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Urribarri sostuvo a Mazurier en el cargo
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Luis Mazurier, Director del Diario El Sol y expresidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) se sentó al lado del Fiscal Aníbal Lafourcade, que lleva siete años investigándolo, y escuchó durante más de una hora el relato de las "tropelías" que le endilgó. En efecto, el principal imputado en la Causa CODESAL-Hotel Ayuí, asistió junto a su abogado defensor, Osvaldo Rául Sarli, a la audiencia en el Juzgado de Garantías, que derivó en la inhibición de sus bienes y cuentas bancarias. Cuando finalizaba el encuentro, el Juez Darío Perroud le preguntó si deseaba hacer uso de la palabra. Mazurier aceptó el desafío y adelantó los que serán probablemente sus principales argumentos para sostener su inocencia.

Comenzó por aseverar que el organismo bajo su responsabilidad, la CODESAL, jamás recibió el Hotel Ayuí. Es más, según él, el complejo aún continúa bajo la órbita de CTM. O sea, nunca dependió de él.

Obvio, evitó refutar cómo fue que llevó a la gerencia del Ayuí a su pareja Cintia Mengeon, o cómo un encargado de cantinas de la CODESAL y una empleada-socia del Diario El Sol compraron las acciones de BALACE SRL, la firma concesionaria del complejo.

Fue notorio el esfuerzo de Mazurier por recalcar que la CODESAL no dependía de nadie más que del Superior Gobierno de Entre Ríos en la persona del gobernador.

Aseguró que si el Hotel nunca pasó a manos de la provincia, fue porque quien debía recibirlo, el gobernador, no lo hizo. "La CODESAL no tenía que hacerse cargo de nada. Tenía que hacerse cargo el que firmó el convenio. Nosotros éramos un organismo sujeto al gobierno de Entre Ríos. O sea que el que tenía que tomar la posta ahí, cuando CTM decía que nos mandaba notas que el hotel quedaba a disposición, era el gobierno de la provincia", dijo Mazurier.

Y enseguida tiró sobre la mesa una pieza clave de su planteo defensivo: "Primero, para quedar a disposición de la provincia, tendría que haberse hecho un inventario, porque esos son bienes muebles e inmuebles y tenía que redactarse qué es lo que había en el lugar. ¿Quién iba a hacer el inventario? La provincia de Entre Ríos, el Superior Gobierno de Entre Ríos y no la CODESAL", enfatizó.

Su insistencia en remarcar la dependencia directa del gobernador tuvo otro propósito: intentar justificar por qué ni el Ministerio de Gobierno ni el Tribunal de Cuentas pudieron mostrar a la Fiscalía ni un solo papel de las rendiciones de cuentas de los ingresos de la CODESAL.

"Toda la documentación de la CODESAL está a disposición porque se encuentra en el Superior Gobierno de Entre Ríos y no en el Ministerio de Gobierno y Justicia, que no es superior de la CODESAL", dijo.

De inmediato, redobló la apuesta al sostener que la documentación de su gestión no está tampoco donde funciona actualmente la CODESAL "porque justamente se está haciendo una compulsa de todos los ingresos y los egresos en el Gobierno de Entre Ríos, que creo que es en la Contaduría General de la Provincia. Ellos son los que tienen la documentación", concluyó.

Contrariamente a sus dichos, el decreto de creación de la CODESAL parece darle la razón al Fiscal para haber pedido las rendiciones tanto al Ministerio de Gobierno como al Tribunal de Cuentas. En su artículo 11, el decreto 252/05 estipula: "Establécese que la administración contable de la CODESAL estará a cargo de la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Gobierno".

Y el artículo 6 del mismo decreto determina: "Aclárase que la fiscalización de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande quedará a cargo del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, conforme a la ley de contabilidad, se le enviarán los balances anuales de gastos e ingresos".

En el remate de su alocución, Luis Mazurier no sólo aseguró que no se quedó con un peso sino que dijo haber puesto dinero de su bolsillo y que deberían resarcirlo.

Sangrando por la herida tras ser apartado de la conducción de la CODESAL, Mazurier explicó: "Actualmente hay otro funcionario de la CODESAL, que en 12 meses van a gastarle al gobierno de Entre Ríos alrededor de 18 millones de pesos. A mí, desde el año 2011 al 2015 me dieron cero peso. Es decir, lo que nosotros teníamos que pagar, pagábamos con el dinero que recaudábamos y cuando faltaba tenía que poner yo el dinero. No era que sacaba el dinero y me lo guardaba en el bolsillo. Sería extraordinariamente ilógico que yo recaudara la plata y que la gente me reclamara que no le pagaban el sueldo".
Fuente: El Entre Ríos

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