En un escrito de 540 páginas, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry señalan que “encontrándose concluida la presente Investigación Penal Preparatoria en lo que refiere a los imputados, efectúe el control correspondiente y remita el caso a juicio, previa realización de la audiencia”.
La petición fue elevada a la jueza de Garantías, Marina Electra Barbagelata, quien notificó a todos los defensores y también al actor civil, la Fiscalía de Estado.
Son 32 los imputados en la causa: Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni.
El pedido de remisión a juicio sobreviene tras la finalización de la pericia contable. Luego de más de año de trabajo, los peritos concluyeron el informe en la causa por los presuntos contratos apócrifos de la Legislatura entrerriana. Esa pesquisa finalmente llegó a establecer el monto final del perjuicio que se habría producido al Estado provincial: $1.111.871.715, a valores del mes de marzo.
La investigación cobró notoriedad en septiembre de 2018 y generó un alto impacto por el volumen del supuesto desfalco, mediante contratos irregulares de personal tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
La tesis de la Fiscalía es que, en ese período de tiempo, se produjo un perjuicio económico a la Legislatura de $2.000 millones. Esa afirmación fue cuestionada por los defensores de los imputados en la investigación, quienes pidieron una pericia contable independiente a cargo de un perito que depende del Superior Tribunal de Justicia.
Fue así que, a fines de 2019, fue nombrada para esa tarea la contadora Andrea Mariana Battisti, profesional dependiente de la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial del alto cuerpo, designada por el vocal de esa sala, Martín Carbonell. La tarea comenzó a finales de ese año y continuó incluso durante toda la pandemia de Covid-19 en el año 2020.
Finalmente, el trabajo llegó a su fin, ya que la contadora Battisti, en forma conjunta con el perito de parte, el contador Cristián Dumé, presentaron un extenso informe sobre los contratos investigados. El documento cuenta con un extenso detalle -de más de 250 páginas-, en los que se establecen montos de contratos, duración y, por supuesto, la identidad de cada beneficiario.
En el trabajo, el perito oficial del STJ responde algunos de los “puntos de pericia” solicitados por la Fiscalía y los defensores. Uno de los principales ítems era, precisamente, que se establezca el monto económico de los contratos cuestionados.
Al respecto, se indicó que el monto estimado dentro del período investigado asciende a $372.924.249,00. Ese total surge de la suma de los contratos investigados de la Cámara de Senadores, en el período que va de enero de 2008 a septiembre de 2018; y los de Diputados, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2018, cuando comenzó a tramitarse la causa.
