(Simone de Beauvoir)
Eran las primeras semanas otoñales en Entre Ríos…
Era un domingo de madrugada…
Era el fin de una salida con amigos…
El fin de una vida joven, inquieta, sonriente, consciente, justiciera, comprometida…
Era, también, el inicio de una lucha que aún persiste.
El 2 de abril de 2016… le arrebataban la vida a Micaela García… víctima de femicidio.
Para cualquier Gobierno de Turno, sin duda es acertado estar a favor de la “Ley Micaela”, tener en el tapete de sus agendas la lucha contra la violencia hacia la mujer, hablar en sus portadas de cuántos años pasaron desde su sanción y cuántas capacitaciones se han realizado, del “Observatorio…”, de quiénes lo componen, de los organismos que participan, etc.; todos unidos en pos de una lucha absolutamente digna y necesaria: el reconocimiento y la lucha por los derechos de las mujeres.
Mucho más elegante aún, es cuando algún tribunal de “La Alzada” manda a sus inferiores a fallar con “perspectiva de género”; o cuando algún fiscal le hace esta petición concreta al tribunal que va a dictar sentencia.
Sin embargo, la perspectiva de género parece ceder cuando “los de arriba” necesitan proteger a alguno de sus miembros; y en idéntico sentido, arremete con todo, cuando se hace necesario la renuncia de alguno de ellos.
Así vimos cómo han resultado escandalosas las acusaciones que realizó la Dra. Medina (actual Presidenta del Superior Tribunal de Justicia) en contra del entonces miembro del Alto Cuerpo Judicial, Dr. Emilio Castrillón; y lo mismo respecto del Juez de Paz de Gualeguay, Eduardo Salem.
El primero fue beneficiado con una jubilación en tiempo récord, pero a la postre consiguieron que deje libre su banca en el Superior Tribunal de Justicia. Al segundo lo sometieron a un Jurado de Enjuiciamiento y lo destituyeron, casi por los mismos hechos por los que al Juez Ardoy, apenas lo sancionaron con un mes de suspensión en su trabajo, sin goce de sueldo.
La “diplomática” decisión de algunos miembros del Superior Tribunal de Justicia, de proteger al Juez Ardoy (Juez laboral de Concepción del Uruguay) aún a costa de los derechos de la víctima, dan cuenta de la falta de capacitación que ellos mismos tienen sobre lo que, precisamente, busca la “Ley Micaela”.
Imponer, a modo de sanción, que Su Señoría “realice cursos de capacitación” en temas de género, implica bajo cuerda, aceptar que para “Ellos” (los sentenciantes y miembros del Poder Judicial), la “Ley Micaela” no es una obligación positiva impuesta a quienes forman parte de los tres poderes del Estado, sino que es una de las tantas “sanciones” que tienen a su alcance, cuando necesitan “corregir” los abusos funcionales de alguno de sus miembros, que están dispuesto a no Juzgar a través de un Jury.
Si imagináramos una charla de café, el diálogo podría resumirse de la siguiente manera: “Che…Juan José (Ardoy), hace 3 años que tenés la obligación de hacer cursos en violencia de género, pero como vos no hiciste nada de eso, ahora lo vamos a usar a tu favor, te lo imponemos a modo de sanción, apartamos a la víctima de su cargo….y aquí no ha pasado nada”.
La desacertada e interesada decisión que favorece a Ardoy, no sólo nos deja a quienes hemos sido víctimas de hechos de violencia de género por algún miembro del Poder Judicial en un absoluto plano de desigualdad y desprotección, sino que además, echa por la borda la lucha que como sociedad venimos dando desde hace años; pero en particular, ningunea y pisotea todos los derechos conquistados desde la muerte de Micaela, los hace trizas y los deja en el olvido; y además, nos da un mensaje subliminal… “si te animás a denunciar, la perjudicada sos vos”.
Micaela García nos dejó un importantísimo desafío: el de transformarnos como sociedad; y logró lo que, pese a luchas inclaudicables, no se había logrado antes: imponer a todos los miembros del Estado la obligación de capacitarse en cuestiones de género.
La muerte de Micaela no puede quedar impune.
Y habrá impunidad por su muerte…cada vez que como sociedad no nos alcemos frente a las injusticias cometidas por los propios miembros del Estado, en detrimento de los derechos de las mujeres.
Habrá impunidad cuando la “Ley Micaela” sea aplicada como “sanción” y no como medio para erradicar la violencia…
Habrá impunidad cuando un Juez que reconoció ejercer “violencia sexual y laboral” siga en su cargo.
Habrá impunidad… mientras exista una sola mujer víctima de un sistema judicial patriarcal, que sigue protegiendo a sus miembros, a costa de callar a la víctima…o trasladarla.
Clarisa Marano Roude
Abogada
clarisamarano@gmail.com
