La desaparición de otras 25 armas que estaban bajo custodia del Poder Judicial complica la situación del perito balístico del STJ, Antonio Vitali, quien se encuentra con libertad restringida e imputado por el faltante de otras 72 armas, en la causa en la que tres hombres fueron condenados en un juicio abreviado que tuvo lugar en diciembre de 2016.
Se trata de un lote de 25 armas relacionadas con dos causas que se tramitaron entre 2012 y 2013 en el Juzgado de Instrucción 2 de Concepción del Uruguay, a cargo de Mariano Martínez, quien las envió a Paraná para las pericias correspondientes, que fueron realizadas por Vitali. El informe pericial llegó a manos del magistrado, pero nunca volvieron las armas. Martínez las reclamó y, como no aparecieron, presentó una denuncia en abril de 2012 en la que, inicialmente, intervino el fiscal uruguayense Fernando Martínez Uncal.
En ese entonces, Vitali presentó un oficio y un recibo firmado por un funcionario policial al que, aseguró, le había entregado las armas para su restitución al juzgado de Martínez. Como las armas seguían sin aparecer, se inició una investigación que recayó en la fiscal Laura Cattáneo, quien en un principio no sospechó de Vitali.
Cuando se conoció el faltante de las otras 72 armas y estalló el escándalo por el robo en Tribunales, la fiscal dirigió el foco hacia el perito y lo imputó en junio de 2016 por la sustracción de las armas y también por la supuesta falsificación de la documentación que presentó para justificar el faltante, ya que el nombre del policía que supuestamente recibió el lote de armas resultaba ilegible en el recibo que aportó Vitali y, además, aunque se lo buscó, el uniformado en cuestión jamás apareció.
En esta causa defiende al perito desde julio de 2016 el abogado Marcos Rodríguez Allende, quien también lo representó hasta la semana pasada en la causa por la sustracción de 72 armas en la que Vitali estuvo con prisión preventiva y domiciliaria y actualmente está bajo libertad restringida. El perito cambió de abogado en ese expediente y en las últimas horas asumió su defensa el abogado Rubén Pagliotto.
Por ser anterior a la implementación del nuevo código de procedimientos penales, la causa recayó en el Juzgado de Transición 2 a cargo de Pablo Zoff, donde se tramita actualmente. Según establece la legislación, puede acumularse con la otra causa al momento de darle un cierre, ya sea para su elevación a juicio o en función de un proceso abreviado o una probation. Así se procede con todos los expedientes tramitados mediante el sistema anterior.
La investigación por el robo de armas comenzó en enero de 2016 cuando el jefe de la comisaría cuarta, Héctor Martínez, detectó tras un allanamiento el secuestro de un arma que tenía que estar custodia del Poder Judicial. Ese dato derivó en una investigación que reveló que el faltante alcanzaba a 72 armas que estaban en el depósito de efectos secuestrados de Tribunales y fueron sustraídas a lo largo de dos años, hasta mayo de 2016. Se acusó a Vitali de sacar las armas de ese lugar, al que tenía acceso por su rol de perito oficial especializado en balística del STJ. Después, las armas eran entregadas por el empleado judicial Maximiliano Bertoni a los intermediarios Mario López Alonso y Eduardo Borgogno, que las vendían a personas que no contaban con la condición de legítimo usuario, y repartían el dinero obtenido entre todos. Cada arma, según surgió en la pesquisa, se comercializaba por un precio de entre 2.000 y 3.000 pesos, según calibre, marca y demás características. También están imputados hombres y mujeres señalados como compradores.
En un juicio abreviado que tuvo lugar en diciembre, el juez de Garantías 2 Eduardo Ruhl condenó a Bertoni a tres años de prisión condicional e inhabilitación absoluta y perpetua por los delitos de peculado, en grado de partícipe necesario, y sustracción reiterada de objetos en custodia, en grado de coautor, en concurso con la provisión ilegal de armas de fuego. A Borgogno y a López Alonso el magistrado los consideró autores del delito de receptación sospechosa, en concurso ideal con la provisión ilegal de armas de fuego agravada y dispuso tres años de condicional para el primero y un año y medio para el segundo. Los tres deben realizar tareas no remuneradas en alguna institución de beneficencia.
A diferencia de lo sucedido en esta causa, donde se comprobó que armas secuestradas habían vuelto al circuito del hampa, en la que se inició en Concepción del Uruguay la investigación se cierra, de momento, en la presunta responsabilidad de Vitali en la sustracción de las piezas. Hasta ahora no surgen datos que revelen la comercialización de esas armas en el mercado negro y la participación de otras personas en la operatoria. Pero es probable que el modus operandi haya sido el mismo y las sospechas podrían volverse otra vez hacia los imputados que acordaron juicios abreviados en diciembre.
