La mujer que fue enfermera del IPP desde enero de 1978, recordó la internación ese año de mellizos –uno de cada sexo– que provenían del Hospital Militar. Uno estaba identificado como NN: con ese registro llegó desde la administración del lugar. Era "un gordito" al que "no iban a ver los familiares", que primero estuvo en incubadora y luego pasó a una cuna. "No me acuerdo que haya tenido una patología grave; a lo mejor una deficiencia respiratoria leve, porque ahí no había respirador ni nada", indicó.
A cargo de los niños estaban los cuatro socios, porque "no había otros médicos", dijo. Esta testigo contradijo así el argumento de la defensa según el cual ellos no se enteraron de los hechos y no atendieron a los niños, sino que pudieron haber estado a cago de uno de los profesionales externos que llevaban a sus pacientes en el marco de una supuesta "institución abierta". Además, la enfermera señaló que eran ellos quienes entregaban los partes médicos. Se turnaban en guardias de 24 horas y acudían a la neo cada vez que los necesitaban, porque estaban dentro de la institución misma. También confeccionaban las historias clínicas, firmaban el ingreso y alta de pacientes y eran los únicos médicos que podían entrar a la sala.
A esos bebés ella les prestaba "más cariño" porque no había familiares que fueran a visitarlos. Ella no estaba de turno cuando egresaron de la clínica, señaló. Pero aseguró que alguno de los médicos y de las otras enfermeras deben saber qué pasó con los mellizos.
Ella reconoció como el jefe de la clínica a Torrealday, mientras que el fallecido Ángel Schroeder fue el primer especialista en neonatología y era quien les enseñaba el oficio. Por otra parte, dijo que los cuatro efectuaban traslados de pacientes hacia el IPP, en aquella época en sus autos particulares, ya que incorporaron ambulancia posteriormente, en 1981.
El pediatra Ramón Lozze, socio fundador del Sanatorio del Niño junto a los imputados, también hizo una declaración relevante, puesto que recordó que en la época de los hechos, cuando derivaba pacientes a la neonatología del IPP, dejaba de tener intervención y se hacían cargo los médicos del servicio y las enfermeras. Por otra parte, al igual que los imputados, dijo que había una zona del Sanatorio del Niño que se inundaba por un problema de construcción y eso ocasionó que se perdieran "algunos papeles", pero negó que en ese lugar existiera un archivo. La explicación de los propietarios del IPP es que el archivo de historias clínicas, donde deberían estar registrados datos sobre el destino de los mellizos, se perdió en una inundación.
Otro testigo fue un hombre que se desempeñaba como chofer, y relató que realizaba traslados de pacientes en los autos particulares de los galenos. No obstante, no recordó el traslado de mellizos desde el nosocomio castrense de avenida Ejército.
Encuentro con Estela de Carlotto
Alicia Dasso trajo al juicio la reconstrucción del encuentro que en el año 2000 mantuvo con Miguel Torrealday, junto a Estela de Carlotto. En esa oportunidad el médico le mostró el libro donde consta la internación de los mellizos como "NN López" y "Soledad López", provenientes del Hospital Militar en marzo de 1978. Esa reunión se hizo en el IPP, a pedido de Torrealday, quien estaba interesado en encontrarse con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. También participaron las abogadas Alcira Ríos y Lucila Puyol y en un momento se sumó también una hija del doctor.En aquella oportunidad, el profesional de la salud ya sabía que se trataba de mellizos. Dijo también que ingresaron en días diferentes porque "uno lloraba mucho, entonces trajeron al otro" y que quienes los retiraron "pagaron y se fueron". Por lo tanto, Torrealday habría demostrado tener conocimiento de aquella situación irregular.
Los tres imputados están acusados de haber sido partícipes de sustracción de menores y sustitución de identidad en el caso de los mellizos Valenzuela Negro, en el marco del plan sistemático de robo de bebés que estuvo vigente durante la dictadura y el terrorismo de Estado. Según la acusación, coordinaron el ingreso, la atención y el alta de los niños, entregándolos a personas que nada tenían que ver con sus progenitores. Además de todo esto, no dieron aviso a autoridades judiciales de la situación de desamparo de los niños. Estos delitos se consideran de lesa humanidad.
