La causa de ese bloqueo extorsivo es la misma que dio origen a otras numerosas situaciones similares anteriores. Se trataba de “forzar” a la empresa a que “encuadre” a un grupo reducido de su personal como “camioneros” y, por ende, se logre la afiliación de ellos al sindicato del sector.
Las cosas se volvieron en este caso complicadas, porque la empresa radicó una denuncia ante la justicia, en la que consideraba delito esa forma de actuar, por la coacción extralegal que ello significaba. A lo que siguió algo que entre nosotros resulta “verdaderamente sorprendente”, cual es ver a la Fiscalía del lugar proceder rápidamente a admitir esa denuncia para enseguida impulsarla, imputando a dirigentes locales del referido sindicato, a los que –otra vez un hecho insólito- la jueza interviniente dispuso detener.
De allí en más se produjeron presiones de todo tipo por parte de dirigentes sindicales y de algunos de sus afiliados. Presiones que inclusive llevaron a que un diputado nacional, miembro de una Comisión bicameral, –quien ahora se encuentra entre los abanderados del oficialismo, mostrando el fervor de los conversos y que en su momento fuera un notorio dirigente radical-, como una forma de efectuar una presión sobreañadida a reclamar de la jueza actuante, otro hecho insólito y a la vez irregular, tal como la remisión del expediente a la Comisión que él mismo integra, para proceder a su examen.
A todo ello se agregó otro hecho más, que, esta vez no es insólito sino que resulta explicable. Ya que como consecuencia del reclamo que se le efectuara, la magistrada ingresó en “un estado de estrés”. Una circunstancia que la obligó, siguiendo la recomendación médica, a solicitar una licencia de dos semanas en sus funciones. O sea, cosas que pasan pero que no deberían pasar.
De allí que cabe estimar que lo sucedido en San Pedro es la otra cara de la misma moneda, de lo que sucede en Rosario, donde se ve enseñorearse a los narcotraficantes. Una circunstancia que nos lleva a preguntarnos hasta qué punto son ciertas las afirmaciones de que estamos “viviendo en medio del desgobierno”, o sea -para decirlo de una manera más contundente- ante “una sociedad que no sabe a qué atenerse, por carecer de un auténtico gobierno”.
Es que se percibe la impresión de que, ante la creciente ausencia de “autoridad institucional”, lo que se da no es “la inexistencia de gobierno”, sino que, como consecuencia de esa circunstancia, a nuestra sociedad se la ve cada más “marcando el paso” que le han impuesto por “poderes fácticos”, a los que, ante la impotencia estatal, se los ve cada vez en mayor medida y de una manera caótica “gobernando a nuestras vidas”.
Es más, cabría enmendar lo dicho si, al calificar de “caótico” a esa forma de gobernar de hecho, viene a significar que desaparece el monopolio de la fuerza, que hace a la esencia del Estado y del gobierno que es su consecuencia, para asistir a los enfrentamientos sin cuartel de grupos de poder, con intereses contrapuestos; circunstancia que viene a desnudar la presencia de una sociedad signada en la anarquía.
Al respecto debemos comenzar por señalar que según una conocida descripción se considera como poderes fácticos a sectores de la sociedad, al margen de las instituciones políticas, que ejercen sobre aquella una gran influencia, basada en su capacidad de presión (por ejemplo, la banca, la Iglesia, los medios de comunicación, los sindicatos y en la actualidad una variedad de asociaciones mafiosas). A las que se las ve ejercer al margen de una estructura legítimamente instituida, un poder descontrolado fundado en la fuerza, algo que no resulta ni teórico ni imaginario.
Lo que es lo mismo –y también ya ha sido dicho- que el poder fáctico no coincide necesariamente con el aparato formal del Estado, pero puede influir en las estructuras legales y regulatorias, por intermedio de su autoridad informal o su capacidad de presión. El poder fáctico no está legitimado, ni siempre busca la legitimidad para ejercerse, pero se ejerce de facto (de hecho) el poder, aunque no lo haga de iure (legalmente) ya que su mera existencia le hace ser determinante.
Una descripción, la presente, que nos lleva a concluir que en todos los tiempos y lugares se asiste a la presencia de poderes fácticos, pero que los mismos, en el caso de existir Estados con gobiernos con autoridad no sólo legítima sino eficazmente ejercida, al poner límites y acotar a esos poderes fácticos, no hace otra cosa que convertirlos en “grupos de intereses” con una capacidad de acción que los reduce a actuar como “grupos de presión”, los que tienen que moverse dentro de los marcos fijados por la ley, tal cual es la manera que corresponde.
Por ende, en estas circunstancias, hablar en nuestro país de un “Estado presente” –menos mal que a nadie se le ha ocurrido hablar de un “Estado que nos cuida”- si no es una fantasía, debe ser considerado como “una tomadura de pelo”. A la vez que, como contraste, ello nos viene a dejar más en claro que nuestra prioridad es “reconstruir el Estado republicano”, cuya primera misión es reconstruir un “orden justo en todos los órdenes”.
