No han faltado voces críticas que han interpretado las concesiones salariales que hizo la gestión del ex gobernador Sergio Urribarri como gestos que ponían en riesgo la debida independencia del Poder Judicial entrerriano.
Mizawak postula exactamente lo contrario. Interpreta que el enganche automático de los reajustes de haberes con la Corte Suprema ha reforzado la autonomía presupuestaria y la independencia del Poder Judicial.
Aquí, el diálogo con ambos:
El Entre Ríos (EER): - Hoy, toda mejora en los haberes de los miembros de la Corte provoca automáticamente igual porcentaje de mejora en todo el personal de la justicia entrerriana.
Mizawak: - La ley 10068.
Salduna: - Abarca desde el Superior Tribunal hasta el último ordenanza.
EER: - ¿Por qué razón esto debería ser visto como un avance en favor de la independencia del Poder Judicial?
Mizawak: - Porque es así, es así. Es mayor independencia, categóricamente.
EER: - ¿Cómo era antes?
Mizawak: - Antes llegaba el mes de marzo. Los docentes empezaban a marchar a fines de febrero a la casa de gobierno a tratar de pautar su reclamo salarial. Y nuestros empleados, los de la Asociación Judicial de Entre Ríos, marchaban con ellos. Luego de que marchaban con ellos, venían acá, siendo que nosotros no ejecutábamos nuestro presupuesto en materia salarial, ni disponíamos ni ejecutábamos. Empezaban las retenciones de servicio, los reclamos. Acá se había tomado la decisión de descontarles los haberes por la prestación laboral que no se cumplimentaba y esto llevaba a días y días sin prestación de servicios de justicia. Esto ocurre hoy en provincia de Buenos Aires. Hace 20 días que no hay servicio de justicia. Está ocurriendo en montones de provincias.
Le daban a los docentes un 25% y a los nuestros les daban un 25%. Cuando ellos veían que allá se los atendía en el mismo lugar que a los maestros, al policía, pin, pun, pan, entonces venían y pedían 'hable Usted con el gobernador, Usted tiene que hacerlo, tiene que decirle que nosotros tenemos una capacitación específica, que ingresamos por concurso, que somos el único poder que ingresamos por concurso'. Todos sus reclamos. Y entonces empezábamos con los pedidos de audiencia al Ministerio de Economía. Ida y vuelta, ida y vuelta, gobierno de la provincia y Superior Tribunal. Primero empezábamos con el ministro de economía y el encargado de presupuesto y después, si era necesario, porque no se veía del todo bien, el gobernador y nosotros nos juntáramos a hablar de cuestiones salariales.
EER: - ¿Hoy todo eso desapareció por el enganche automático con la Corte? ¿Todo queda supeditado a lo que resuelve la Corte?
Mizawak: - Pero yo le quiero aclarar dos cosas de ese proceso, porque para mí están mal informadas o mal comunicadas, y a lo mejor nosotros tenemos la culpa, pero hay muy mala prensa con respecto a esto.
Yo no voy a poner en dudas que nuestros salarios, puestos en perspectiva con el resto de los efectores públicos, están por encima. A esto no lo estoy poniendo en duda. Lo que sí quiero que se entienda a esto como un poder diferente que se dio una discusión salarial específica, que creó una Mesa que estuvo 6 meses en funcionamiento. Se llamó la Mesa del Consenso Salarial. La presidía la Doctora Pañeda, la integrábamos dos vocales por el Superior Tribunal, los ministerios públicos -es decir, el defensor y el procurador-, dos integrantes de AJER y dos integrantes de la Asociación de Magistrados. Esa mesa, después de 6 meses de tratar de encontrar consensos, redactó un acta, que se le llevó al Poder Ejecutivo y dio lugar al decreto, y después ese decreto dio lugar a la Ley 10068.
Lo digo porque algunos piensan que esto fue una negociación espuria que se hizo a oscuras. Esto fue a plena luz del día. ¿Y por qué digo 'a plena luz del día'? Acá estuvimos reunidos más de 6 meses porque no había forma de que encontremos un consenso. ¿Por qué? Los tres: funcionarios y magistrados, superior tribunal y empleados. No había forma porque acá existe una ley de enganche de los empleados judiciales, que somos la única provincia argentina que lo tiene. No hay ninguna otra que conserve en estos momentos el enganche de los empleados a un vocal del Superior Tribunal. Entonces, donde nos tocaban a nosotros, subían todos. Enfrente, el Poder Ejecutivo, decía 'pero nosotros podemos hacer alguna consideración, pero una cosa son 9 personas y otra cosa son 300 personas, que son los jueces y otra cosa son 1700 personas'. Ese era el argumento de siempre; incluso antes, era el argumento repetido: donde los movemos a ustedes, mueven todos. Entonces, no nos movían a ninguno.
AJER puso como condición que la ley de enganche no se tocaba -porque ya se había derogado en todas las provincias-. Entonces, si nosotros queremos hacer un reconocimiento por las diferentes competencias y el gobierno del Poder Judicial, hagamos un adicional por gobierno del Poder Judicial que no derrame. Ellos lo firmaron, lo suscribieron a esto. ¿Usted sabe lo que es que la asociación judicial de Entre Ríos suscriba esto en un acta después de 6 meses?
¿Y por qué llegamos a eso? Porque además estaba por el otro lado otra ley que no se tocó: la de porcentualidad de jueces y funcionarios judiciales, que arranca desde un secretario de primera instancia hasta el titular del ministerio público fiscal, todos los que van por debajo del vocal del Superior Tribunal, y va estableciendo porcentajes. Nosotros (los vocales) el 100 %, el Procurador General un 97%, el Defensor General un 92%, un camarista 88 o 90... Están todos por ahí, todos pegaditos, uno tras de otro. El juez de primera instancia un 80 y tanto, y así vamos bajando hasta que llegamos al 60 para un secretario. Es una pirámide muy achatada en su escala.
Nosotros empezamos con la idea que en esos momentos se discutía en todos los poderes judiciales del país, de alcanzar la equiparación. Y usted va a ver qué es lo que dijo Lorenzetti hace dos semanas, que los poderes judiciales del país debemos estar todos equiparados y habla de un fondo compensador. De esto se viene hablando desde la conferencia nacional de jueces del año 2008, con la idea de que todos los jueces deben ganar lo mismo y que la Nación debe hacer un fondo compensador, porque hoy existen asimetrías terribles. Un juez de Formosa gana lo mismo que un Juez de Paz en Entre Ríos. Por eso es que no se puede avanzar con Ganancias. Por eso Lorenzetti dice toda vez que le ponen un micrófono 'tenemos que resolver también las asimetrías'. Porque ellos no tienen ley de enganche de empleados. Los empleados de la Justicia Nacional ganan mucho menos que un empleado de la Justicia de Entre Ríos y a la vez no tienen esa porcentualidad tan achatada que tenemos nosotros, que entre todos estamos en 20 puntos de diferencia, entre el más bajo y el más alto. Porque esa ley de porcentualidad nuestra fue escrita por jueces de primera instancia en su momento y la lograron.
Cuando quisimos hacer esto de la equiparación, no terminó siendo una equiparación. Comenzó siendo una mesa para equipararnos con la Justicia nacional. No nos pudimos equiparar. Es más estamos quintos, sextos, en el concierto nacional.
EER: - ¿Qué terminó siendo? ¿Un enganche con cada porcentaje de actualización de la Corte?
Mizawak: - Sí, con cada actualización de la Corte. Entonces, dispuso ahora un 15% la Corte, la provincia tiene 30 días para hacerlo efectivo. Eso dice la ley 10062.
EER: - ¿Es decir que en cada comienzo de año ya no se da la discusión salarial que se daba antiguamente?
Mizawak: - Esto es autonomía presupuestaria. Obviamente, esto es independencia judicial. ¿Usted sabe lo que es todos los años estar discutiendo cuánto y cada tres meses? Porque todo venía bien cuando no había mucha inflación pero cuando hubo mucha no era cada vez que empezaba el año, era cada tres meses, cada seis meses, y siempre la misma discusión. Era bastante desgastante, porque uno empieza con el ministro de economía, se siente desatendido porque los ministros de economía todos contestan lo mismo, y empezaban los malos humores también.
