Un problema que en nuestra América Latina se lo ha llegado a ver como tal, como consecuencia de la verdadera “explosión migratoria” que ha provocado la situación desesperante que se vive en Venezuela, no solo por el régimen totalitario maquillado de Maduro; sino por el hecho que Venezuela se ha transformado en una suerte de trofeo, por el que se enfrentan bloques de estados con intereses, y hasta ideologías opuestas. Una circunstancia, esta última, que en la práctica deja trabada toda salida a esa crisis verdaderamente terminal, ya que esa posibilidad ha dejado de depender del pueblo venezolano, para quedar en manos de un eventual acuerdo al que arriben esos grupos estatales enfrentados.
Es por eso que, para continuar el análisis del problema aludido, en su mayor dimensión, debemos hacer abstracción del caso del “éxodo venezolano”, que como en su momento en el caso del casi simétrico cubano, vienen a ser no otra cosa que una manera de “votar con los pies”.
En el caso de los migrantes venezolanos, el número de refugiados que han llegado hasta nuestro territorio ha sido proporcionalmente pequeño, en comparación a lo que ha ocurrido, con países limítrofes o más cercanos a Venezuela, como es el caso mayor de Colombia, y en una medida menor pero significativa de Ecuador y Perú.
Es que, en lo que a esos países que los reciben respecta, se ha dado la dramática situación de no estar en condiciones de poder absorber ese verdadero aluvión de migrantes, por el peso que significaría darles acogida a quienes en cada caso lo reclaman.
Una actitud hospitalaria, que no solo tiene que ver con nuestra idiosincrasia; sino que por la calidad humana de la mayoría de los venezolanos fugitivos, circunstancia la cual, por otra parte, hemos podido constatar, en el caso de la mayoría de aquellos que hasta aquí han llegado, y en relación a las que hemos resultado consecuentes con nuestras tradiciones asumidas de una forma casi natural, el papel de anfitriones. Algo que, por esa razón, lo que en principio aparecería como una carga, de aprovecharse el capital humano que ese arribo significa, se convertiría en un beneficio del que no somos del todo conscientes.
De lo que aquí se trata, no es siquiera la cuestión de la emigración desde países fronterizos en su mayor parte; ya que como corresponde, le hemos dado cabida, y han encontrado un lugar entre nosotros, más allá que en el caso de algunas colectividades, la integración plena da muchas veces muestras de dificultades, que debemos esforzarnos en superar.
Ya que, si somos coherentes con ese clamor que hace de la “Patria Grande” una bandera, no podemos actuar de otra manera. Máxime si se atiende al hecho de que una gran parte de nosotros son a la vez un producto de la emigración europea, algo que debe pesar en nuestra conciencia.
O sea, miradas las cosas desde nuestra perspectiva, en realidad el problema es otro. Y está referido no a aquellos que vienen a “convivir entre nosotros”, afincándose con su familia; sino de aquellas personas domiciliadas en países vecinos que pretenden, de diversas maneras, y en algunos casos hasta éticamente reprobable, “vivirnos” a nosotros.
Esta última situación, es la que una vez más -ya que nos estamos refiriendo a un estado de cosas casi endémico en el caso de nuestra frontera norte, especialmente en la del Paraguay- se ha hecho presente con la amplia difusión mediática del hecho que personas de nacionalidad, radicadas en su país, y no en el nuestro, cobran habitualmente y de una manera sistemática, beneficios sociales otorgados por nuestro gobierno nacional.
De donde se trata de una de las tantas circunstancias reprobables y hasta ilegales que la pandemia ha venido a desnudar. Y que resulta una forma indirecta de confirmar el “comercio de votos” que también se efectúa en las provincias limítrofes a ese país, especialmente en el caso de Formosa, con una presumible connivencia con “las situaciones” locales.
Nos encontramos aquí ante un hecho que no es sino una infame corruptela. Pero además de la cual existen otras de otro cariz, a las que se hace necesario atender. Es la situación que se da con numerosos vecinos nuestros que cruzan la frontera con el objeto de utilizar servicios gratuitos que en nuestro país le brinda el Estado en forma gratuita.
Es el caso, para dar tan solo unos pocos ejemplos de los bolivianos que llegan a Jujuy, con el objeto de recibir atención médica en los hospitales jujeños. O de los paraguayos que viajan hasta Buenos Aires, con el objeto de hacer lo mismo en los hospitales porteños. Sin olvidar el crecido número de estudiantes universitarios latinoamericanos que viajan a nuestro país con el objeto de cursar estudios en nuestras universidades públicas, atendiendo tanto a la calidad como a la gratuidad de la enseñanza de ese nivel.
Con la aclaración en este último caso, que lo decisivo en esa opción no sea tener acceso a una enseñanza de excelencia, la que en muchos casos existe una carencia en el caso de los institutos de estudio terciario de algunos de esos países; sino en función del carácter gratuito que es una de las características de las enseñanzas que se imparten en nuestras universidades públicas.
Demás está decir que no es nuestro criterio, el de cerrar las fronteras a este tipo de visitantes, bajo la modalidad de privarlos del acceso a este tipo de servicios. Pero algo que en cambio consideramos que es una falencia en nuestro gobierno, es que no se firmen con los Estados de donde ellos proceden, convenios, por los que los mismos se hagan cargo del costo que para el nuestro, representa asumir responsabilidades de esa naturaleza para quienes nos visitan con esas finalidades.
Claro está, que con consideraciones como las expuestas, lejos estamos de pensar que acometamos una empresa que guardaría un apenas forzado parecido con la “exportación de servicios médicos” que, como es conocido utiliza el régimen cubano con un objeto doble, como es el brindar en los países con cuyos gobiernos contrató atención médica de imprecisa calidad; acompañada de un subrepticio adoctrinamiento, como parte de un sentido basado en forma apenas eufemística en el “trabajo esclavo” de los médicos que integran lo que ese régimen designa como “misiones”.
