Como es notorio, por esa sentencia fueron condenados los nombrados, junto a un numeroso elenco de otros procesados –todos ellos acusados por el Ministerio Público- por encontrarlos incursos en delitos, a los que la jerga popular conoce como “delitos de corrupción”, una categoría de delitos de tanta actualidad entre nosotros, como lo son los designados como “delitos de género” o “delitos de odio”.
Si bien una sentencia condenatoria, al menos de los acusados más notorios, era esperada –la única duda existente era si iba a haber o no condena por el delito de asociación ilícita, la que habrían realizado los acusados, la que fuera desechada por el voto de la mayoría del tribunal-, el hecho que se haya dictado una sentencia condenatoria –sobre todo en el caso de los principales acusados- no dejó de ser un golpe conmocionante para la sociedad toda.
Ello, independientemente del hecho de que nos encontramos ante una sentencia que no ha adquirido la condición de firmeza, ya que queda, a quienes resultaron condenados, abierta la posibilidad de interposición de recursos sucesivos, hasta el momento en que, en su caso, la Suprema Corte de Justicia dicte una sentencia final.
Como no podía ser de otra manera, la sentencia ha merecido por parte de distintos sectores la expresión de sentimientos dispares. De apoyo y de alegría en algunos, en contraste con el enojo indignado de otros.
Por nuestra parte, creemos que no existe cabida para la expresión de esos sentimientos encontrados, y que lo único que puede considerarse positivo es que se haya asistido a un proceso judicial en el cual se ha dado a los acusados la posibilidad de ejercitar su derecho de defensa con tanta amplitud – que existe inclusive la impresión que esa amplitud se extremó hasta el exceso – y que la sentencia que nos ocupa haya sido dictada por jueces que fueron nombrados por uno de esos acusados, precisamente la que al momento de la designación revestía la condición de Presidenta de la Nación.
Es por lo cual, aun estando lejos de nuestra intención convertirnos en jueces de los sentimientos de nadie, que consideramos que la única actitud que objetivamente cabe es el ver en funcionamiento a la maquinaria de la justicia, de una manera correcta.
Entremezclada, la misma, con la vergüenza que provoca la circunstancia de no poder dejar de atender al hecho de la alta posición institucional que ocupan o han ocupado muchos de los condenados.
Algo que significa otra señal de ese proceso de decadencia de la moral cívica, demostrativo de su cada vez más baja caída. La misma que provoca la sensación que nos llevará hasta las puertas mismas de los infiernos. Entiéndase lo que son éstos, como se quiera.
No podemos soslayar la necesidad de expresar nuestra consideración respetuosa, a aquellos grupos menores de ambos lados de esa “grieta” que profundamente nos lastima como cuerpo social, que independientemente de la decisión del tribunal y antes de la misma, mostraban una convicción emotiva y hasta irracional e inconmovible acerca de la culpabilidad, o inocencia de los acusados en el proceso que nos ocupa.
De igual manera que no podemos dejar de expresar nuestra grave preocupación ante la expresión de doble moral que se hace presente también en muchos de los ubicados a ambos lados de la misma grieta.
Es primero, la furia que exteriorizan aquellos que se alzan de distintas maneras contra la sentencia, a pesar de que en su fuero íntimo son conscientes de la autoría de los hechos materia de la condena.
Debe hacerse referencia, también, a muchos de los ubicados en la vereda de enfrente, que habiendo cometido - aunque no fuera en la misma escala ni tampoco de una manera sistemática- actos que guardan similitud con los que han sido materia de condena, se muestran eufóricos frente a ésta.
De allí que el espectáculo vergonzoso en el cual todos de una u otra manera somos partícipes, sólo se podrá dejar atrás por un rearme moral y cívico que es necesario llevar hasta las últimas consecuencias.
