El ex gobernador, los ex ministros Pedro Báez y Hugo Marsó, otros funcionarios y empresarios están acusados por el desvío de 47 millones de pesos para la promoción de su figura como candidato presidencial. Se los acusa por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.
Concretamente, se le atribuye a Urribarri el uso de fondos públicos para la publicación, en junio de 2014, de una solicitada en 18 diarios nacionales para que todos los sectores se unan contra los fondos buitres, por la que se pagaron 4 millones de pesos; también por la contratación que hizo con la productora Nelly Entertainment SA, por un monto de 28 millones de pesos, en el marco de la Cumbre del Mercosur que se desarrolló en Paraná en diciembre de 2014; y por la instalación del parador playero en Mar del Plata, en el verano de 2015, por el que se pagaron 15 millones de pesos.
En lo esencial, los abogados defensores rechazaron las imputaciones, aseguraron que no hubo desvío de fondos del presupuesto y apelaron al argumento de que las cuentas habían sido aprobadas “sin observaciones” por los organismos de control. “Los primeros y tal vez únicos responsables en el cumplimiento de los actos administrativos son los organismos de control”, sostuvo Ignacio Díaz, defensor de Báez. En tanto, Raúl Barrandeguy, defensor de Urribarri, reeditó un planteo de excepción de falta de acción que ya ha sido rechazado en instancias anteriores.
También invocaron la “atipicidad”, es decir, la conducta que se les achaca a los funcionarios públicos no encaja en un delito penal, precisamente porque se trató de actos de gobierno. Emilio Fouces, defensor del ex ministro Marsó, dijo, por ejemplo, que la instalación del parador en la playa de Mar del Plata “se hizo para difundir a la provincia como destino turístico, que era, precisamente, la misión que tenía el funcionario”.
Los defensores también plantearon la nulidad de la remisión a juicio por considerar que los fiscales no hicieron “una descripción clara, precisa y circunstanciada del hecho” que le imputan a cada uno de los acusados, por lo cual habría, según dijeron, una vulneración del derecho de defensa. Así lo expuso Guillermo Vartorelli; mientras que Marcos Rodríguez Allende, defensor de Juan Pablo Aguilera, pidió que se realice una “reformulación de los hechos” y se cite nuevamente a declarar al cuñado del ex gobernador Urribarri.
En tanto, los fiscales rechazaron los planteos defensistas y pidieron al juez que les permita continuar con la audiencia de remisión de la causa a juicio. “No nos va a costar demostrar la ilicitud de los hechos; lo que nos está costando muchísimo es llegar a juicio”, se quejó la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche. También dijo que “se sortearon mecanismos administrativos para utilizar fondos públicos con fines privados”.
El sueño entrerriano
En tribunales tramitan tres causas que se acumularon en una sola en la que se investiga el desvío de fondos públicos para financiar aquella campaña.La fiscal Goyeneche sostuvo que aquello que se presentó en su momento como acciones institucionales –la solicitada contra los fondos buitres, la promoción de Paraná como sede de la Cumbre del Mercosur y la instalación de un parador playero– no fueron otra cosa que “actos de promoción personal de Urribarri como candidato presidencial”.
Para la instalación del parador playero en Mar del Plata, el Ministerio de Turismo de la provincia, entonces a cargo de Hugo Marsó, contrató a la empresa El Juego en que andamos SRL, a la que se le abonaron 14.561.870 pesos. Su rol es considerado preponderante porque quien “interesó” a Urribarri para realizar la contratación e inició el expediente administrativo, dicen los fiscales.
En la causa también están imputados Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, que habría cobrado una coima por la instalación del parador playero; la contadora Corina Cargnel, de las empresas TEP SRL y Next SRL, a través de las cuales se habría triangulado el dinero de esas coimas; y el empresario Gerardo Caruso, que montó el parador en Mar del Plata.
En la audiencia, los fiscales aportaron un dato que es una perlita: la empresa no tenía domicilio en la provincia y lo constituyó “ficticiamente” en la casa de Rubén Virué, que en ese momento era funcionario provincial.
En tanto, los ex funcionarios Hugo Félix Céspedes, ex coordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur; y Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de esa comisión especial, también están acusados por las contrataciones de publicidad.
