Durante largos años, la empresa constructora Lemiro Pablo Pietroboni creció al calor del poder como una de las principales contratistas de obra pública. Tras años de supuestas complicaciones económicas durante la crisis de 2001, la firma nacida en Concepción del Uruguay resurgió cual Ave Fénix expandiendo sus operaciones no sólo a la ciudad y la zona sino al resto de las provincias argentinas e incluso participando de obras millonarias en países vecinos.
Ahora sabemos, varios años más tarde, lo que un día de 2016 decidió confesar su propio dueño, Víctor Pietroboni: que la participación de la empresa ganando un sinnúmero de licitaciones públicas eran producto del pago de coimas al kirchnerismo. Pero Pietroboni murió pocos meses más tarde de aquella confesión y nadie, ni la justicia Federal ni el Gobierno, quisieron escuchar lo que tenía para decir. Y tuvieron que pasar dos años para que los cuadernos Gloria con la letra del chofer Centeno volvieran a repetir la misma operatoria que Pietroboni había confesado. Y ahora sí, la justicia, la política, la sociedad toda han tomado debida nota.
$200 millones de coima
Hace varias semanas, los abogados entrerrianos Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto acercaron al juez Bonadío todos los detalles de la misma denuncia que habían presentado dos años antes en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay que preside Pablo Seró. Y mientras en ese entonces el juez ni la fiscal Federal movieron un dedo para investigar, ahora el Fiscal de los Cuadernos de la Corrupción, Stornelli, revisa la pista provincial que abrió esa presentación primero y las recientes confesiones del financista Ernesto Clarens después.Clarens entregó un pen drive con planillas de Excel donde constan los millones de pesos que recibieron cada una de las empresas en contratos de obra pública durante el Kirchnerismo y cúanto dinero retornó en concepto de coimas a manos de los funcionarios. Y allí aparecen en la nómina, entre los contratistas más importantes, tres empresas entrerrianas: la poderosa constructora de Luis Losi; la resurgida Lemiro Pietroboni y la firma Pitón. En las constancias que entregó Clarens a la Justicia, Losi lidera el ranking con aportes por $400 millones, seguida por Pietroboni con $200 millones. Las cifras escandalosas marcan sólo los “retornos” que quedaron registrados en las operaciones. Esos pagos, aunque sin precisión sobre las cifras, fueron admitidos por el propio dueño de la firma Pietroboni en aquel “arrepentimiento” público que hiciera en Radio 9 de Concepción del Uruguay en 2016 pocos meses antes de morir.
Tiemblan los implicados
El asunto ha llegado a un estado en que los arrepentimientos empresarios operan como un efecto dominó, haciendo caer varias piezas de un solo empujón. A la complicada situación judicial que ya tiene la firma Pietroboni en los Cuadernos de las Coimas, se suma ahora un “arrepentido” muy cercano como es el empresario Luis Losi, con quien repartían la obra pública entrerriana que negociaban con Sergio Urribarri cuando era Gobernador de Entre Ríos.Entre las obras emblemáticas que mostraron el escandaloso sobreprecio que se pagaba en el Club de la Obra Pública aparece la Isla del Puerto, una avenida de cemento construida en una isla prácticamente virgen que tenía Concepción del Uruguay. La obra se licitó por $92 millones y terminó pagándose $360 millones, con la complicidad de Sergio Urribarri.
Por eso este momento de confesiones tiene a la firma Pietroboni en el centro de las miradas: es cuestión de días que la investigación de la causa de los Cuadernos comience a explorar los negocios de la obra pública entrerriana. Y con eso, los pactos de silencio (y de negocios irregulares) de Urribarri con la “Patria contratista” provincial que Luis Losi parece dispuesto a confesar.
En este momento de aparente debilidad, incluso el Gobierno provincial que conduce Gustavo Bordet se le anima a Pietroboni. Por estas horas, no descartan sancionar a la empresa por haber abandonado la construcción de la Defensa contra Inundaciones de Concepción del Uruguay, en lo que pretende ser más bien una señal para despegarse de los negocios con las constructoras de obra pública, sospechadas de financiar gran parte de las campañas electorales.
Mientras tanto, el directorio a cargo de la empresa hace malabares y repasa hasta el agotamiento los libros contables de la firma a la espera de borrar cuanta huella pueda haber quedado de las maniobras que hoy están saliendo a la luz. Y con la escena iluminada, son varios los dirigentes políticos locales y provinciales que rezan para no caer en las redes de esta megacausa.
