Su interlocutor creyó que Don Luigi se había confundido de fecha. “Lo espero el domingo a las 8”, reiteró el empresario. Y así fue: el diálogo se produjo con las primeras luces del día y en una oficina silenciosa y austera desde donde podían verse máquinas, vehículos y materiales acopiados.
Losi reconoció aquella vez que no se llevaba bien con el ocio. Y que a diferencia de Dios, los días domingo él prefería trabajar.
En ese reportaje, publicado por el semanario Análisis, Losi se jactó de no conocer los bares de Paraná. Dijo no entender cómo las personas podían perder el tiempo en torno a la mesa de un café. Y prefirió recordar qué cosas hizo para gestar una firma que es sinónimo de obra pública en Entre Ríos y que además se proyectó a nivel nacional e internacional.
También repasó su relación con políticos de distintos signos, indispensable para comprender hasta dónde llegó.
Por eso, cuando en octubre de 2016 estalló el escándalo por la ejecución de obras de infraestructura con motivo de la Cumbre del Mercosur, el patriarca le dio una orden a su hijo Gabriel: debía moverse para evitar que se siguiera hablando de la empresa.
La firma, por orden del fiscal Juan Malvasio, había sido allanada junto a otras destacadas contratistas: Caballi SA; Szczech & Szczech SA; OIC SA; y Cemyc SRL. Los principales directivos del ahora llamado “Club de la obra pública” quedaron imputados en una causa por fraude a la administración pública que aún sigue abierta.
Sin embargo el Ministerio Público Fiscal no fue contra Luis Losi SA. “Si Gabriel no se movía el viejo lo mataba”, reveló uno de los imputados. Y no era para menos: la empresa sólo asfaltó un camino interno del Centro Cultural La Vieja Usina, una de las sedes de la Cumbre del Mercosur. Un trabajo de poca monta para una compañía dedicada, entre otras cosas, a construir y reparar rutas.
Gabriel Losi se puso a disposición de la Justicia, aportó documentación y explicó en qué consistió esa obra por la que se pagaron 500.000 pesos. También aprovechó para solicitar la devolución de computadoras incautadas durante el allanamiento, pero no consiguió la respuesta inmediata que esperaba ya que faltaban las pericias.
Para entonces Luis Losi SA no sólo tenía una trayectoria y un prestigio que parecían ser puestos en discusión. Su nombre había figurado un año antes, el 20 de agosto de 2015, en un listado de 40 compañías difundido por el exministro de Planificación Federal de la Nación, Julio De Vido, quien así intentó desmentir el favoritismo del kirchnerismo con Austral Construcciones SA, la compañía insignia de Lázaro Báez. Luis Losi SA apareció ocupando en el puesto número 30 entre las principales contratistas de obra pública del país. Y un escalón antes Lemiro Pietroboni SA. Ambas con sedes en Entre Ríos y con inversiones compartidas, no sólo a través de circunstanciales Uniones Transitorias de Empresas (UTE), sino en el manejo de un corredor vial.
Luis Losi SA y Lemiro Pietroboni SA conformaron Carreteras Centrales de Argentina SA, que tiene a su cargo la concesión de la Ruta Nacional Nº 34. Sus puestos de peaje se distribuyen entre la Circunvalación de Rosario (kilómetro 13,95) y el límite entre las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero (kilómetro 398).
Cuando el empresario Víctor Pietroboni, poco antes de morir, reveló cómo se distribuía la obra pública en la Argentina y dejó entrever la connivencia entre ejecutivos y funcionarios públicos, las alarmas volvieron a encenderse en las oficinas de Luis Losi SA. Sin embargo, pese a que sus dichos llegaron hasta el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Pablo Seró, la denuncia de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet no generó la reacción que se esperaba por parte del magistrado ni del Ministerio Público Fiscal.
Por eso la calma chicha volvió a reinar en las oficinas de Luis Losi SA. Hasta que el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, en su rol de imputado colaborador, prendió el ventilador y esparció estiércol para todos lados.
Manchado y mencionado, a Don Luigi Losi no le quedó otra alternativa que presentarse ante el juez federal Claudio Bonadío. Algo que parecía imposible.
