De todos modos, comunicaron que el Consejo de Educación en conjunto con el Inaubepro continúan la revisión de la medida dispuesta sobre finales de la última semana, y que generó reclamos no sólo en comunidades educativas del departamento La Paz, sino también en Tala, Nogoyá y Villaguay.
El recorte había sido indicado desde el Ministerio de Hacienda en base a la fuerte política de restricción del gasto que aplica el Gobierno.
El tema generó preocupación en la Legislatura. El diputado Juan José Bahíllo (PJ) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para contar “con información precisa y actualizada sobre la situación del transporte escolar rural en la provincia de Entre Ríos, ante la creciente preocupación manifestada por transportistas, familias y comunidades educativas”.
“Este servicio constituye una herramienta esencial para garantizar el derecho a la educación de más de 11.200 estudiantes que residen en zonas rurales y deben trasladarse a diario para asistir a clases en más de 180 establecimientos educativos”, dijo el legislador.
“Sin embargo, se han hecho públicas múltiples denuncias por parte de transportistas y actores comunitarios, que alertan sobre:
- Recortes de recorridos vigentes.
- Atrasos significativos en los pagos a prestadores.
- Endeudamiento y dificultades para mantener en funcionamiento los vehículos.
- Condiciones contractuales que no reflejan los costos reales del servicio.
Se han registrado casos especialmente críticos, como el de Rosario del Tala, donde el servicio a más de 200 estudiantes estaría en riesgo de ser suspendido, incluyendo recorridos que permiten la asistencia a instituciones que atienden a alumnos con discapacidad severa, cuyo acceso a la educación depende exclusivamente de este transporte”, observó.
