Y, sobre todo, dada la circunstancia que entre ellas, se encuentren las vinculadas con el Programa de Saneamiento Integral del Río Uruguay. El que contempla la construcción de las plantas de tratamiento de efluentes cloacales en Concordia, Colón, San José, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Todo, como queda expresado, en el marco de un programa de cuya existencia, posiblemente como consecuencia de una muestra de incompetencia informativa por nuestra parte, no teníamos noticia.
El reparo que nos merece el plan, si es que es dable dar ese nombre a una inquietud nuestra, es la circunstancia que su realización se lo estima en un lapso de cinco años, tiempo, en el caso de los municipios de nuestra comarca incluidos en el mismo, nos parece excesivo, si se tiene en cuenta la urgencia con que deben resolverse los problemas vinculados con la contaminación creciente del río y de los arroyos de su cuenca. Una situación que no admite, a ojos vista, una espera de esa dimensión.
A la vez, debe tenerse en cuenta, que ese reparo no constituye una crítica a la actual administración provincial, ya que en principio al menos – se verá en seguida cómo ese principio debe ser matizado- la responsabilidad de esas obras de tratamientos de efluentes, corresponde a cada municipalidad, y que todas ellas son las que, en el plano de los hechos concretos, parecen haberse desentendido del problema. Ello así, al menos en parte; sin perjuicio de lo mucho que se ha dicho y repetido desde los ámbitos municipales, y las idas y venidas en torno a una cuestión que permanece, cuando no totalmente en todos los casos, de una manera parcial, que la vuelve igualmente peligrosa, no solo para la salud de nuestro sistema hidrológico, sino para la nuestra como vecinos.
Se trataría, en suma, de la concreción de un valioso objetivo, acerca del cual llevamos muchos años reclamando, cual es el de –a estar a las fuentes oficiales- “avanzar en el saneamiento del río Uruguay y de sus costas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población mediante la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de los servicios de desagüe cloacal y tratamiento de las aguas residuales en las ciudades de la provincia localizadas en su cuenca”.
De cualquier manera, se hace necesario señalar que el tema, se ubica en un marco, hasta el momento no bien definido, sino ambiguo; cual es el de las incumbencias en la materia. De allí la necesidad de la “matización” a la que más arriba habíamos hecho referencia. O sea, el establecer de una manera clara y a la vez definitiva, a quién corresponde –es decir, quién tiene legalmente a su cargo y costo, se trate del gobierno provincial o cada una de las administraciones municipales de la cuenca- encarar y terminar este tipo de obras.
En los hechos se asiste al respecto a una indefinición, en cuyo contexto, se las ve a las administraciones señaladas tomar a su cargo de una manera morosa y las más de las veces incompleta e imperfecta, este tipo de obras. Todo ello con el aporte casi inexcusable, del gobierno provincial.
Y la expuesta, no se trata de una cuestión menor, porque viene a desnudar la circunstancia de que alguno de los dos niveles administrativos señalados, no ha estado haciendo la asignación que debería de los recursos de que dispone; es decir, atendiendo un riguroso orden de prioridades, el que resulta siempre el criterio correcto, pero que lo es más aun, cuando nos encontramos en una situación parecida a los que cuentan con una “frazada corta”, y lo peor que podrían hacer es decidir usarla como echarpe.
Y en ese sentido, no podemos dejar de mirar a la CAFESG. A la cual, en coordinación con las municipalidades de su zona de competencia, incluso desdibujada por ampliaciones de la misma, efectuadas en función de criterios de política partidista, se la ha visto llevando a cabo en forma directa o financiando, una infinidad de obras públicas o pequeñas dentro de los límites de las jurisdicciones de las municipalidades o juntas de gobierno del sector.
Todas ellas provechosas, pero en cuya realización prima en mucho, algo que hemos dado en llamar “la notoriedad de su presencia”. Circunstancia que precisamente por su multiplicidad, potencializa sus efectos de propaganda –sean los mismos buscados o no, esa es otra cuestión- en la opinión pública, y que a la vez significa una dispersión de recursos que se nos ocurre estarían mejor utilizados, si se concentraran en obras de envergadura, como es la del objeto de esta nota.
