Si bien no es un estado donde la aplicación de esta pena fuera algo común, de hecho, solo se realizó en 1986 una ejecución desde que la pena de muerte fue reinstaurada en Estados Unidos por la Suprema Corte en 1976, según el Centro de Información de la Pena de Muerte, es importante destacar que se haya tomado esta decisión.
El gobernador manifestó que entendía que seguramente esta decisión no era compartida por algunas víctimas, pero que “esperaba que esta medida proporcione claridad y certidumbre para que puedan seguir adelante”. A su vez, añadió: “La decisión de conmutar estas sentencias se hizo para reflejar cómo es la ley de Colorado, y se hizo tras un exhaustivo proceso de acercamiento con las víctimas y sus familias”.
La medida tomada por este estado se emite en un contexto donde la pena de muerte fue reestablecida por la justicia federal en julio de 2019 en ese país. Alrededor de 60 personas se encontraban en ese momento esperando en el llamado corredor de la muerte.
Mientras la mayoría de los países parecen ir hacia la abolición de esta pena, algunos siguen apoyándola y utilizándola como forma de “castigo” por los crímenes aberrantes de algunos de sus ciudadanos. Un tema de larga data sobre el que la comunidad internacional parecería haberse puesto de acuerdo en condenar, aunque individualmente algunos sigan estando en contra.
El camino para su abolición en Estados Unidos parece todavía lejos de poder ser alcanzado, más aún con el retroceso de 2019. Sin embargo, mientras más estados decidan de forma particular eliminarla, puede ser que algún día se logre terminar con ella.
Ahora, el foco está puesto en varios países, USA es la figura cercana para nosotros por su importancia global, pero la lista tiene importantes pesos pesados que lo superan ampliamente. Según Amnistía Internacional, en 2018, la mayoría de las ejecuciones que se conocen tuvieron lugar en China (que lidera el ranking), Irán, Arabia Saudí, Vietnam e Irak, en ese orden. En estos últimos cuatro países se concentraron el 78% de las ejecuciones de 2018.
Este organismo internacional es uno de los principales opositores a esta práctica ya que consideran que no disuade contra el crimen (uno de los principales argumentos de sus defensores que se ha probado que no es cierto); suele emplearse en sistema de justicia poco imparciales; es discriminatoria (ya que suele aplicarse sobre personas de entornos socioeconómicos desfavorecidos o pertenecientes a minorías raciales, étnicas o religiosas); es irreversible y se cometen errores; y algunos países la usan como herramienta política.
Colarado se sumó a la lista de los estados que decidieron abolirla. Esperemos que más estados y sobre todo los principales países que la aplican empiecen a dejar de permitirla. La condena internacional está desde hace bastantes años, esperemos que se haga tan fuerte que no les quede otra que anularla.
