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La tesis de la Fiscalía es que el ex gobernador utilizó fondos provinciales para impulsar su campaña para presidente.

Este viernes 30, a las 9hs, el Ministerio Público Fiscal expondrá ante el juez de Garantías Ricardo Bonazzola las razones por las que considera que la investigación penal sobre la megacausa del Sueño Entrerriano ya está concluida y debe ser remitida a juicio oral. De este modo, el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Sergio Urribarri, tendría un segundo juicio, mientras espera por los avances en la “causa de la vaca”.
Sueño Entrerriano
La megacausa contiene tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. Para la Fiscalía, se utilizaron fondos públicos para impulsar la campaña para presidente de Urribarri. En la investigación penal están involucrados, entre otros, además de Sergio Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; el exministro de Turismo, Hugo Marso; el cuñado del ex gobernador, Juan Pablo Aguilera; Hugo Félix Céspedes, quien fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.

La audiencia de remisión a juicio de esa causa había sido fijada para el 24 de julio pero debió ser aplazada debido al mal estado de salud del abogado Emilio Fouces, que ejerce la defensa de Hugo Marsó y Gerardo Caruso.

Los delitos que se le imputan a Urribarri y Báez son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En tanto, a los demás acusados se les reprocha los mismos delitos pero en grado de partícipes primarios. En este sentido, para Urribarri la Fiscalía pidió 9 años de prisión, en tanto que para Báez, 8.

Por otro lado, para Gustavo Javier Tortul, pidieron 4 años de prisión; para Hugo Felix Céspedes, 4 años de prisión; Juan Pablo Aguilera, 8 años de prisión; Corina Elizabeth Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; Hugo Marsó, 4 años de prisión; y Gerardo Daniel Caruso, 4 años de prisión. Además, para cada uno de los funcionarios o exfuncionarios pidieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una pena de multa de 90 mil pesos, ya que consideran que los hechos se habrían cometido con “ánimo de lucro”.
Fuente: Entre Ríos Ahora

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