HONRAR LA JUSTICIA
El rechazo de la jueza de Garantías, Dra. Céspedes, de que seamos parte querellante en la causa de “Cobro de Oxígeno”, da mucho que hablar y generó indignación y tristeza, sumada a la ya desconfianza que la gente le tiene a “la justicia”.
Es que, ésta era verdaderamente una oportunidad, para que los ciudadanos volvamos a creer en la Justicia, que lamentablemente, muchas veces a costo de algunos operadores judiciales que tenemos, se ve tan dañada y entristecida.
Éste proceso judicial vino a demostrar, una vez más, el maltrato que las víctimas y denunciantes sufrimos por parte del Poder Judicial, cuestión que motiva que muchas veces, la gente no quiera denunciar, “porque total la Justicia nunca hace nada”. Es que, sinceramente, y a juzgar por el trato recibido, parecemos más denunciadas que denunciantes.
En definitiva, los palos en la rueda pueden inventarse, inclusive pueden inventarse alegando la aplicación de determinada ley, y darle a ese “obstáculo” una “apariencia de legalidad”, pero esto no implica que ésta solución sea justa, ni constitucional, y mucho menos, que esté dirigida a “afianzar la justicia…”
Las resoluciones como las que aquí cuestionamos, dañan no sólo a una sociedad sedienta de justicia, y a la justicia en sí misma, sino también a todos los otros miembros del Poder Judicial que ejercen con absoluto compromiso y responsabilidad su función, y entienden de qué se trata “el servicio de justicia”.
Pero además, los hechos que se desencadenaron a raíz de la “denuncia al hospital” -como se conoce en la calle elisense-; demostraron un pueblo hermanado y unido, y demostraron también, que los ciudadanos estamos comprometidos en el esclarecimiento de éste caso.
Así, creemos que lo resuelto por la Dra. Céspedes, “jueza profesional en la materia”, debe ser el puntapié inicial, para que, como sociedad, comencemos a pensar, y a exigir, que LOS DELITOS CONTRA LA CORRUPCIÓN, se resuelvan en un JUICIO POR JURADOS; y de ésta forma, también, el pueblo participe de ésta honrada tarea, que es, IMPARTIR JUSTICIA.
* las denunciantes y firmantes, extendemos nuestro abrazo y respeto a aquellos operadores judiciales que tienen un ferviente compromiso y servicio de justicia.
Ahora, la decisión quedó en manos de la Sala Penal de Concepción del Uruguay, estamento al que las denunciantes apelaron la resolución de la doctora Céspedes -con el patrocinio letrado del abogado penalista José Ostolaza-, donde deberán ratificar o rectificar la decisión de la jueza de Garantías colonense. La magistrada había optado por la negativa amparándose en que, al tratarse de un presunto delito de corrupción en el seno de la administración pública, el Ministerio Público Fiscal tiene conferido el monopolio de la acción para llevar adelante la investigación. Sin embargo, Marano Roude, Giovenale y Fernández sostienen que hubo “prejuzgamiento” y “violencia institucional” al no haber sido convocadas a una audiencia antes de rechazarse la querella, convencidas de que en esa instancia podrían haber acreditado los hechos que las harían víctimas de los delitos denunciados.