La investigación de la ONG Directorio Legislativo que reveló la lista completa de pasajes que los diputados de la Nación canjearon por efectivo durante 2017 viene levantando bastante polvareda. En 2017, los diputados canjearon pasajes por $46 millones.
El asunto funciona así: mensualmente, cada diputado dispone de 40 tramos de viaje (20 aéreos y 20 terrestres) para ejercer sus funciones de representación, con el fin de permitirles venir desde y volver hacia sus lugares de origen.
El asunto funciona mal desde el arranque: que haya 40 pasajes mensuales supone cada legislador haría un viaje de ida y vuelta casi cada día hábil; que los pasajes tengan un valor fijo ignora cuán lejos del Congreso vive cada legislador. Por otra parte, que los pasajes sean innominados y no tengan destinos fijos asignados permite a quien los recibe usarlo para viajar a cualquier destino o, incluso, cederlo a un tercero. Pero, y he aquí el foco de la investigación, si no lo utiliza ni lo cede, puede canjearlo por efectivo.
El canje de pasajes por efectivo se ha difundido hasta el punto de desvirtuar el sentido del beneficio. Los diputados no sólo no viajan, y por ende no cumplen con la razón de ser de los pasajes, sino que con el canje generan un sobresueldo no remunerativo. Ni ilegal ni en negro, pero muy opaco.
Y es esta opacidad la que debería llevarnos a cuestionar no sólo el sistema, sino cuál es el concepto que de ética existe entre nuestros legisladores – o, quizás, en nuestra sociedad en su totalidad. Para empezar, el canje no conoce de banderas políticas: casi todos los legisladores lo usan, pero el informe entregó varias perlitas.
Para empezar, del informe se deduce que los diputados entrerrianos aprendieron bien el truco: todos, incluso quienes asumieron en diciembre pasado, canjearon pasajes por efectivo. En total, se llevaron casi $2 millones por canjes en 2017.
A nivel nacional, sorprende que haya sido Elisa Carrió, quien hace un culto de la exigencia de transparencia, la diputada que más usó este opaco mecanismo de canje de pasajes por efectivo en 2017.
El informe de Directorio Legislativo destaca que apenas 10 diputados no canjearon pasajes por pesos. Pero ello no es prueba suficiente de que hayan obrado bien. De hecho, Néstor Pitrola, uno de los héroes que no canjearon ni un peso, se ufanó de haber entregado los pasajes que no utiliza a militantes de su fuerza que deben viajar. Otros arguyen que los usan para ayudar a personas que deben viajar para un tratamiento médico o un congreso profesional. Fernando Iglesias, que sí canjeó, exhibió los recibos por donaciones completas de lo canjeado al Hospital Garrahan.
¿Qué hay de loable en estos casos? Por el contrario, constituyen una muestra preocupante de la incapacidad de quienes ejercen cargos públicos para distinguir lo correcto de lo que no lo es. Regalar los pasajes que los impuestos de todos los argentinos pagan a sus diputados, o donar el monto canjeado: eso no es beneficencia, sino repartir dinero que no les pertenece.
Por esto mismo, que los diputados Iglesias, Contigiani y Ramón hayan renunciado al canje no alcanza para garantizar que harán las cosas bien. El problema está en el sistema mismo.
La aberración es una de tantas a las cuales nos tiene acostumbrado el sistema político. Si vamos a hablar con la verdad, como tanto se pregona, discutamos abiertamente los montos de las dietas. No paguemos con medios oscuros, exentos de impuestos y a espaldas del conocimiento de la ciudadanía. Y si hay que pagar viáticos, que su uso esté no sólo claramente definido, sino que sea razonable.
¿Ser legislador debe cargar sobre quien fue electo el deber de prestar un servicio a la comunidad o darle el derecho a vivir bien por los servicios prestados al partido? El listado de beneficiarios del plan canje desilusiona por lo extendido de la confusión entre ética y legalidad que existe en los legisladores. El concepto de servicio público está oxidado, y hasta legisladores hablan desde el bronce lucen como simples mortales, con bajezas muy humanas (¿o muy argentinas?).
Que sean prácticas usuales, legales y que no importen corrupción en el sentido estrictamente penal, no obstan para constituir una preocupante falta de sentido común entre quienes, por la esencial función republicana que ejercen, precisamente más deberían tenerlo.
