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Se trata de un plan de financiación de “soluciones habitacionales” que acaba de lanzar el gobierno nacional. La iniciativa no puede, en principio, dejar de considerarse encomiable, ya que daría la impresión que el accionar oficial se encuentra de una manera casi exclusiva centrado en la pandemia y en las próximas elecciones nacionales.

Se trata, por otra parte, de una iniciativa con la cual nadie ha de dejar de coincidir, ya que el “acceso a una vivienda digna” es un derecho de jerarquía constitucional. Aunque el mismo, y eso conviene dejarlo bien en claro, es un “derecho” -por desgracia- de naturaleza más “programática” que “operativa”. Prueba de lo cual es la circunstancia que ante un reclamo judicial, exigiendo el que carece de ella que le sea entregada por el Estado una vivienda, concluirá casi con seguridad -e intercalamos el “casi” para que sea menos fuerte el golpe por una expectativa frustrada-, con el rechazo de esa demanda, por el juez a quien le corresponda tallar en el entuerto.

A la vez, las puntualizaciones ineludibles que provoca una iniciativa de esa envergadura, corresponde que tengan ineludiblemente como presupuesto, una explicación al menos escueta de aquello en que consiste el programa, y para eso nos valemos de la información oficial, resumida en la forma que, a continuación intentamos hacerlo.
· Como primera etapa del programa está contemplado el lanzamiento de 87.000 créditos individuales, a tasa de interés cero– orientados a la refacción y construcción de viviendas nuevas.

· Estas nuevas líneas de créditos están ajustadas por la nueva fórmula Hog.Ar de actualización de capital basada en la evolución de los salarios. Se trata de 65.000 créditos personales para la compra de materiales y trabajo de mano de obra para mejorar las condiciones habitacionales, y de 22.000 créditos hipotecarios para la construcción de vivienda nueva de hasta 60 metros cuadrados en lote propio.

· Se reitera que el importe de las cuotas se ajustará teniendo en cuenta la variación en los índices salariales; y, lo más importante, que tendrá ese incremento un tope equivalente al 35% de los ingresos personales en ese concepto del solicitante.

· En el caso de los 65.000 créditos destinados a la compra de materiales y trabajo de obra, habrá 40.000 por un monto de $100.000 y de 25.000. En el primer caso la cuota total será de $2882,24 y en el segundo, de $6917,37. En ambas modalidades, el plazo será de 36 meses, con tres meses de gracia.

· Por su parte, los 22.000 créditos hipotecarios para la construcción de vivienda nueva de hasta 60 metros cuadrados en “lote propio” –corresponde destacar esa circunstancia- consistirán en una suma máxima de $4.000.000, con cuotas que irán, según el tramo y la cantidad solicitada, desde $13.375 hasta $$43.750.

· De esa manera se daría el puntapié inicial al referido programa, forma parte de una política federal de viviendas, que brindará 264.000 soluciones habitacionales, y que “garantizará el derecho a la vivienda promoviendo su acceso igualitario en todo el país”.

· Se destaca que la premisa fundamental del programa es la de dejar de lado el concepto de “vivienda social” y sustituirlo por el de “vivienda digna”, de hogares donde “todos y todas” (sic) tengan la posibilidad de crecer y desarrollarse.

· En función de ello se remarca que la decisión oficial es que no haya dos o más tipos de viviendas financiadas por el Estado. Es por eso que el programa “Casa Propia” incluye también las viviendas de Procrear y todas la demás que financie el Estado en un plan trienal con provincias y municipios, con aproximadamente 267.000 soluciones habitacionales”.

· La idea original de este programa, que comprende el trienio 2021-2023, fue la de construir 120.000 viviendas antes de que termine este año.


Como se observa, y la información oficial también lo indica. Se distinguen dos fuentes de requerimientos: uno de tipo cualitativo, relacionado con mejorar la calidad de la vivienda, y otro, de tipo cuantitativo, relacionado con el número de viviendas.

En el cómputo del número de viviendas, nos queda al menos en nuestro caso el significado del enunciado por el que se señala que “se trata de estimar las nuevas unidades necesarias para que exista una relación uno a uno, entre viviendas adecuadas y familias que necesitan alojamiento”, si se tiene en cuenta que las últimas estadísticas oficiales conocidas en la materia hacen ascender a más de tres millones de integrantes de nuestra población que tienen que soportar las consecuencias de la carencia de una vivienda digna.

En tanto, “el déficit cualitativo” se refiere a las viviendas particulares que deben ser mejoradas en sus atributos materiales, acceso a servicios (agua corriente, cloacas, luz eléctrica) y eventual hacinamiento. Se parte aquí de la distinción que se hace en cuanto a su calidad en tres grandes grupos: a) "vivienda buena", cuyas condiciones son satisfactorias; b) "vivienda recuperable", que es aceptable pero requiere intervenciones específicas y parciales para convertirse en vivienda buena; c) "vivienda irrecuperable", donde solo cabe su reemplazo porque no hay posibilidad de mejora. Por nuestra parte, consideramos que en esta categoría quedan incluidas la “viviendas precarias” –las que en muchos casos no llegan ni siquiera a ser eso- y que constituyen una situación, la que como sociedad debería llenarnos de vergüenza.

No podemos dejar de efectuar una serie de puntualizaciones sobreañadidas a lo que hasta aquí ha quedado expuesto y que son las siguientes:

§ si bien principios tienen las cosas, y por eso el programa debe ser bienvenido, debemos todos ser conscientes de que la dimensión del plan es modestísima, si se tiene en cuenta el déficit habitacional que sufre la sociedad, y que vuelve impostergable tener como meta su solución en forma prioritaria, junto a los del hambre, la educación y la salud. Es más, de encararse con un esfuerzo de esa magnitud ciclópea, ello haría necesario una reorientación profunda de la aplicación de los recursos públicos, lo cual de una manera indirecta contribuiría a dar respuesta a cuestiones como son la desocupación y la reactivación de la economía. Ya que desde siempre ha sido nuestra convicción que “no es cierto que el estado no cuente con los recursos suficiente, sino que si estos no alcanzan es porque se gastan mal”.

§ no puede a la vez dejar de advertirse que la utilización hasta cierto punto al menos eufemística de “soluciones habitacionales” para poner en una misma bolsa la construcción de nueva viviendas, junto a las ampliaciones de ellas y refacciones, sin desmerecer la importancia de estas últimas, sirve para que quede disimulado la inversión trienal proyecta para nuevas viviendas.

§ no queda por otra parte claro, si el nuevo programa significa el abandono de la práctica de construir viviendas “en monobloques”. Ni de qué manera se podrá aplicar el tope del monto de las cuotas de financiación del 35 % de los ingresos, en el caso de los trabajadores informales.

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