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Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez.
Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez.
Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez.
Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón reanudarán la audiencia del megajuicio este jueves a las 9. Está previsto, según adelantó la Fiscalía el último martes, la declaración de dos testigos: Gustavo Pereyra y Florencia Della Ghelfa.
Por qué fueron convocados
El primero será consultado sobre su vinculación con Juan Pablo Aguilera, el cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, por la vinculación con las empresas TEP y NEXT que le adjudican a Aguilera; y la relación con otras empresas de publicidad.

Della Ghelfa, en tanto, empleada de la Secretaría de Comunicación (antes Ministerio de Cultura y Comunicación), será consultada sobre los mecanismos de contratación del Gobierno a empresas de publicidad.

En el debate que comenzó los últimos días de septiembre y se prevé, en principio, hasta mediados de noviembre participan los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull. Los defensores son Raúl Barrandeguy, Candelario Pérez, Miguel Cullen, Marcos Rodríguez Allende, Emilio Fouces, Ignacio Díaz y José Velázquez.

Los imputados son Sergio Urribarri, actual embajador en Chipre e Israel; Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación; Juan Pablo Aguilera, empleado del Senado; Gustavo Tamay, empleado de Turismo; Maximiliano Sena; Emiliano Giacopuzzi; Alejandro Almada, Luciana Almada, pareja de Aguilera; Gustavo Tórtul, empleado del Gobierno de Entre Ríos; Germán Buffa, comerciante; Gerardo Caruso, empresario; Hugo Marsó, exministro de Turismo; y Corina Cargniel.
Megajuicio
Se ventilan cinco legajos investigados por el Ministerio Público Fiscal. El conocido como “causa de las imprentas” o “causa de la vaca”, donde se acusa direccionamiento de publicidad en la vía pública a las empresas TEP y NEXT desde 2010 a 2015; el legajo por la publicación de dos anuncios del Gobierno de Entre Ríos en 18 medios gráficos del país, adjudicado a la empresa Global Menas que no estaba constituida como tal al momento de la contratación, según la acusación fiscal; y los tres legajos acumulados en la causa conocida como “sueño entrerriano” que investigó contrataciones en el Marco de la Cumbre del Mercosur; una solicitada contra los fondos buitre; y la instalación de un parador playero en Mar del Plata. Los delitos achacados son Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; peculado y defraudación a la administración pública.
Fuente: Análisis Digital.

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