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El Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay aprobó por mayoría una compensación económica propuesta por el Barrio Privado “La Soñada” para pagar $9 millones de pesos en lugar de entregar 5,7 hectáreas de tierra al Municipio. La votación se dio en medio de un fuerte debate público que advertía que el pago estaba muy por debajo de los valores de mercado. El malestar de los vecinos de la ciudad y los pormenores del caso que mostró el periodismo local hicieron que el intendente Municipal, Martín Oliva, anunciara la decisión de vetar la ordenanza y dar marcha atrás con el proceso.
Escuchar a los vecinos
En una conferencia de prensa convocada a último momento, en la tarde del lunes el Intendente Municipal, Martín Oliva, anunció su decisión de vetar la ordenanza que aprobaba esta compensación económica propuesta por los titulares del loteo del barrio privado “La Soñada”.

El anunció desactivó una fuerte polémica en la que muchos vecinos se habían manifestado en desacuerdo por la decisión aprobada por 9 votos a favor, el voto negativo de dos concejales opositores y dos abstenciones. Con esta medida, el Intendente Oliva vuelve a ratificar que por momentos la política sabe escuchar los reclamos de los ciudadanos. Y muy a pesar de las caras largas de los concejales, el tema no va a avanzar en los términos en que había sido aprobada la compensación.
Los términos del Acuerdo
El expediente del barrio privado “La Soñada” de Concepción del Uruguay data de más de 17 años de idas y vueltas. Los incumplimientos sucesivos por parte de los responsables de este loteo llevaron a la firma de un Acta compromiso donde se comprometían a subsanar una larga lista de irregularidades. Entre ellas, los responsables del loteo debían entregar 5,7 hectáreas de tierra al Municipio, tal como lo establece la normativa que regula todos los loteos de la ciudad. Sin embargo, hace dos semanas fue Pablo Presas, como representante de los desarrolladores inmobiliarios del barrio cerrado, quien presentó una propuesta para entregar un aporte de $7,5 millones al Municipio en lugar de las 5,7 hectáreas de tierra. Esta propuesta fue bien vista tanto por el Ejecutivo Municipal como por los concejales del oficialismo, que pidieron elevar la cifra a $9 millones y así cerrar el acuerdo.
“Pierde la ciudad”
Previo a que el Concejo Deliberante se prestara a aprobar el acuerdo con el barrio privado en estos términos, el viceintendente Ricardo Vales saltó de su lugar de Presidente del Concejo Deliberante y pidió ocupar una banca para pronunciarse sobre el proyecto. Allí remarcó que lo que estaba a punto de aprobarse “no cuenta con ninguna tasación que fije el valor de esas hectáreas” y advirtió que los precios que se van a pagar como compensación “están muy por debajo de los valores del mercado”. Efectivamente, el Municipio había pagado $5,5 millones de pesos la hectárea en una reciente operación inmobiliaria, mientras que el barrio privado La Soñada estaba pagando poco más de $1,5 millones por cada hectárea. Por lo que la intervención de Vales fue clave para que el tema no pasara desapercibido. En esa misma línea se había pronunciado el concejal Aldo Montañana (Uruguay Se Puede), que fue el primero en hacer público el tema.

Esto desató un verdadero escándalo público donde el propio viceintendente advertía que este acuerdo perjudicaba a la ciudad. Y si bien el proyecto se aprobó con el voto de los 7 concejales del Frente de Todos y un llamativo acompañamiento de los concejales José Gurne (UCR en JxC) y Carlos Dutra (PRO en JxC), las repercusiones fueron tan fuertes que el Intendente Oliva decidió escuchar a los vecinos y vetar la norma aprobada. Ahora el tema deberá ser revisado y quedará sin efecto hasta que se alcance un nuevo acuerdo.
Dar marcha atrás está permitido
El caso parece mostrar que en ocasiones no está mal dar marcha atrás con las decisiones. Hacía tiempo que la política no mostraba a un Intendente dejando de lado su parecer para adoptar una decisión en nombre de los vecinos que se hicieron escuchar de todas las maneras posibles. El caso muestra también que el rol del periodismo en la visibilidad de los asuntos públicos es clave para que la ciudadanía esté bien informada. Y de ese modo, presionar en el mejor sentido a la política para que los intereses de todos prevalezcan por sobre los intereses particulares. Un caso en el que un Intendente supo escuchar a su comunidad y ojalá contagie a otros mandatarios locales que deben velar por representar el sentir de sus vecinos.

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