Tras la presentación de una denuncia penal contra la Municipalidad de Concordia por presunta defraudación a la administración pública, se conocieron los argumentos técnicos y fácticos que sostienen la acusación. El abogado denunciante, Mariano Giampaolo, brindó precisiones sobre las supuestas anomalías detectadas en el proceso que derivó en la adjudicación del servicio de recolección de residuos a la empresa VITSA, un contrato que compromete una cifra estimada de cientos de millones de pesos mensuales.

El letrado aclaró de forma inicial que el planteo judicial no busca abrir un debate sobre la necesidad o la importancia de optimizar la recolección de residuos en Concordia, sino auditar de qué manera el Ejecutivo dispuso de los fondos de los contribuyentes. “Cuando la contratación la hace el Estado con fondos públicos es obligatorio que se respeten los canales legales porque esos recursos los aportamos todos los contribuyentes”, argumentó.

De acuerdo con lo expuesto por Giampaolo, la principal hipótesis de la denuncia apunta a un mecanismo de regularización posterior a una decisión ya tomada de forma unilateral. El profesional sostuvo que “primero se decidió contratar una empresa y después se intentó darle un ropaje de simulada legalidad a esa decisión”, al tiempo que advirtió que “existen elementos que indicarían que la firma ya estaba desarrollando actividades en la ciudad antes de que se completaran los pasos administrativos correspondientes”.

En el desglose de los fundamentos que sustentan la presentación, el abogado enumeró una serie de requisitos legales y técnicos que se habrían omitido previo al desembarco de la firma en la localidad. “No hubo estudio de impacto ambiental, no hubo estudio económico de conveniencia, no hubo compulsa de precios y ni siquiera se analizaron otras alternativas”, detalló, sumando al análisis que existirían propuestas de otras empresas competidoras con valores inferiores para la prestación del mismo servicio.

Asimismo, Giampaolo consideró como un factor relevante para la investigación que la firma —radicada fuera de los límites de la provincia de Entre Ríos— “ni siquiera estaba inscripta como proveedora del municipio” al momento de concretarse el vínculo contractual.

El trasfondo político-legislativo que habilitó la contratación directa también forma parte de las sospechas que analiza la Justicia. El letrado hizo hincapié en las condiciones en las que se sancionó la normativa de emergencia ambiental y de recolección de residuos. Al respecto, manifestó que “la ordenanza ingresó sobre tablas pocos minutos después de iniciada la sesión” y sumó como indicio las declaraciones públicas de un concejal de la bancada oficialista, quien reconoció que los bloques opositores no habían sido notificados con antelación sobre el proyecto.

Para Giampaolo, este escenario configura una maniobra deliberada: “Prácticamente se está reconociendo que se quería contratar a determinada empresa y que no se avisó a quienes podían ejercer funciones de control para evitar cuestionamientos”.

La investigación penal se encuentra en su etapa inicial y quedó radicada ante la Unidad Fiscal de Concordia. Según reveló el entrevistado, “la denuncia presentada supera las 500 fojas y contiene abundante documentación, videos y distintos elementos de prueba que ya fueron puestos a disposición del fiscal Martín Núñez”.

Ante el volumen de los elementos probatorios entregados, el fiscal Núñez solicitó un plazo prudencial para el estudio minucioso de las fojas. En los próximos días se prevé un encuentro formal entre el representante del Ministerio Público Fiscal y los denunciantes para evaluar el curso de las actuaciones.

Finalmente, el abogado justificó la necesidad de avanzar con medidas de resguardo procesal debido al impacto que el contrato representa para el erario público. “La gravedad de los hechos denunciados amerita preservar documentación sensible y analizar eventuales comunicaciones entre funcionarios municipales y representantes de la empresa contratada”, concluyó, recordando que “estamos hablando de aproximadamente 500 millones de pesos por mes” en un contexto donde el municipio local ya disponía de camiones, personal operativo y estructura propia para brindar dicho servicio.

Fuente: Concordia Policiales