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Por Soledad Arreguez (*), especial para El Entre Ríos.

Cada vez más usuarios acceden a contenidos informativos por medios digitales, ya sean sitios en línea, redes sociales o servicios de mensajería. En 2020 el conjunto de las redes superó por primera vez a la televisión y al cable como fuente de noticias de acuerdo al Digital News Report del Reuters Institute.
Los gigantes digitales
Esta tendencia se produce a la par de la consolidación de grandes conglomerados privados globales con millones de usuarios que cada día utilizan sus servicios a cambio de información sobre su red de contactos, sus intereses, gustos y comportamiento en línea.

Empresas como Google y Facebook adquieren un rol dominante y privilegiado en el mercado de medios, por su poder económico, y además por su posición en el control de la cadena productiva de la información, tomando funciones que antes tenían los medios tradicionales de comunicación. Estas compañías tecnológicas no sólo modifican la relación entre los medios y la sociedad sino que su política de algoritmos influye en el contenido informativo al que los usuarios pueden acceder.
Los nuevos intermediarios
Facebook logró consolidarse como eslabón determinante de la cadena de información por el control que asume al embeber las notas en su plataforma y determinar las impresiones que puede generar cada publicación de contenidos. Los medios tradicionales pierden la posibilidad de medir el humor social y los valores tendientes a predominar en la sociedad en un momento determinado.

Las plataformas se convirtieron en grandes editoras y organizadoras de la información por medio de su política de algoritmos. Desde hace algunos años, estas plataformas además tomaron medidas para controlar los contenidos publicados por sus usuarios en el marco de campañas de desinformación, teorías conspirativas y discursos de odio. De este modo, las decisiones de Facebook --como también de otras empresas poderosas de tecnología—acerca de la publicación, circulación y difusión de contenido socialmente significativo impactan en la esfera pública, y por tanto a la conversación pública y construcción democrática.
Los riesgos de la regulación
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2013 señala que las plataformas como Facebook y Google cumplen “un rol esencial para el ejercicio del derecho de buscar y recibir información en línea, potenciando la dimensión social de la libertad de expresión en los términos de la Corte Interamericana”. En otras palabras, todo filtrado, moderación o bloqueo de la información que circula por las plataformas afecta en parte los derechos digitales de la ciudadanía, en particular al derecho a la información.

Frente a los intentos por regular Internet, la Relatoría advierte que los sistemas de filtrado de contenidos impuestos por gobiernos o proveedores de servicios comerciales que no sean controlados por el usuario final “constituyen una forma de censura previa y no representan una restricción justificada a la libertad de expresión”.
Acciones para fortalecer el rol cívico
Por esa razón es imperativo que los productos que facilitan el filtrado por los usuarios finales brinden información clara sobre el modo en que funcionan y las “posibles desventajas si el filtrado resulta excesivo”. Es decir que los usuarios tengan en claro a qué contenido acceden y/o leen en la red y qué criterios hacen que otros permanezcan ocultos.

Una posible solución a los efectos no deseados de las “intermediarias” son los programas de alfabetización mediática que brindan herramientas conceptuales y teóricas para comprender mejor el funcionamiento del rol que asumen las plataformas en este entorno digital y la importancia de escuchar una amplitud de discursos por fuera de nuestra propias burbujas algorítmicas. En esa línea trabajamos en Proyecto Desconfío junto a educadores, docentes y entidades de apoyo a la educación porque en el centro de la batalla por la atención de los usuarios y la extracción de sus datos personales se encuentran los derechos digitales de la ciudadanía, que hay que proteger.


(*) La autora es Periodista y Cofundadora de Proyecto Desconfío (www.desconfio.org )

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