Nada que, de sincerarnos, pueda llegar a sorprendernos, en una sociedad como la nuestra en la que pareciera que todos nos sintiéramos y actuáramos como si estuviéramos “empoderados”, lo que no significa otra cosa que pareciera que nos consideramos con derecho a actuar de la manera que nos den las ganas.
En tanto el DNU al que nos referimos, según se dice con el lenguaje debido para emplear en estos casos, viene a determinar que los servicios de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones -a las que para simplificar se las conoce como TIC- se declaran desde su publicación “servicios esenciales y estratégicos” en competencia, interviniendo en consecuencia al sector.
De donde cabe comenzar por señalar que éste incluye, en lo que aparece de interés para la mayoría de la población, a la telefonía fija y móvil, a Internet y la TV paga. A lo que debe agregarse que, de una manera inmediata, y a los efectos prácticos, para ella se traducirá en una congelación del monto del precio de los servicios -que pasarán a ser “tarifas”- indicados hasta fin de año.
En tanto, consideramos de interés, antes de adentrarnos en los efectos a mediano y largo plazo de la medida que nos ocupa, aludir a una circunstancia a la que cabría considerar hasta de gravedad institucional -considerado este en un sentido amplio- que se hizo presente en las semanas previas a la sanción del decreto.
A ese respecto cabe recordar que, por una decisión adoptada en medio de la emergencia sanitaria, el presidente había dispuesto la congelación de esos precios, “reperfilados” ahora como tarifas hasta el fin de este mes. Y que como consecuencia de ello, representantes gubernamentales y de las empresas del rubro habían avanzado hasta casi el instante mismo en que se dictó el decreto aludido, en una negociación en la que incluso existía un principio de acuerdo, al que solo le faltaba su cierre.
Fue allí cuando como “un rayo”, lanzado por el presidente, cuando no de buenas a primeras sino de malas a segundas, se hizo pública la decisión ejecutiva. Algo que no puede dejar de provocar una seria preocupación, ya que nos encontramos ante un caso en que se ve al gobierno negociando a lo que no es en apariencia de “buena fe”.
Una circunstancia que tiene una proyección más amplia, ya que muchos de aquí en más serán a los que, visto lo sucedido, comenzarán a mirar con desconfianza las palabras gubernamentales. Lo cual, lleva válidamente a que sean muchos los que duden acerca de si lo que afirma el gobierno es cierto, o esconde una mentira.
En tanto, estamos convencidos que, al menos entre las generaciones de mayor edad de nuestra población, una decisión de este tipo no resulta extraño que afirmen que “ya hemos visto esta película, no solamente una vez, sino también repetida muchas veces”.
En cuyo argumento se hacían presentes recurrentes y prolongados cortes de luz, y las dificultades en los tiempos de la telefonía fija de obtener la habilitación de un teléfono para que funcione en su casa o en su empresa. Y a ese respecto suena a cuento el relato de un hecho cierto, el cual daba cuenta que el valor de compra o de alquiler de un local o de una vivienda mostraba abismales diferencias, si el uno o la otra contaban -o no- con teléfono.
O sea, que pasando por alto la cuestión si detrás de la decisión presidencial existen segundas, terceras o cuartas intenciones, el hecho previsible es que esta intervención va a significar cuando menos un retraso permanente en el ajuste de las tarifas o de los precios.
Como consecuencia de lo cual, empresas dejarán de invertir en la ampliación y mejoras del servicio desde un primer momento, a lo cual se agregará a renglón seguido una reducción en gastos de mantenimiento en toda la infraestructura del servicio.
A este respecto, resulta hasta innecesario remarcar que este tipo de servicios, cuya prestación exige inversiones cuantiosas casi diarias, atento a la velocidad de los avances tecnológicos, que hacen que lo que ayer era “lo último”, al día siguiente aparezca casi obsoleto, no pueden mantenerse vivos y pujantes cuando los tenedores de capital se vuelven reacios a aplicarlos en emprendimientos de nuestro país, ante las señales de ausencia de previsibilidad y de seguridad jurídica, tal como se da en este caso.
Lo que comienza a hacerse presente en muchos municipios del conurbano capitalino, aparece como un preanuncio de lo malo que puede llegar a suceder. Es que basta con recordar que al respecto en estas columnas hemos hecho referencia a que en los “barrios populares” incluidos en ellos, sus habitantes cuentan con un servicio gratuito de energía eléctrica, ya que el costo de ese consumo domiciliario y del alumbrado público barrial, queda a cargo de la municipalidad respectiva. La que no paga por el servicio cuya prestación ha recibido, y por el que todos ellos adeudan sumas millonarias, al mismo tiempo que se los ve reclamar ante el ente regulador del servicio, por las deficiencias que sostienen existen, en uno que se presta y por el que no pagan.
Debemos advertir que todo lo expresado es totalmente al margen de las discusiones que puedan entablarse en torno al capitalismo -ya sea de Estado o privado-, o de la libertad de mercado y del intervencionismo estatal en el campo de la economía.
Aunque el hecho cierto es que por lo menos “nuestro Estado” no cabe considerarlo como un buen programador ni menos todavía buen gestor de las empresas de que es propietario. Basta con atender al escándalo extraordinariamente costoso que se traduce tanto el caso de la supervivencia de Yacimientos Carboníferos Fiscales, y su prenda más preciosa como son sus minas de carbón y su mega usina, como el de Aerolíneas Argentinas, con su millonario déficit diario medido en dólares.
