Algo totalmente explicable ya que frente a un delito, o un hecho que, sin llegar a serlo, constituya una situación que deba ser esclarecida como manera de contribuir al mantenimiento de la paz social; siempre está el interés público presente, aún en el caso de ausencia de otro de naturaleza privada.
Es que ante una denuncia, no puede existir circunstancia alguna que permita no ser recibida por la autoridad competente, ante la cual se hace efectiva; sino que de cualquier manera se debe hacerlo, sin perjuicio de su posterior y eventual rechazo, algo que exige la investigación, aunque fuera sumaria, de los hechos.
De no procederse así, nos encontramos ante un escandaloso impedimento de acceso a la Justicia, que por lo mismo que es así, merece un reclamo severo tanto a jueces y fiscales, como ante la opinión pública; en este caso, para que a ella se sume al reclamo popular.
Viene en ese sentido al caso, la referencia a un sucedido que si no es exactamente “un impedimento” de acceso a la Justicia, tiene a los efectos prácticos consecuencias similares. Es que en jornadas sucesivas hemos venido ocupándonos de un suceso -de aquellos que pueden esconder un drama- y cuya investigación se encuentra paralizada, como resultas que el servicio de justicia carecería de los fondos necesarios para producir una prueba fundamental, en tal medida que con ella quedaría esclarecida la situación y finiquitado el entuerto, con la celeridad que el mismo exige.
Los hechos a que nos estamos refiriendo son conocidos, y son los vinculados con la denuncia efectuada por un matrimonio contra un hospital de Concordia; señalando que en un momento dado hubo “cambio de recién nacidos”, dado lo cual los restos sepultados de uno de ellos, no son los de un hijo suyo.
La manera de proceder ante lo denunciado es harto sencilla, para dejar establecida la verdad de lo ocurrido, ya que resulta suficiente contar con el ADN del recién nacido fallecido e inhumando y los de quienes dicen no ser sus padres.
Pero la sencillez se vuelve una casi imposibilidad, cuando según se señala, por la falta de recursos del organismo oficial que debe llevar a cabo la pericia, ya que la misma sería concretada dentro de seis meses, en el caso que se le encomiende su realización al mismo que, como es obvio, debería ser gratuita.
O sea que esperaría a los denunciantes seis meses de una cruel incertidumbre, por no poder afrontar la pericia con dinero propio, del que carecen, mediante la labor de un laboratorio privado; en cuyo caso, su realización sería efectuada rápidamente, o sea de una manera inmediata. En este último caso -análisis de ADN por un laboratorio particular- sería, a estar a la información disponible, se debería contar con una suma de dinero que no excede a los 80 mil pesos.
Una cantidad grande o pequeña, según se mire; ya que para algunos puede ser nada más que el importe de una harto generosa propina, justificada por las circunstancias; mientras que para otros -como es el caso de los denunciantes- alcanzar a reunir ese monto por sí solos, significa no otra cosa que un imposible.
De allí que con ese objeto hayan organizado una rifa y abierto en una institución bancaria una cuenta, en la que se puedan efectuar aportes solidarios. Una situación, la expuesta, que merecería una retahíla de críticas -del mismo tenor en su conjunto a los aportes que sería de esperar de los lectores- pero que a todas ellas cabría reunirlas en una sola, que denuncia algo que dé la impresión de ser un “Estado pordiosero”.
Ello así, en cuanto se muestra en condiciones de asumir en tiempo adecuado el cumplimiento de sus funciones esenciales, lo que obliga a personas sin recursos -las que cuentan con ello, es algo menos grave, aunque no deje de serlo- a “arreglárselas” como puedan.
Porque al obligar a los denunciantes, a actuar en la forma que se vean forzados a terminar haciéndolo, no son estos los pordioseros; sino que de una manera indirecta pero explícita, lo son quienes los obligan a hacerlo por su cuenta, sin darle ninguna alternativa. De donde quien los obliga a actuar de esa manera, y es el que merece esa caracterización, no es -tal como se lo ha indicado- sino ese Estado, el cual, por más que pretenda ocultarlo, no resulta sino mostrándose de esa manera. Aunque por otra parte se muestre dispendioso, a la hora de gastar en objetivos -y eso, en el mejor de los casos- superfluos.
Una vergüenza más, entre tantas otras vergüenzas, que nos continúan agobiando, de una manera que da la impresión de volverse interminable.
Porque a esas cosas en apariencia minúsculas -aunque no lo son para tantos que las sufren-, sin que debiera así suceder se suma el escándalo de cosas mayúsculas de carácter escandaloso, a las que se las deja pasar sin dificultad alguna.
Frente a lo cual, queda el silencio estruendoso de funcionarios de todos los órdenes y niveles, que no han dado lo necesario de sí -todo ello, según parece- para que cosas como las señaladas no ocurran.
Es que las mismas, de una manera velada, son aprovechadas por quienes con fines que no son aquellos del interés público, sino de los afectos al “vamos viendo”, las de quienes se valen de estas situaciones para alimentar las críticas con las que se busca no mejorar, sino demoler, nuestro sistema de justicia.
