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Esta última semana fue noticia el nombramiento de la pareja del ex vicepresidente de la nación y ex gobernador de Mendoza, Julio Cobos en un importante cargo en la justicia federal.

La nota de color era que la susodicha llevaba apenas dos meses como egresada de abogada, con lo cual se sobreentiende que no tenía experiencia en la profesión, aunque sería – siempre según lo publicado en los medios masivos de comunicación- asesora del senado.

Cabe destacar, que una vez tomado estado público el nombramiento la novel abogada renunció al cargo, en principio para proteger la imagen de quien se hizo famoso por el voto no positivo, en la lucha del campo.

Al mismo tiempo esta semana era noticia la situación del diputado provincial Troncoso, quien habría pedido un importante porcentaje de lo que “asesores” percibían, lo que sería en un principio para los gastos de la “política”.

Esto se tradujo en una investigación judicial, la cual deberá dilucidar la veracidad de los dichos, y al mismo tiempo juzgar en el caso de existir pruebas que lo ameriten.

El título no es antojadizo, es claro que el reloj de arena empezó a correr, y cada vez falta menos para las elecciones, las PASO, la confección de listas y las elecciones, que definirán en gran parte el destino de lo público por los próximos cuatro años.

Se pone una vez más en tela de juicio la cuestión de la idoneidad para ocupar cargos públicos, como se saltean los concursos- única forma de establecer la idoneidad como lo viene sosteniendo desde antaño la jurisprudencia- para acomodar a quienes en principio responden a un pedigree especial, amiguismo, parentesco, o sociedades económicas.

Desde tiempo se viene poniendo la lupa en los nombramientos, en especial en los cargos sensibles, los que permiten entre comillas ejercer poder, pero además porque es de conocimiento público que son cargos muy bien remunerados.

Para contrarrestar esto, se instaló los diferentes consejos de las magistraturas, pero aún vemos falta mucho por avanzar, en especial en aquellos cargos menores.

Por otro lado, están los “asesores” que en realidad muchas veces termina siendo una caja para devolver los favores políticos, de lo contrario deberíamos llegar a la conclusión que las legislaturas y el Congreso cuenta con miles de personas con experticia, profesionales que asesoran en temas puntuales.

Somos de quienes estamos convencidos de la necesidad de un equipo de asesores con cada legislador, quienes sean expertos en determinados temas, lo que permitirá una mejor calidad legislativa, ahora bien esto no se debe desnaturalizar y sirva para engrosar el gasto público.

En el marco de una real apertura y transparencia, debemos bregar porque todos aquellos que son asesores – me incluyo en esto- debamos hacer público nuestros antecedentes, como lo que percibimos, porque quienes nos pagan realmente el sueldo deben saber adónde va el gasto público, sí los legisladores contratan parientes, amigos y socios, si quienes ejercen de asesores son realmente avezados en lo que asesoran, y llamar a cada uno por su nombre, porque es obvio que hay secretarios, asistentes, colaboradores, pero es un eufemismo llamarlos asesores.

En este camino, sí realmente queremos cambiar la matriz de la corrupción que está inmersa en el estado, y atraviesa todas las expresiones políticas, debemos empezar por la autolimitaciones, tal como nació en consejo de la magistratura, de lo contrario nos transformamos en cómplices por omisión.

Un estado eficiente, es aquel donde se busca optimizar el gasto público, y elegir a los idóneos, que no se trata de cumplir con los requisitos formales para un cargo, sino demostrar que se es mejor que el resto de los postulantes, de lo contrario el término correcto es “acomodo”.

Creo que la sociedad nos reclama a todos más transparencia, y no parece en absoluto aventurado que se comience con un proceso donde incluso los cargos públicos – no electivos- se concursen, para que la sociedad conozca los antecedentes, los proyectos y la formación de los funcionarios públicos, sino tenemos un exceso de todólogos, donde en realidad se dan cargos para devolver favores, pero no se piensa en que somos servidores públicos.

La dignidad implica que uno no acepte cargos para los cuales no está preparado, por eso celebro – de ser cierto- la expresión del ex senador radical Sanz cuando expresó que no aceptaría el ministerio de defensa- porque del tema no sabía nada- muchos con tal de tener un cargo, y poder insertar la horda de seguidores aceptan cualquier puesto, así nos va.

La idea de cambiar la matriz insisto atraviesa todas las expresiones políticas, pero la mediocridad lo abarca todo, en especial cuando muchos creen que se puede perder, y lo importante es acomodarse. Hasta la próxima.

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