En los considerandos, se recordaba que la posibilidad de “que los afiliados elijan representantes activos y pasivos indistintamente se remonta a los inicios de la Caja, cuando aun no existían beneficiarios de jubilación o pensión, manteniendo este lógico sentido incluso durante años posteriores, donde los pasivos carecían de una masa crítica suficiente para pretender una representatividad directa del sector”. Sin embargo, en la actualidad los pasivos suman más de 170, cantidad que consideran suficiente para revertir aquella lógica. Sin embargo, el Decreto 0405/2026 firmado por el intendente de Colón, José Luis Walser, y el secretario de Gobierno, Mariano Bravo, se expresa en el sentido contrario.
“Tanto los activos como los pasivos tienen un mismo nivel de interés y por ende, de injerencia en el funcionamiento y destino de la Caja de Jubilaciones, ya que afecta de manera igual a ambos casos, y por esta razón, la cantidad de representantes en el Directorio siempre ha sido de 2 activos y 2 pasivos, independientemente de la cantidad de personas que representaban”, señalan en uno de sus argumentos.
A la vez, sostienen que la Ordenanza N° 32/2026 “fue sancionada sin la institucionalidad adecuada”.
“Ha avanzado sin la profundidad de tratamiento que la misma merece, ya que implica ni más ni menos que la modificación de la Ordenanza que da vida a un organismo tan importante como la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Municipalidad de Colón”.
Tampoco habría tenido “la correspondiente consulta a los demás sectores involucrados, ya que el Directorio está compuesto también por los activos, a quienes no se les ha dado la oportunidad de opinar al respecto; y por el Departamento Ejecutivo Municipal, a quien no le han dejado mayor alternativa que la promulgación o veto de la reforma, lo que impide un nivel de análisis serio de la cuestión. De hecho, los dictámenes legales que antecedieron a la sanción se han expresado de manera negativa a la misma, pero así y todo la norma ha sido sancionada desatendiendo a mejor criterio”.
Por otra parte, desde el DEM dicen que “después de varios años duros, actualmente la Caja de Jubilaciones de la Municipalidad de Colón, se encuentra gozando de una excelente salud financiera; de hecho, en este contexto en el que se están discutiendo reformas previsionales y donde existen conflictos como el que sucede en Villa Elisa, la Caja de Colón es la que se encuentra en mejor situación financiera de toda la provincia”.
Contra los autores del proyecto
Luego, la argumentación del decreto apunta a los promotores de la iniciativa.“La redacción ha estado a cargo de un escaso número de pasivos, quienes injustificadamente se arrogan la representación de todos los jubilados, cuando en realidad no es así, ya que los representantes de dicho sector están precisamente en el Directorio”.
Aseguran que “son los mismos que han denunciado a los miembros del Directorio anterior por celebrar un convenio legítimo con la Municipalidad de Colón para la explotación comercial de la pileta del Parque Quirós. Los mismos que sistemáticamente buscan socavar el funcionamiento de la Caja; que de manera permanente amenazan y entorpecen el avance de cada decisión que se toma. Pero, lo peor de todo, es que son los mismos que ya han estado en el Directorio de la Caja y le han valido la mayor pérdida económica en la historia de la institución, cuyo valor se estima en la suma de 3 millones de dólares que la Caja dejó de percibir por sus decisiones; y que también dejaron una entrada del complejo Termal sin hacer y que se encontraba en el medio del predio, sin ningún tipo de planificación ni justificación, mal utilizando los fondos de la Caja”.
“Pretenden disfrazar sus intereses personales de institucionalidad, logrando eco en el Honorable Concejo Deliberante para la sanción de una norma tan irregular e ilegítima, y buscan en realidad que ellos mismos puedan ser elegidos para volver a formar parte del Directorio y así volver a tomar las mismas decisiones perjudiciales que antes. Personas que se han presentado en las últimas elecciones como candidatos a ocupar una silla en el Directorio, pero que no han sido elegidas por los afiliados y en lugar de aceptar la voluntad popular, buscan generar atajos que les permitan lograr sus cometidos, algo que claramente no estamos dispuestos a permitir que suceda”, agregan.
Crítica a la UCR
Por otra parte, el decreto apunta especialmente a los concejales de la Unión Cívica Radical, Andrea Becerra y Edgardo Luciani.“Hace tan solo tres meses le han dado tratamiento a este mismo proyecto en la correspondiente comisión, y votaron rechazándolo, lo que ha valido el archivo del expediente”.
“Curiosamente, el proyecto fue presentado nuevamente, y ahora –contando con el respaldo de estos dos ediles- ha logrado alcanzar los votos suficientes para convertirse en Ordenanza”. Un acto no solo injustificado sino que infundado, ya que ni siquiera se han gastado en dar las razones de su cambio de posición, lo que nos permite arribar a la conclusión de que responde exclusivamente a intereses personales y que no representan a los deseos de los afiliados del espacio político sobre el que se arrogan la representatividad”.
