Este viernes, el juez de Garantías Ricardo Bonazzola rechazó los argumentos esgrimidos por los abogados defensores de los imputados en la megacausa del Sueño Entrerriano y la elevación a juicio se tornó inminente. El ex gobernador Sergio Urribarri, los ex ministros de Cultura, Pedro Báez, y de Turismo, Hugo Marsó, y el cuñado del exprimer mandatario, Juan Pablo Aguilera, están acusados por delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. El rechazo hecho por Bonazzola fue confirmado este viernes, en base a los planteos de las defensas de los imputados, realizados el viernes 30 de agosto. Los abogados habían pedido el sobreseimiento de sus representados: alegaron que las actuaciones de gobierno pasaron sin observaciones por los organismos de control (Tribunal de Cuentas, Contaduría General, Tesorería, Fiscalía de Estado). En este sentido, preguntaron por qué no se imputó a los funcionarios de los organismos de control y aseguraron que son ellos quienes deberían estar respondiendo en la causa, si es que hubo algún delito a investigar por parte de la Justicia penal.
Los defensores también cuestionaron la investigación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal y dijeron que las imputaciones son imprecisas, lo cual les impidió hacer un efectivo ejercicio defensivo.
La megacausa
La tesis de la fiscalía es que se utilizaron fondos públicos para impulsar la candidatura de Urribarri para la presidencia de la Nación, bajo el eslogan de “Sueño Entrerriano”. La megacausa contiene tres expedientes:- La investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones.
- La contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones.
- La contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones.
