Ni tampoco, agregaríamos, cabría considerar atribuible a la actividad económica vinculada con el turismo los casos de contagio ya ocurridos, como los que se produzcan de aquí en más, por los incumplimientos de las reglas de comportamiento de excepción, en lugares cuya gestión se encuentre fuera de su dominio. Y más todavía, dado que a eso contribuyen también las malas prácticas, en las que como es fácilmente constatable, incurren las autoridades con competencia sobre el tema.
Todo ello al restringir en forma irracional –a la vez que abrir las puertas al desmadre en la misma forma- los comportamientos sociales.
Es explicable la reacción antedicha, en la medida en que ella perjudica a un importante sector de la actividad económica no solo local, sino también provincial e inclusive nacional, sin atender al fondo del problema.
Cual es lograr el respeto por parte de todos al distanciamiento social, el cual junto al uso de barbijo representan “casi otra vacuna” contra el virus.
Es que cabría señalar que el funcionamiento de los comercios vinculados estrechamente con la actividad turística, de estar encuadrados y dando muestras de una aplicación a raja tabla de las reglas establecidas en los protocolos respectivos, tienen una incidencia relativa en las posibilidades de contagio, infinitamente inferiores a las desafiantes muestras de “amuchamiento” a las que estamos asistiendo.
Amuchamientos éstos, provocados en una gran medida por las contradicciones - sus conocidas idas y vueltas y sus “ni”- del actual gobierno nacional, que “ahora” y vaya a saber hasta cuando, se traduce en una delegación de potestades en esa materia en las provincias, con la que trata de de desligarse de sus responsabilidades pasadas y actuales.
Una manera de actuar que traer aparejada junto con la pérdida de todo atisbo de ejemplaridad y creciente deterioro de la autoridad, a la que no debe confundirse con la implantación de “una política de mano dura”, con la que asimila tantas veces en forma errónea...
Es que la autoridad, la verdadera, se construye “predicando con el ejemplo”, o lo que es lo mismo que actuando con una línea de conducta coherente, que con su persistencia además de la eficacia de sus resultados, al dar certidumbre en su accionar a los gobernados, lleva a que estos admitan voluntariamente sus dictados, como consecuencia de la manera prudente y la vez eficaz con la que se ejerce el poder.
De donde la precondición básica para lograr el apoyo al menos ponderablemente mayoritario –ya que hay que desconfiar de quienes aspiran a lograr “unanimidades”- para cualquier planificación estatal en la materia, reside en la restauración de la autoridad gubernamental. La ahora da la impresión de estar cuando menos diluida; dado que a, la misma la ve deteriorarse día a día, si nos atenemos a la persistente caída de “la imagen” de quienes nos gobiernan.
Ciñéndonos estrictamente al ámbito sanitario –por más que ese no es el único que merecería una calificación parecida- habría que señalar que los actuales funcionarios dan la trágica impresión de ser en la materia “destructores de confianza social” como contrapartida de la pérdida de una autoridad cuyo respeto exige algo más que su indiscutible legítimo origen.
Y de allí parte, precisamente el fracaso de muchas de las directivas que se adoptan, incluso en el caso sean las adecuadas, en el contexto de la pandemia.
Son conocidos los trillados ejemplos en la materia, los que en la oportunidad nos privamos de utilizar, dado que nuestro decir está apartado de toda intencionalidad política.
Pero ello no quita que aludamos a una circunstancia, cual es la que no faltará quien se sienta con derecho a preguntarse con qué autoridad funcionarios gubernamentales prohíben las “festicholas” inadmisibles por lo imprudente, o el ingreso a una provincia o cualquier localidad – sin que ello signifique la presencia de las infaltables “puertas entreabiertas”. Una manera de ser consecuentes a esa manera tan nuestra de distinguir el “decir” del “hacer” y que se traduce en un honesto “haz lo que yo digo, y no lo que yo hago”.
De allí que cabría preguntarse si en estos momentos, así como según se dice en las “huelgas a la japonesa”, se veía a los trabajadores aumentar el ritmo y las horas de trabajo, poniendo así a los empresarios en el brete de lograr como alimentar con insumos esa “fiebre productivista”; no sería el momento de que la sociedad civil demostrara la necesidad de tomar en sus manos, la manera correcta, con la que encarar de aquí en más a esta emergencia.
Algo que tendría uno de sus ejes a lograr la reunión de entidades vinculadas con los intereses del común; de manera de verlas proponer a los integrantes de la sociedad civil, un conjunto de reglas razonables a los que todos debamos ajustar nuestro comportamiento, De manera de despojar a las medidas a adoptar de todo cálculo e intención política electoralista.
De esa manera, actuar inclusive “puenteando” –en cuanto en cuanto no fueran coincidentes- las directivas de un gobierno; que en tantas ocasiones ha demostrado ser el primero, en pasar por alto las suyas.
Es que la alternativa, no es otra que proseguir transitando el derrotero sinuoso que ha comenzado con la cuarentena, - con la sanción de los protocolos no siempre cumplidos. Para luego desembocar en un semánticamente curioso “toque de queda sanitario”-.
El cual en algún momento, si se tiene en cuenta que ya vivimos una situación legalmente de excepción con la declaración del “estado de emergencia”, cabría no descartar pueda culminar en cualquier momento con una conjetural declaración del “estado de sitio”.
¿Y después de eso, qué nos quedaría? Es por eso, que ha llegado el momento de que todos sin excepción comencemos a tomar las cosas en serio.
