La cuarentena, flexibilizada, sigue. Por un tiempo, será imposible discernir si fue exitosa o no. Muchos países que la comenzaron a la par nuestra están reabriendo sus actividades a una velocidad mayor que Argentina. Los críticos de esos ejemplos argumentan que fracasaron porque tuvieron más muertes que nosotros. Pero, al mismo tiempo, tuvieron más contagios y, probablemente, más inmunidad comunitaria. Por eso pueden volver a la normalidad más prontamente. Se sabe: la cuarentena retrasa el contagio, no es un antídoto. Sólo cuando haya pasado el tiempo sabremos cuál fue la mejor estrategia contra esta pandemia.
Sin embargo, la economía no necesita tiempo para manifestar su agonía. En marzo, la producción industrial cayó 17% contra marzo de 2019 y la construcción se desplomó 47% en igual comparación – la mayor caída de la historia, aunque la cuarentena sólo golpeó durante un tercio del mes. De abril ya podemos imaginar lo peor: por primera vez en la historia de la industria automotriz argentina, no se fabricó un solo auto. La cadena de pagos está rota: una encuesta de la UIA da cuenta de que la mitad de las empresas industriales no pagan a sus proveedores.
Semejante malaria activó una sorprendente flexibilidad de empresarios y sindicalistas, que rápidamente acordaron rebajas salariales a cambio de estabilidad laboral. Esta flexibilidad amenaza abrir una nueva grieta, entre empleados públicos y privados. Es que aunque también la recaudación impositiva se desploma junto al resto de la economía, los salarios de los empleados y funcionarios estatales no se ajustan. Incluso, en algunos casos vergonzosos, aumentan. Claro: el Banco Central emitió al Tesoro $310 mil millones para el Tesoro - un récord mensual. Todo vale para el Gobierno: la piel la ponemos nosotros, el premio es para ellos.
En el medio de este embrollo, aparece la cuestión de la deuda externa, un inusitado intercambio de opiniones por medios virtuales y una postergación. El lunes fue el turno de un grupo de acreedores, que resaltaron porqué la oferta era inaceptable. Dos días más tarde, el profesor Guzmán tuvo un intercambio con colegas de la Universidad de Columbia. Si algo dejó en claro este pase de mensajes virtuales, es que hasta ahora no hubo diálogo entre las partes. Ayer, sábado, Guzmán extendió hasta el lunes la oferta. Está claro que se abre una nueva etapa. El 22 de mayo es el límite para evitar el default, pero no necesariamente para la negociación.
El Presidente repite una y otra vez que es necesario llegar a un acuerdo. No le falta razón: la recesión podría perpetuarse si un default desordenado sumara a la crisis sanitario-económica una restricción permanente para el acceso al financiamiento del sector privado, el único capaz de recuperar la economía.
Entre los valores ofrecidos y los valores aceptables no parece mediar un abismo infranqueable, como sí parece haberlo entre la inflexibilidad teórica del ministro Guzmán y el pragmatismo ad nauseam que mueve a los bonistas. Negarse a hablar con los inversores no los amedrentó; apenas si dañó en vano algunas relaciones (entre ellas, la relación personal de Guzmán con el fondo Blackrock, uno de los mayores, con poder de arrastrar a otros a una posición de bloqueo de cualquier propuesta).
Buscar apoyo teórico para la oferta no ayudó para lograr apoyos en la vida real. Parecía existir la falsa ilusión de que el mundo simpatiza con nosotros y se moverá para forzar a los fondos de inversión a aceptar la propuesta. Pues bien: esto no ha pasado. Sólo un grupo de académicos apoyó al país. Es gratis meter las manos sin correr el riesgo de quemarse.
El magro resultado que recogió la primera oferta es elocuente: aunque los números oficiales no fueron difundidos, se supone que menos de 20% de los bonistas la aceptaron. Muy poco como para seguir adelante. La estrategia agresiva no surtió efecto.
Ante una respuesta que nos pone en camino recto hacia el default, el Ministro comenzó a abandonar su inflexibilidad. Quizás, por indicación del Presidente. Como se ha dicho, no media una distancia imposible entre la oferta y una posible solución.
La inflexibilidad un poco arrogante de Guzmán parece haber debilitado la posición negociadora argentina, pues lo forzó a revelar con claridad la intención (¿la necesidad?) de acordar. Con todo, también los bonistas tuvieron que reconocer su apertura al diálogo. Es que tampoco cabe para todos ellos la posibilidad de una salida judicial grupal. La estrategia litigiosa de los holdouts sólo funciona si la siguen unos pocos. Si es seguida por todos, sólo aumentará la incapacidad argentina de cumplir, por más sentencias favorables que consigan.
La República y los bonistas necesitan llegar a un acuerdo. Aunque no lo dicen, ambos lo dejan traslucir. La primera oferta está caída y una nueva etapa se abre. El 22 de mayo es la fecha límite para evitar el default. El Presidente, quien más interesado está, debería remover los obstáculos para que un acuerdo conveniente, por más que no sea el mejor, pueda concretarse. No hacerlo es la peor opción.
