Primero, por la escasa -por no decir nula- capacidad contributiva que tienen por lo general los motociclistas, de lo que es una prueba cabal la frecuencia con que se ve circular a toda una familia montada, peligrosamente, por la calzada en este tipo de vehículos.
Después, por no guardar proporción el monto a abonar por quienes los conducen, con los que pagan los automovilistas, ya que los vehículos en ellos transportados acusan por lo general un valor mucho mayor. De todo lo cual se desprende que lo que correspondería es que, por el paso de ningún monopatín, bicicleta o motocicleta hubiera que abonar peaje.
Demás está decir que nuestra postura es que tampoco lo pague ningún vehículo cuyo conductor cuente con Tarjeta Vecinal. Pero de lo que se trata es que, por algo se empieza. E independientemente de lo cual, lo que deberían pensar, no los miembros de la comisión indicada, sino los responsables de su designación, es si no ha llegado el momento de “aligerar” el organismo, reduciéndolo a quedar compuesto por un embajador o funcionario de igual categoría -uno por cada país- a los que ya el gobierno paga por esa función, y que se ocupe de tomar las decisiones que correspondan, a aplicar por un único gerente a cargo de la gestión de todos los puentes.
Es que da la impresión que siempre hemos estado ante una suerte de “ducado” regido transitoriamente por un grupo de becados, quienes el mayor, sino el único mérito que tienen, es contar con el calor oficial. Existen excepciones, claro está, ya que siempre hay excepciones, y en este caso preciso, afortunadas.
Y, por otro lado, ¿no se impondría que -mientras se piensa en una reorganización como la propuesta-, ver la forma en que la opinión pública de ambos países pudiera tener acceso a toda la información vinculada con los gastos -incluyendo los administrativos- y la operatoria del organismo, aparte de ocuparse del cobro de los peajes y de mantener los puentes bien pintados y mejor iluminados?
Ya que, en lo que respecta al cuidado de la preservación de la calidad del río, es poco lo que se sabe acerca, por ejemplo, de la manera de volver operativos, es decir, convertirlos en directivas o prohibiciones concretas para las autoridades competentes, a los informes confeccionados por dicho organismo.
