Es así, como por nuestra parte habíamos considerado -y no existen a la vista hechos que nos hayan hecho cambiar de postura- una señal de alarma. Es que el hecho que el monto de los aportes contemplados legalmente e ingresados en consecuencia para abonar las prestaciones jubilatorias y afines, solo resulta suficiente para afrontar el pago de la mitad de la suma de dinero que la Caja de Jubilaciones provincial necesita para poder hacerlo.
Algo que no parecen saber, y si lo saben no entender ni aceptar que así lo sea, todos aquellos jubilados provinciales -entre los que se encuentran magistrados- que han recurrido judicialmente ante el recorte de sus haberes como consecuencia de la norma provincial dictada, ante la situación archiconocida de emergencia.
Una señal clara, la así expresada, de la presencia de un organismo provincial, deficitario en su gestión, hasta el punto que, si fuera una entidad privada, hace largo tiempo que hubiera entrado en estado de cesación de pagos, y más aún, hubiera quebrado. Algo que en su caso habría podido suceder, de no contar con el aporte de fondos estatales de otro origen -que en una parte, al menos, son el resultado del pago de impuestos por nuestra población- que vienen a enjugar ese enorme faltante.
En tanto, el enfoque con el que el mencionado Consejo viene a “graficar” ese estado de cosas, se resume en su afirmación que “el Estado entrerriano gasta en jubilaciones y pensiones más de lo que recauda en impuestos provinciales”.
Algo que, dicho de una manera más contundente, vendría a señalar que todo lo que los entrerrianos pagamos en concepto de impuestos, constituye una suma mayor a la que el Estado gasta para que los jubilados y pensionados de la Caja provincial perciban en tiempo y forma el monto de sus haberes previsionales.
Por consiguiente, si nuestra intención fuera la de elaborar lo así expresado, en la forma de un sofisma efectista, como son habitualmente la mayoría de ellos, podría llevar a que se afirme que sin la “sobrecarga” que representa el monto global de las jubilaciones y pensiones cuyo pago afronta esa Caja, los entrerrianos quedaríamos eximidos, y por ende liberados, de pagar impuesto provincial alguno.
A su vez, el Consejo en abono de su abordaje señala que “la relación entre ambas variables -o sea el monto total de las prestaciones previsionales pagadas por la Caja en contraposición con el de los aportes del gobierno provincial, muestra una tendencia creciente desde 2014 y alcanzó el máximo histórico en el primer semestre de 2020, cuando el gasto de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos superó en un 37% a la recaudación propia, según el informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos.
Frente a lo hasta aquí puesto de manifiesto, lo primero a destacar es la importancia que reviste para una comunidad provincial como la nuestra, el hecho de contar con una entidad de la sociedad civil -que no es la única, pero que a las existentes sería necesario sumar otras muchas- preocupada en la recolección y análisis de datos, cuya publicación permita que la población adquiera una comprensión clara de nuestros problemas como primer paso en dirección indispensable para su superación.
Una manera de proceder que por otra parte viene a desnudar una ausencia en las agrupaciones políticas locales de una preocupación semejante, situación que se traduce primero en la oquedad del discurso político, para culminar en la mediocridad de la gestión que en su caso llevan a cabo.
En tanto, con consideraciones como las precedentes no hacemos otra cosa que venir a refirmar la necesidad de efectuar una reforma profunda en el Estado provincial, que se traduzca a la vez en una disminución drástica de la presión tributaria que los contribuyentes entrerrianos soportan, y una orientación racional y eficaz del gasto, las que en gran parte deben estar orientadas a traducir una realidad concreta “las externalidades” que debe brindar el gobierno, como una señal atractiva para la inversión productiva.
Todo ello, integrado en una estrategia de desarrollo socio económico cuyas posibilidades de éxito están a nuestro alcance, si ponemos en la realización del bien común una meta superior.
Según una ya ajada anécdota que forma parte de nuestra larga y substanciosa crónica política: se dice que en una ocasión le preguntaron a Carlos Reutemann, ya gobernador de Santa Fe y alejado de las pistas de carreras, cómo había hecho para revertir exitosamente el estado de cosas palpable en una provincia desastrada, como era la suya cuando llegó a dirigirla. La respuesta habría sido: “Dejar de robar e impedir que se robe”.
Por nuestra parte, y sin dejar de ver en la respuesta un buen consejo de los tantos que habría que atender y seguir en nuestra complicada realidad, no creemos que con ello sea suficiente, aunque somos conscientes que detrás de la palabra “robar” se esconden muchas maneras de saqueo de lo público.
Es que la perspectiva de que partimos, es que lo primero a lo que debemos aspirar, en el caso que sean las nuestras intenciones reformistas, es hacerlo con la adopción de medidas que hagan posible que dejemos de ver en el Estado y sus poderes de gobierno, una pesada carga. La que se vuelve insoportable, en la medida que, al aplastarnos nos asfixia, y ahuyenta a todo el que hasta nuestro territorio llega con la intención de afincarse y contribuir a su prosperidad. Independientemente de la suya.
Es decir, un Estado que no sea un “lastre”, ya que de ser así comenzaremos a verlo como un compañero en una empresa que debe llegar a verse como colectiva. Y que como tal, no escatima esfuerzos a la hora de dar apoyo a nuestros sensatos requerimientos.
