Palabras que, correctamente interpretadas, consideramos que vienen a refirmar algo que dábamos por descontado, cual es que la actual administración de nuestro gobernador Bordet continuará con su proceder prolijo en materia financiera, en un claro contraste con el rumboso gasto de administraciones anteriores, signadas por el despilfarro y las cuentas poco claras.
Juicio que a la vez viene a significar que se pondrá el acento en asegurar el funcionamiento de la administración pública provincial, al mismo tiempo que concluir con todas las obras públicas programadas.
A la vez, por nuestra parte estamos seguros que nos encontramos aquí ante una “bajada de línea” a las municipalidades para que adecuen su comportamiento a esa pauta. Es que nuestras administraciones tanto provinciales como las municipales –la nacional es un caso aparte del que preferimos no ocuparnos en este momento- deben dejar de convertirse, apenas se les “suelta un poquito la mano”, más que en gastadores compulsivos en “despilfarradores” del mismo tenor, lo que significa caer un paso más en esa debacle descalificadora, la que en este último caso viene a significar gastar sin ton ni son.
Claro está, que con poner un tope al gasto público no basta, como bien lo sabe la nombrada funcionaria. Es que no solo se trata de no gastar más, sino en no gastar “de más” a su vez que de mejorar la calidad del gasto. Nos referimos así al funcionamiento de la administración pública, del que no basta con asegurar su funcionamiento, sino se hace necesaria entre tantas otras cosas, se logre la agilización de los trámites que se exigen de una manera cada vez más creciente y costosa; y en la que los administrados ven más que la muestra de un comportamiento de por sí pachorriento, una manifestación inadmisible de incuria.
Es que sale de toda lógica que en ocasiones haya que ver cómo transcurre medio año, para descubrir si se ha completado una gestión, inclusive una de esas que no tiene el funcionario encargado de ocuparse de ella porque se deben admitir y desarrollar en forma casi automática. A la vez se hace imprescindible acabar con las situaciones de “desempleo disfrazado”, con lo que no se reclama su cese, sino pensar en su reubicación, luego de un proceso de capacitación que permita su eficaz desempeño en la tarea a la que sea asignado.
Todo ello sin contar con la necesidad de efectuar una reprogramación en materia salarial, que permita superar las actuales inequidades notorias que existen, y a la vez establecer que ningún funcionario gubernamental pueda superar en la suya la del gobernador; la que a su vez no podrá ser superior a un número preciso de veces de lo que se percibe en la última categoría de la planta de personal administrativo.
Podrá decirse que hacemos una interpretación forzada de una pauta fruto de nuestra actual situación socio-económica, o dicho más llanamente que la “necesidad tiene cara de hereje”, pero también lo es que si logramos modificar nuestra manera de gestionar transformándola en una demostración de austeridad republicana, la dolorosa experiencia que estamos viviendo dejará de verse como costosa.
De lo que se trata es de que la población haga suya esa bandera y no deje a quienes nos mandan – sí, dicho así y así bien dicho, que nos mandan, ya que en lo que se dice gobernar, son muy pocos los que se destacan- que se queden con gran parte de los pesos que con esfuerzo juntamos en nuestros bolsillos.
Y no resulta de toda justicia pasar por alto lo que no es sino la contra cara de todo lo que venimos señalando, y que inclusive a funcionarios probos y sensatos se les pasa por alto, cual es la posibilidad de gastar, tiene también como limitante aparte de una sabia decisión gubernamental, la imposibilidad de la población extrema de ser castigada con el aumento de los impuestos y tasas vigentes, o con la creación pública o disimulada –ya que de éstas, aunque en proporciones mínimas actualmente los hay- de los actuales.
Ya que entre las pocas cosas que existe entre nosotros unanimidad –esa envidiable unanimidad que no se hace presente en otros ámbitos del quehacer comunitario- es que tal como se lo destaca a diario “la presión impositiva es insoportable”; algo indudablemente sino igual de cierto, pero menos sincero, de que “si uno paga todos los impuestos, se funde trabajando”. Y decimos menos sincero, porque muchos de los que así hablan, seguirían comportándose como evasores, aunque la presión fiscal se volviese soportable.
Se nos dirá que ni nuestra provincia es una isla, ni nuestros municipios, son islas más pequeñas, que vienen a integrar, con aquélla, un archipiélago, lo cual es cierto, ya que ella es parte de una unidad política mayor que es un estado nacional.
Muestra de escepticismo explicable, si se tiene en cuenta el acto político realizado en la Ciudad de Santa Rosa, capital de La Pampa, en el que más importante que la canonización de Cristina y el reconocimiento de Alberto como su Vicario, a los efectos de lo que aquí se hace importante hacer mención, es a una docena larga de aviones –muchos de ellos aviones sanitarios- estacionados en el aeródromo local, que habían sido utilizados por gobernadores de provincias en las que el justicialismo resultó ganancioso en las elecciones provinciales que con el objeto de acotar tiempo, aunque no distancias, utilizaron para trasladarse hacia el lugar.
No es el caso de ponerse a imaginar un enfermo grave cuyo traslado a un centro de mayor complejidad tuvo que ser pospuesto por ese uso del avión para otros indebidos menesteres, sino traer a la memoria los tiempos en que los esposos Kirchner se hacían llevar a Río Gallegos o el Cafayate, los diarios capitalinos del fin de semana.
Acciones de ese tipo son incompatibles con la limitación y el cuidado del gasto que ha asumido como meta propia nuestro gobierno provincial. De allí la necesidad de que al menos una gran mayoría de nosotros lo apuntalemos en esa intención, y que su ejemplo se vuelva contagioso entre sus pares.
Aunque, para lograrlo, es necesario crear conciencia en nuestra población primero, y después mantener alta la guardia, para impedir el desmadre de los que manden, y lograr que se vuelvan comunes las prácticas de buen gobierno.
