Se trata de una cuestión a la que hemos hecho repetidas referencias, ante el “silencio de radio” que se guardaba respecto a la misma, ya que la información circulante se limitaba tan solo a referirse al “escandaloso caso de los contratos en la Legislatura”, sin entrar en ningún detalle significativo.
De allí que debe considerarse una noticia importante, la que ha trascendido estos días, dando cuenta que “luego de un proceso que se ha alargado en el tiempo, finalmente los peritos contables concluyeron el informe en la causa por los presuntos contratos apócrifos de la Legislatura, investigación que abarca el período entre los años 2008 y 2018.”
Anuncio ante el cual debemos remarcar algo que señalábamos al principio, ya que únicamente serían “apócrifos” en el caso que la firma del “contratado” resultara falsa, y no en el caso que fuera auténtica, ya que de ser así nos encontraríamos, no ante una falsedad, sino ante un acto fraudulento.
Y no es el caso de minimizar esa distinción, ya que en el caso de que el contrato no fuera firmado por la persona que lo hace con una de las dos Cámaras, sino que la misma fuera “falsificada”, la maniobra resultaría todavía mucho más escandalosa.
Lamentablemente la información difundida al respecto no hace referencia concreta a la mecánica de la operación fraudulenta. Aunque de ella se pueda inferir la celebración de “contratos de locación de servicios” por parte de alguna de las Cámaras, con terceros –esto en el caso de que la firma del tercero no resultara falsa- en virtud de los cuales los así contratados “entregaban” a su vez una parte indeterminada de lo que recibían por esa contratación, a los funcionarios, “quedándose”, conjeturalmente, los así contratados con el resto. Ello en el caso que la angurria de los funcionarios, unida a su capacidad persuasiva, no les permitiera a éstos quedarse con todo lo percibido.
En tanto algo que lleva a inferir que nos encontramos ante contratos fraudulentos y no apócrifos –al menos en la mayoría de los casos- es el hecho que la participación en la maniobra de contadores públicos ajenos a la Legislatura, la que consistiría fundamentalmente en la inscripción del “contratado” como responsable del pago del “monotributo”, y el depósito mensual de los aportes que el mismo debería realizar en ese concepto.
No estamos del todo de acuerdo en considerar –como se señala en cierta información vinculada con la cuestión- que “el dato relevante” de la investigación se encuentra en el hecho que de esa forma se haya podido establecer el monto aparentemente preciso del daño patrimonial. La pregunta que dejamos abierta es si en el caso no existe también un “daño moral”, consecuencia del deterioro institucional manifiesto que provocan hechos de esta índole que ha sufrido el Estado provincial, sobre todo si se midiera en todo lo que podría haber hecho el gobierno local, de haberse aplicado esa suma de una manera correcta.
Es que, más importante todavía resulta que la investigación habría avanzado, hasta establecer lo que cabría considerar una “primera línea” de funcionarios corruptos. Aunque es algo que es necesario también profundizar en la investigación, para dejar en claro si ya se “ha llegado hasta el hueso”.
Algo que no menoscaba el mérito que tiene la labor de los peritos, quienes han concluido en determinar que el daño producido al Estado sería de $1.111.871.715, a valores de marzo último. Una cifra que marea, independientemente del hecho que el valor de nuestro peso se encuentre por el suelo.
Y que resulta de los recursos públicos desviados en la Cámara de Senadores provincial desde 2008 y en la de Diputados desde 2011, en ambos casos hasta septiembre de 2018, el que sería el mes en el que se habría “destapado la olla”.
Dada lo cual, forzosamente cabe destacar que resulta incomprensible que se haya podido llevar a cabo una “defraudación en goteo” –la que llevaría a recordar al “contrabando hormiga- sin que hubieran existido los indispensables controles, a lo que se agregará la circunstancia que el proceso penal respectivo ha demorado casi cuatro años hasta el momento de contar con la pericia.
