tengo una suma líquida y exigible. Depende de esa demostración, de la ineptitud, ineficacia del procedimiento o de su incorrecta aplicación, una cuestión muy técnica, por la cual hemos pedido apoyo a la Secretaría de Energía de la provincia, a la CAFESG, para que nos digan cómo plantear la cuestión.
-Ese sería el reclamo más relevante e histórico. Más allá de eso, lo poco que se venía transfiriendo, ¿lo están haciendo en los últimos meses?
-Ahí hay una información que traté de obtener hablando con Pablo Canali (Vocal de CAFESG), pero todavía no tengo. Él dice que hay una deuda de 2100 millones de pesos a la CAFESG por una mora en la liquidación de excedentes. Quiero saber si es efectivamente así. Que me certifiquen, me documenten esa deuda para hacer el reclamo como corresponde inmediatamente. El gobernador ha dicho: una cosa es el gobierno nacional, acompañarlo políticamente porque la gente quiere un cambio, pero otra cosa es reclamar lo que nos corresponde. ¿Qué nos corresponde? Lo que la ley dice que nos corresponde. Y ese trabajo lo hacemos nosotros. No tengo ninguna instrucción para no hacerlo. Todo lo contrario, pero necesito que los organismos me suministren los datos técnicos, porque es la única manera de probar la exigencia de una deuda y reclamarla.
-Al momento en que se decide ir a la Corte Suprema con un reclamo, ¿quién tiene la decisión final y quiénes intervienen en esa decisión?
-El fiscal pone a consideración del gobernador y el gobernador tiene que firmar, porque la Corte Suprema de Justicia dice que la representación de las provincias es del Fiscal y el Gobernador. Sobre todo, del gobernador que es el Jefe del Estado provincial.
-En tus años de Fiscal de Estado, ¿alguna vez se acumuló semejante cantidad de incumplimientos de Nación para con la provincia?
-Yo diría que estamos frente a la situación en la que hay más casos, por lo menos en estudio. Antes estábamos más centralizados en el tema ANSES, pero no había problemas con Incluir Salud, obra pública… Ahora evidentemente hay un cambio de metodología de la Nación respecto de las provincias.
-¿Cuánto puede llegar a demorar la Corte para responder los reclamos?
-Es lento todo trámite en la Corte. La demanda de Santa Fe, San Luis y Córdoba sobre ANSES por la coparticipación se presentó en 2006, 2007 y se resolvió en 2015. Estuvieron 8 años discutiendo.
