La situación escandalosa de la que se da cuenta surgió cuando en mayo pasado, luego de una tramitación complejamente engorrosa, el gobierno provincial rescindió el contrato con las empresas que tenían a su cargo la obra.
Se trata de un proyecto que tiene por base un convenio con el PAMI. La obra comenzó a ejecutarse en el año 2010, es decir hace de esto 8 años. Su costo fue presupuestado en ese momento en casi 170 millones de pesos, pero hasta la fecha de la rescisión se invirtieron 300 millones de pesos, o sea más del doble de la suma originariamente prevista.
También que, de acuerdo a la información hecha pública, para que la obra se concluya, resulta necesario contar con otros 130 millones más. Algo que viene a significar que una obra inicialmente presupuestada en un monto de 170 millones terminará costando 430 millones de pesos. O sea casi tres veces más.
Somos conscientes que el valor de un peso de nuestra moneda en el año 2010 no es igual que el de mayo pasado, pero más allá de ello ese importe total, no puede dejar de impactar.
Algo que solo se explicaría – es al menos lo que conjeturamos- que lo que está prácticamente listo es la “carcasa” del nuevo hospital, al que todavía habría que “vestirlo”. Una acción que implicaría dotarlo de una indispensable, pero a su vez costosa aparatología acorde con los últimos avances de la tecnología en la materia.
Una cuestión no menor a destacar es que para llegar a la rescisión contractual con quienes hasta ese momento eran los contratistas encargados de la obra, fue necesario una “conciliación/ajuste de cuentas”, que por el caótico estado de las mismas, resultó, tal como hemos indicado más arriba, un complejo y engorroso esfuerzo.
Un ajuste/conciliación que significó prestar atención a “una serie de reclamos por reconocimiento de gastos improductivos, pago de lesión financiera, recomposición de precios y de intereses por mora en el pago de anticipo financiero, certificados de obra básicos y certificados predeterminados”. Tenemos aquí presente la afirmación, no sabemos si irónica o cínica que se supo escuchar en boca de un importante empresario de la construcción, el que trabajaba fundamentalmente en obras públicas, al manifestar que “aun antes de estar instalado el obrador, y antes que los ingenieros a cargo de la obra su hagan presentes en el lugar, los abogados y contadores asesores de la empresa que ha sido contratada, empiezan a trabajar con el propósito de ir buscando posibles reclamos por ajuste, en función de fallas del pliego licitatorio”.
No es extraño entonces que el actual ministro de planeamiento provincial, indicara que arribar a la rescisión del contrato de construcción referido, oportunamente celebrado con una UTE, en la que participaron empresas entrerrianas, significó “un largo y complejo proceso, dado que no solamente se trata de una obra civil sino que es mucho más compleja con todo un sistema de equipamiento y servicios necesarios para el hospital. Fue un trabajo minucioso que decidimos hacer para recibir una obra con una historia, a la que queríamos recibir en tiempo y forma y del modo más transparente posible”. Lo que aclara de una manera contundente, aunque se esfuerce en pintarla de la manera más benévola posible, dado el hecho que “faltaban certificados y re-determinaciones, significó un complejo sistema administrativo y de control en el cual colaboraron muchísimo la Contaduría General, la Secretaría Legal y Técnica del gobierno provincial y la Fiscalía de Estado”. Todo ello sin dejar de computar el relato del mismo funcionario en el sentido que “aparecieron diferentes cifras que se fueron ajustando para poder descontar todos los anticipos que se habían hecho y llegar a una cifra final del pago que está establecida en el convenio”.
Bien entonces por Bordet, ya que con acciones como la que nos ocupa, queremos creer que queda alineado en el camino del cambio cultural, el que en una pasada edición fuera materia de tratamiento por parte de uno de nuestros columnistas. Es que la opinión pública está consciente de una situación ilustrada por casos vividos no solo en nuestro país sino a nivel mundial, que en la obra pública se encuentra uno de las mayores fuentes de corrupción, en las que los empresarios de la construcción no son inocentes palomas, por más que pretendan escudarse en el argumento de que “si no pagan, se quedan sin trabajo”.
A la vez, y ese es un detalle al que en muchas ocasiones no se presta la atención debida, no puede dejarse de lado la cuantía de los “daños colaterales” que con los atrasos en habilitar las obras públicas –y en especial en casos prioritarios como son los de los hospitales y escuelas- significan las demoras en su habilitación, si se atiende a que ello deriva en carencias muchas veces trágicas, pero siempre graves- para los usuarios de esas obras.
