Y aunque no siempre se la mira desde esa perspectiva, debe verse en Romina Picolotti como una figura icónica. De esas, no escasas en nuestro país, a la que el acceso a una función de poder les “nubla” la mente – si es que ya no la tenían nublada de antes- y por ello se aprovechan de esa situación para darse ese tipo de vida que es propio de quienes cuentan en su haber con abundancia de recursos económicos, y a la vez –esto último ignoramos si es su caso- para aprovechar “la volada” para llenar su faltriquera con dinero rapiñado de las arcas del Estado o como vendedores de influencias.
Lo que recordamos es que llegó a nuestra provincia desde Córdoba, la docta; portadora de una sólida formación académica, convocada -según creemos recordar- por el gobierno provincial, por considerarla de una manera inobjetable como “especialista en temas ambientales” – o sea una especialista en serio, no como esos “especialistas en mercados regulados” de los que algún gobierno se vale, sin que lo sean, ya que se trata de tan solo un nombre que suena bien, para actuar como intermediario en “negocios” del interés de algún funcionario- hace de esto casi dos décadas. Eran los tiempos –todo comenzó en el año 2005 y se aquietaron relativamente los ánimos en 2011- en que Gualeguaychú si no “estaba alzada en armas”, daba la impresión de que podía llegar a ese extremo, como resultas del desembarco de la empresa finlandesa Botnia, en Fray Bentos. Como se sabe, con el propósito de instalar una “pastera”, cometido que logró, a pesar de una oposición de la administración de ese momento, que llegó a presentar un reclamo sobre el tema en la Corte Internacional de Justicia de la Haya.
Seguramente como consecuencia de la notoriedad alcanzada por su actuación en esas circunstancias, y también cabe suponer por su formación y desempeño en ellas, en 2006 fue designada como Secretaria de Medio Ambiente de la Nación, cargo que ocupó hasta el 2008.
De su parábola vital posterior, solo conocemos los datos de un currículum ubicado de manera digital; del que resulta que esta abogada diplomada en la Universidad de Córdoba es en la actualidad asesora principal en el Instituto para la Gobernabilidad y el Desarrollo Sostenible (IGSD), con sede en los Estados Unidos. A su vez es también representante de diversas ongs en la Coalición Climática para el Aire Puro (CCAC) y presidente y fundadora del Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente (CEDHA).
También que cuenta con una Maestría en Derecho Internacional de Interés Público de la Facultad de Derecho de Washington en la American University, Washington, DC. Y ha recibido por sus logros en protección climática el Premio Sophie por su destacada contribución al desarrollo sostenible en 2006, el Earth Care Award de Sierra Club en 2007, otorgado a CEDHA y el Premio de protección climática de la EPA de los Estados Unidos en 2008.
Una trayectoria que no se compadece con las imputaciones por haber realizado gastos personales con fondos públicos, ya que con los mismos a la vista parecería que la incriminada es otra persona, Pero no es así, sino que por la imputación se abrió una causa contra ella, la que se encuentra en su última etapa –después de haberse prolongado su tramitación durante 14 años- y en el que en la actualidad participa de “manera no presencial”, conectada con el tribunal que la juzga a través de una pantalla ubicada en su domicilio en Miami.
Según la información periodística disponible, la Picolottti está acusada del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública tras su paso fugaz en el Gobierno entre 2006 a 2008, un delito que contempla una pena de dos a seis años de prisión. De manera que de ser condenada y la aplicada fuera superior a los tres años, tendría que cumplir con prisión efectiva. Al respecto cabe acotar que la fiscalía ha pedido una pena de tres años y nueve meses de prisión para ella, con la accesoria de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
A la vez los casi mil tickets a que se ha hecho referencia forman parte de una abundante prueba documental contenida en 60 cajas con los comprobantes de pago. Entre ellos, tickets de compra por analgésicos, apósitos, barras de cereal, pilas, una piedra aromática, galletitas, sopas instantáneas, alfajores, caramelos, mermelada, verduras, sahumerios, una chalina, un velón de noche y esencia, un whisky, ramos de flores y un reloj despertador, todos pagados con fondos públicos. También hay un ticket de compra de productos “Rabolini” en una perfumería que tiene la leyenda manuscrita “Regalo Flor y Sofi cumpleaños” y otro comprobante de un consumo en un local de comidas que en su parte superior reza: “¡¡¡Muchas Gracias!!!”.
Por otra parte se indica que los gastos más onerosos fueron los vuelos, tanto en aviones de línea (desembolsó 3,9 millones de pesos, a valores actualizados) como privados (registró viajes por 2,1 millones de pesos). Lo que no quita que también el gobierno fuera “el paganini” cuando se trasladaba en auto, oportunidad en la que Picolotti también hacía que el Estado le cubriera los gastos. La fiscalía puso así, como ejemplo, un viaje de fin de semana a Córdoba. Romina pasó como gastos de gestión la nafta, los almuerzos y cenas para ella y sus acompañantes, consumos en estaciones de servicio durante el camino y hasta el lavado de su auto, el lunes siguiente. Todo para un viaje que, señalara el mismo fiscal, “no tuvo ningún motivo laboral”.
Al concluir este relato, no podemos dejar de pensar acerca del porqué hemos caído tan bajo. Cierto es que en todas partes se cuecen habas, pero no de la manera generalizada e impúdica que ocurre entre nosotros, al menos en los países con un mínimo de orden. Se puede al respecto formular una pregunta “circular”: ¿se torna tanto porque contamos con malos gobiernos, o los gobiernos son tan malos por la forma que nuestra sociedad consiente en que se la robe?
