Desde el peronismo señalaron al oficialismo provincial «como el único y excluyente responsable político de una iniciativa legislativa que consagra un retroceso histórico y una flagrante regresión en materia de derechos humanos y sociales en Entre Ríos». Asimismo, repudiaron la estrategia oficialista de «agitar una falsa e inexistente guerra entre trabajadores del sector público y privado», calificándola como una cortina de humo para nivelar los derechos hacia abajo.
Sumisión al ajuste nacional y claudicación federal
En un documento emitido por el PJ se vincula directamente este proyecto con las políticas macroeconómicas de Javier Milei. «Las políticas de ajuste nacional, la parálisis económica y el desplome de la recaudación por la recesión son los factores que impulsan esta reforma bajo la premisa del ‘déficit cero'», explicaron.En ese sentido, lanzaron una dura crítica al gobierno provincial cuestionando el alineamiento incondicional del Frigerio ante este rumbo destructivo es la causa principal de un brutal ajuste sobre los jubilados. “Lejos de defender la autonomía, el Ejecutivo entrerriano ha decidido no reclamar firmemente ante la Nación los recursos previsionales que por ley le corresponden a Entre Ríos, convalidando acuerdos centralistas que implican una renuncia fáctica a los fondos históricos de la Caja de Jubilaciones y claudicando el justo reclamo federal», se expresó.
Graves vicios de inconstitucionalidad y aspectos técnicos
El peronismo detalló los puntos más críticos y alarmantes del proyecto de ley, advirtiendo que adolece de vicios insalvables de inconstitucionalidad. Algunos de ellos fueron:
Fin de la Movilidad Histórica (Art. 34): Denuncian el desmantelamiento de la movilidad al desvincular el haber de los jubilados de su escalafón de origen, delegándolo en un índice discrecional del Ejecutivo.
El Engaño del 82% Móvil (Arts. 31 y 63): Afirman que mantener el porcentaje es una «maniobra publicitaria vacía». Al estirar la base de cálculo de las últimas 120 a las últimas 180 remuneraciones (15 años), incorporando salarios históricos de categorías iniciales inferiores bajo un «promedio actualizado» cuyo índice de actualización la ley ni siquiera define, se produce una drástica licuación del haber inicial.
Delegación de Facultades Extraordinarias (Art. 6): Rechazan la declaración de una emergencia previsional que funcione como un «cheque en blanco» para que el Gobernador modifique unilateralmente alícuotas y aportes por decreto, violando la división de poderes y la Carta Magna provincial.
Asfixia a los Municipios (Art. 15): Condenan el avasallamiento a las autonomías municipales al facultar a la Contaduría General a retener unilateral y automáticamente fondos de la coparticipación para cobrar deudas previsionales, vulnerando el pacto fiscal interno.
Confiscación a Regímenes Especiales (Arts. 19 y 20): Califican de «absurdo jurídico» el aporte solidario post-jubilatorio de hasta el 19% para sectores que realizaron tareas de desgaste psicofísico (salud mental, infectocontagiosas, radiología, servicio penitenciario).
Profundo Sesgo Discriminatorio contra las Mujeres: Advierten que el ajuste se ensaña con las conquistas históricas femeninas. El aporte solidario recae sobre áreas altamente feminizadas (docencia y salud pública), se aumenta la edad jubilatoria y se recortan cruelmente las pensiones por viudez a un máximo de 8 años en determinados supuestos, violando tratados internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.
Cuestionan cambios en Pensiones e Invalidez (Art. 24): Se exige estar en actividad y con aportes recientes para acceder a la invalidez, desprotegiendo a enfermos crónicos, violando el principio de no regresividad del Pacto de San José de Costa Rica.
Alerta sobre el mandato partidario
El comunicado fija una postura orgánica inflexible respecto al debate legislativo: «Cualquier postura de legisladores provinciales peronistas que no se encuadre con el rechazo absoluto a este proyecto constituirá una posición estrictamente personal y en abierta desobediencia al mandato partidario», advirtieron, recordando que pesarán las sanciones ya ratificadas por el último Congreso del PJ entrerriano. «No existe espacio para el acompañamiento individual», sentenciaron, denunciando además que las modificaciones introducidas al texto original son «meramente cosméticas e insuficientes»."Había otro camino"
Para finalizar, desde el peronismo entrerriano remarcaron que siempre manifestaron la voluntad de discutir la sostenibilidad de la Caja, proponiendo una alternativa responsable, transparente y técnicamente fundada que incluía la recuperación de los recursos adeudados por Nación. Sin embargo, el oficialismo «prefirió imponer una reforma sin consensos y legislar a ciegas».«Esta reforma nace con un altísimo nivel de conflictividad jurídica y abrirá un escenario de judicialización masiva que terminará generando nuevos y millonarios costos para la provincia. Lo que hoy el Gobierno presenta falsamente como un ahorro, se convertirá mañana en un pasivo económico mucho mayor», alertaron.
«Esta es la reforma del conflicto permanente. Detrás de cada voto favorable hay miles de docentes, policías, enfermeros y empleados públicos cuyo futuro se verá afectado. El peronismo seguirá defendiendo un sistema previsional solidario, bajo la convicción de que fortalecer la Caja nunca debió significar debilitar los derechos de quienes la sostuvieron durante toda una vida de trabajo», concluye el documento.
