Garzón, junto a su colega Susana María Paola Firpo, también magistrada suplente, buscó aplazar la realización de la etapa de oposición de dos concursos, y ello finalmente ocurrió así no por sus planteos sino por sugerencia del Comité de Organización de la Emergencia Sanitaria (COES) del Ministerio de Salud, que consideró que no estaban dadas las condiciones epidemiológicas por la pandemia para su concreción en mayo último.
Garzón es el juez que este jueves debe decidir si aprueba o rechaza el acuerdo de juicio abreviado al que llegaron el Ministerio Público Fiscal y la defensa del exdiputado provincial José Ángel Allende (PJ) en el marco de cuatro causas penales que pesan sobre las espaldas del expresidente de la Cámara de Diputados. En 2020, un tribunal colegiado ya rechazó ese abreviado, pero a fines del año último la Cámara de Casación Penal revisión ese decisorio y lo declaró nulo, y habilitó la nueva instancia.
El aplazo
Los concursos para cubrir dos cargos de vocal para el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, y dos para el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná fueron suspendidos, por segunda vez, luego de la intervención del COES.Firpo, jueza de Garantías suplente, y Garzón, integrante también suplente del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, acudieron con una presentación ante el Comité de Organización de la Emergencia Sanitaria (COES) y consiguieron que ese organismo obligara al Consejo de la Magistratura a dar marcha atrás con la instancia de evaluación presencial prevista para el 20 de mayo último. De ese modo, esa prueba fue suspendida sin fecha en función del cuadro sanitario por la pandemia de coronavirus.
En la presentación que efectuaron ante Salud, “se manifiesta que los concursos se llevarán a cabo en la Facultad de Ciencia y Tecnología (de Uader) km 10,5, ciudad de Oro Verde, y en el Gabinete de Informática de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Ambos concursos se realizarán con 40 postulantes cada uno, con personas provenientes de distintos lugares de la Provincia. Además, la evaluación tiene una duración de 7 (siete) horas”.
“El COES considera que dadas las características de la actividad que se pretende realizar, la misma deberá ser diferida en virtud de la situación epidemiológica actual por la cual está atravesando la ciudad de Paraná, clasificada como de ´Alto Riesgo Sanitario´”, dice el texto que firma la ministra de Salud, Sonia Velázquez; el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti; y el secretario de Políticas Sanitarias, Guillermo Zanuttini.
La prueba de oposición que en mayo suspendió el COES había sido convocada originalmente para el 28 de abril, pero fue postergada para el 20 de mayo en función de la situación epidemiológica, a través de la resolución N° 265, del 26 de abril, del Consejo de la Magistratura.
El revés
Ahora, a través de la resolución N° 1.139, el Consejo de la Magistratura declaró abstracto un recurso de Garzón que había cuestionado el protocolo sanitario aprobado para la realización de las pruebas de oposición en los concursos de selección de magistrados. El texto de la resolución señala que “en su presentación el recurrente indica que el protocolo sanitario aprobado mediante Resolución N°1138/21 no reúne los requisitos del artículo 65 de la Constitución Provincial, por cuanto entiende el mismo no se encuentra debidamente fundado”, y que “es violatorio de los principios establecidos en el artículo 16 de la Constitución Nacional, en tanto es discriminatorio, entre otros motivos porque sería únicamente de aplicación para los Concursos N°229 y N°230”.Pero el planteo de Garzón devino abstracto en opinión del Consejo de la Magistratura por cuanto la prueba de oposición que debía concretarse el 20 de mayo fue reprogramada y además se elevó al COES un nuevo protocolo sanitario, que ya fue aprobado. De igual modo, el organismo de momento no ha fijado una tercera fecha para ese la prueba de oposición de esos dos concursos.
El Consejo de la Magistratura tampoco hizo lugar a un planteo del juez Alejandro Joel Cánepa, que señaló que el nuevo aplazamiento del concurso deriva en medidas “que agravan aún más la situación de los postulantes”.
Cánepa había argumentado que, por el tiempo transcurrido, los datos sobre antecedentes y capacitación habían quedado desactualizados. A raíz de esa observación, el Consejo accedió a la petición y dispuso que “se otorgue a los postulantes un lapso de tiempo en el que podrán hacer mención acerca de nuevos antecedentes obtenidos con posterioridad a la fecha de cierre de inscripción, los que serán tenidos en cuenta a la hora de la evaluación de la instancia concursal”.
