Sin embargo, la provincia de Entre Ríos carece desde hace algunos años de un plan estratégico que le otorgue sentido a la inversión pública y sostiene privilegios para la clase política que drenan gran parte de los recursos de los entrerrianos.
Sin obras para 2020
Como ya ocurre desde hace al menos dos años, el Gobierno de Gustavo Bordet ha paralizado prácticamente la ejecución de obra pública. Para el año próximo, el mismo ministro de Economía admite que existen obras proyectadas pero que su ejecución “depende de la posibilidad de obtener financiamiento”. Es decir, no habrá obras significativas en 2020.Mientras tanto, la fuente principal de recursos a la que acudía el Gobierno provincial fue la administración de Mauricio Macri, a la que cuestionan en público pero agradecen por lo bajo. Con fondos nacionales se construyeron planes de vivienda, la Defensa contra Inundaciones de Concepción del Uruguay, los Puntos Digitales que abastecen de tecnología a los Municipios, las mejoras de la Autovía 14, el dragado del río Uruguay que hoy garantiza la reactivación del Puerto, sólo por nombrar algunas de las acciones que se ejecutaron gracias a fondos nacionales.
De todos modos, los tiempos electorales parecen alimentar el ocultamiento de algunas realidades y poner en un segundo plano esta ausencia de prioridades estratégicas. Recientemente el Gobernador Bordet confesó que su máxima aspiración era pagar los sueldos en tiempo y forma. Así como lo lee. El congelamiento de la tarifa eléctrica duró lo que dura la campaña electoral. Dos días después de ganar las elecciones el congelamiento desapareció.
La austeridad entrerriana
Tampoco es cierto que la austeridad sea un sello de la administración provincial. Si así fuera, ¿cómo explica Bordet el enorme flujo de fondos que le asigna a la Legislatura entrerriana?; ¿cómo justifica que haya funcionarios que cobren doble remuneración como ocurre con los directivos de Enersa? ¿Cómo justifica la compra de más de 40 vehículos oficiales el año pasado sólo para que algunos funcionarios paseen con sus familias?¿Se puede hablar de austeridad cuando la remuneración de algunos funcionarios roza el medio millón de pesos al mes? ¿No será ese el motivo por el que se resisten a publicar los sueldos de los funcionarios? ¿No son acaso los propios intendentes del PJ los que le recuerdan a Bordet que tiene que hacerse cargo de pagar los gastos de las escuelas cuyas instalaciones se desmoronan con el paso del tiempo?
Siete medidas para reducir el gasto político
Algunos gestos concretos de austeridad no son difíciles de concretar. Van algunas ideas por las dudas el Gobierno entrerriano no sepa cómo avanzar:- Fijar un tope salarial para todas las remuneraciones de funcionarios públicos que esté dado por el sueldo del Gobernador.
- Desprenderse de la flota de autos de alta gama que no justifican el gasto que ocasionan.
- Eliminar el 50% de los fondos para contratos de los que dispone cada legislador provincial.
- Publicar de forma simple y accesible la nómina y sueldos de todos los funcionarios provinciales.
- Unificar elecciones nacionales y provinciales para evitar un gasto millonario.
- Reducir un 10% la cantidad de funcionarios provinciales
- Eliminar el contrato con el Banco de Entre Ríos como agente financiero que nos cuesta más de 400 millones al año (En Santa Fe el mismo banco paga para ejercer como agente financiero)
Y podemos seguir con una extensa lista que puede resolverse de forma rápida y con la decisión política necesaria. No se trata de medidas que requieran un alto nivel de consenso político o que puedan desestabilizar o poner en riesgo el funcionamiento del Gobierno entrerriano. Se trata de acciones concretas que permitirían desprenderse de gran parte del lastre que arrastra el Gobierno provincial y se financian con el dinero de todos. El Presupuesto 2020, por ahora, no muestra nada de esto. Muy por el contrario, consolida muchos de los mecanismos de fuga de fondos públicos que luego faltan en salario docente, escuelas, hospitales, y servicios sociales.
Monitorear de cerca la discusión del Presupuesto de Entre Ríos es la manera de revisar las prioridades de los gobiernos, que se han acostumbrado a presupuestar de espaldas a los problemas reales, priorizando el gasto político y el sostenimiento de privilegios por encima de las necesidades de la Provincia.
