Dicha medida cautelar no avanza sobre las cuestiones de fondo, aunque insinúa una postura, al buscar que no siga aumentando el tamaño del daño.
El Ejecutivo Nacional, en primera instancia, negó contar con los recursos para hacer frente a la medida cautelar, e incluso consiguió que 14 gobernadores, entre ellos Gustavo Bordet, firmaran un documento que califica al fallo de “político, de cara al año electoral” y de “imposible cumplimiento”, porque el Presupuesto 2023 no contempla las partidas presupuestarias necesarias para hacer frente a ese gasto.
¿Cuál es el mayor gasto al que obliga esta medida cautelar?, cabe preguntarse. Si sólo se trata de que lo que se quitó a una jurisdicción para entregarlo a otra vuelva a ser entregado a la primera, no parecería haber un aumento del gasto agregado, sino apenas el lugar en el cual el gasto se produce.
Sabemos que, para la política, nacional, provincial y municipal, a veces el orden de los factores altera la percepción del producto. En la PBA no existía un gasto, pero el maná del recurso lo generó. En la CABA, la desaparición del recurso no motivó un recorte de gastos, sino un nuevo impuesto para financiarlo. ¡Qué fácil sería nuestra vida con estas condiciones!
¿Por qué firmaron 14 gobernadores el documento? Cuesta encontrar más respuesta que la de la lealtad partidaria. Ni los gastos ni los recursos incumben más que a PBA y CABA. Nada parece cambiar para los otros 13 firmantes. Firmar, sin embargo, es una forma de avalar este mecanismo por el cual las leyes que rigen el reparto de recursos federales entre las provincias puedan ser modificadas a gusto por el Ejecutivo Nacional. Visto en detalle, quizás a la lealtad partidaria haya que agregarle la condición de serviles de muchos gobernadores, que prefieren mendigar a defender lo suyo como corresponde. No está en buena compañía Bordet cuando firma junto a Insfrán (Formosa), Capitanich (Chaco) o Zamora (Santiago del Estero). Mejor le iría juntándose con los no-firmantes, más astutos, Perotti (Santa Fe) y Schiaretti (Córdoba).
Para peor, el Presidente acabó por dejarlos en offside, sólo un día hábil después de que se prestaran como ofrenda navideña. En un hilo de Twitter publicado hoy, Fernández argumenta que ha instruido a la Jefatura de Gabinete de Ministros a reasignar los recursos y transferirlos a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la CABA. Será un pago con bonos para saldar el flujo de los próximos 90 días, “a la espera del fallo definitivo o una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”. Asimismo, instruyó al Ministerio de Economía para que envíe al Congreso un proyecto de ley para crear tales recursos presupuestarios.
Todo este eufemismo termina en lo ya dicho: para mantener el gasto de la provincia de Buenos Aires sin cambios, se creará un impuesto que lo financie. Probablemente sea el mismo impuesto, sobre inversiones financieras de los bancos, que el gobierno de CABA prometió eliminar cuando reciba los recursos de la medida cautelar. ¿Votarán a favor de un nuevo impuesto los diputados de JxC? ¿Votarán a favor los diputados y senadores provinciales? Parece una apuesta muy segura la de que ese nuevo tributo no será coparticipable; el Gobierno Nacional necesita discrecionalidad para poder remitir lo recaudado a la provincia de Buenos Aires.
Gobernadores: ¡gracias por firmar!
