Es que, para la mayoría de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que, entre otras atribuciones, tiene la de controlar el comportamiento de los jueces inferiores a la Corte Suprema: ese tipo de desfachatada vocinglería, no tiene ninguna consecuencia, a la que se deba prestar atención. Todo ello, de manera de poder decidir sancionarlos o removerlos, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos.
En tanto, no está de más recordar que las causales que permiten hacerlo son las de mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes; según reza la Constitución nacional actual en sus artículos.
En nuestro caso: o sea, en el de un juez mal hablado hasta el grado de la grosería soez -algo que por su entidad no puede, ni por lejos, acercarse a quienes se los denominaba otrora “boca sucia”-, el Consejo de la Magistratura decidió así dar por terminadas las actuaciones en contra de aquel, abiertas por la denuncia de otro miembro de ese mismo cuerpo.
Lo hizo en atención a dos motivaciones principales. Cuales son, primero, en función del hecho que no se puede sancionar a un juez por una conducta que no estuviera relacionada con su ejercicio profesional. A lo que se agrega, en segundo lugar, la circunstancia que estaba ante una discusión que ponía en juego la libertad de expresión dentro de la Justicia. Parafraseando a Voltaire, el sostenedor de ese punto de vista, señaló: "No estoy de acuerdo con lo que dice, pero defenderé con mi vida su derecho a decirlo".
Nos encontramos ante una decisión que, por su gravedad -no solo por su alcance institucional sino “social” en su decir más extenso del término- tiene una dimensión que no puede bajo ningún punto de vista minimizarse, por dar cuenta de una gravedad insólitamente censurable.
Se debe tener en cuenta al respecto, que tal como se ha señalado más arriba, entre las causales de destitución de los jueces, se encuentra el “mal desempeño de su cargo”. Y que dentro de esa causal tan amplia no puede dejarse afuera su comportamiento en sociedad, ya que la misma deteriora su imagen y la hace perder el respeto del que deben ser merecedores todos los magistrados.
De donde, un comportamiento que trasciende el ámbito de los tribunales para ser estrictamente objetable, tal como el que corresponde atenerse a todo miembro de la sociedad, es considerado como “algo natural”. O lo que es lo mismo, viene a habilitar al juez a “no ha guardar el estilo” que corresponde como tal, y por eso mismo llegar a incurrir en una demostración de inhabilidad moral.
Hubo una vez, en los que cabría señalar de una manera ya ni siquiera nostálgica como “los tiempos de la república”, que se enjuició y se destituyó a un juez -al menos, por lo visto, a los ojos de hoy-, juicio político mediante, por haberse establecido lo que hoy consideraríamos “deudor serial todo terreno”, por el hecho que entonces se describía como quien debe “a cada santo una vela”.
Es por lo mismo que, después de lo relatado, casi no nos atrevemos -por temor al tenor de la respuesta- a preguntarnos lo que pasaría en el caso que un trabajador, al ver pasar a su empleador delante suyo, o un alumno adolescente en parecidas circunstancias, prorrumpieras en estentóreas imprecaciones dirigidas a su persona.
No estamos convencidos que en esos casos las víctimas respectivas del mal trato, se contentaran teniendo en cuenta que el sucedido se había producido fuera del ámbito de la relación específica que los vincula, o un improbable recuerdo a la personalidad venerable de Voltaire, hubieran dejado pasar sin consecuencia en aquel ámbito en el que les toca desempeñar roles diferentes, ante los agravios recibidos.
Nos encontramos entonces ante no otra cosa que otro paso más cuesta abajo de la Justicia, en ese su empecinado y erróneo discurrir; en el que vemos a un Consejo de la Magistratura cada vez menos prestigiado por pequeñas miserias entre las que se hace presente, entre otras cosas, la pequeña política partidista; convertido en escudo protector de un juez, al que de esa manera le da alas para poder seguir llevando a cabo un agraviante desparramo de groserías.
