Semanas atrás, comenzó en Entre Ríos una trama político-judicial que comenzó siendo local y terminó tomando dimensión nacional. Goyeneche, como fiscal anticorrupción, fue hasta diciembre quien coordinó el trabajo de sus colegas en el megajuicio por graves hechos de corrupción que tiene como acusado al exgobernador y actual embajador en Israel, Sergio Urribarri. En diálogo con el diario Clarín, Goyeneche advirtió que “es evidente que el sistema político en Entre Ríos busca interferir en el avance de las causas de corrupción en la provincia”. También aseguró que su apartamiento del juicio contra el ex gobernador Sergio Urribarri es “ilegal e irregular” y que la acusación en su contra es “un mamarracho jurídico”.
Asimismo, adelantó que seguiría el mismo camino que el Procurador General, Jorge García, y anunció que recusará a 6 de los 7 integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, organismo que decidió aceptar la denuncia en su contra por supuesto mal desempeño en la causa de los contratos truchos en la Legislatura, apartarla de su función mientras dure el proceso y, además, quitarle al Ministerio Público Fiscal en pleno su rol acusador, y convocar fiscales ad hoc. A continuación, la entrevista:
-¿La sorprendió la decisión del Jurado de Enjuiciamiento o era esperable después de que se le abriera un expediente?
-No me sorprendió para nada porque esto ha sido explícitamente ilegal y abiertamente irregular desde el principio. Y como si fuera poco, además, se incumplió con la Constitución y se desplazó como órgano acusador al Ministerio Público Fiscal bajo el prejuicio de que sus miembros no pueden ejercer, en este caso, ese rol.
-Hay quienes comparan su caso con el intento de destitución que sufrió el fiscal José María Campagnoli en 2014, cuando investigaba a Lázaro Báez y Alejandra Gils Carbó era procuradora. ¿Existen similitudes?
-Veo similitud con un patrón que se repite sistemáticamente. Cualquier caso de corrupción que exista en Argentina hay que truncarlo a partir de un mensaje fatal: que el poder está del otro lado y el que se anime a investigarlo tiene que sufrir alguna consecuencia. Entonces las opciones que maneja la política son dos: o busca un Poder Judicial corrupto o decide romperlo, como en este caso.
-¿Cómo sigue para usted ahora el proceso, fuera del juicio contra el ex gobernador Sergio Urribarri y con un jury en su contra??
-Voy a enfrentar el proceso como corresponde, más allá de que es ilegal la acusación. Voy a tener que recusar a los seis jueces que lo decidieron porque han cometido un delito, está demostrado. Un tribunal nunca puede tomar una decisión de incumplir una ley, como está pasando.
-Se la acusa de no apartarse de una causa que está emparentada con el expediente que investigó…
-Cualquiera que tome la resolución de apertura del enjuiciamiento puede llegar a la conclusión de que es una acusación armada. Yo no tuve una inconducta ni manipulé ninguna investigación, creo que ya está demostrado, esto es un mamarracho jurídico.
-¿Lo define como una persecución política frente al avance del juicio contra Urribarri?
-Es evidente que el sistema político en Entre Ríos busca interferir en el avance de las causas de corrupción en la provincia. Los denunciantes pertenecen al mismo estudio jurídico que representa a Alfredo Bilbao, el recaudador de Urribarri en la causa “contratos”, que investiga un desfalco por más de US$50 millones en las Legislaturas de la provincia. Él elegía a las personas que hacían los retiros de los bancos, repartía los cheques.
-¿Ha sufrido amenazas en este tiempo por su trabajo?
-No he recibido amenazas puntuales, pero sí parte del equipo de trabajo que coordino han recibido en sus domicilios visitas de personas que no conocían, que pasaban por la puerta o simplemente tocaban el timbre y se iban. Hubo mucho desgaste y cuestionamientos y burlas a nuestro trabajo, sobre todo en Internet, en algunos sitios de Internet que responden a la política entrerriana.
-¿Ha tenido contacto con Urribarri más allá del juicio que se lleva adelante de manera virtual?
-Él se presentó vía Zoom a las indagatorias en las causas que tenemos contra él, que son cinco en total. El juicio empezó en septiembre y debería empezar la fase de alegatos antes de fin de año. Y la condena en su contra puede ser por hasta 17 años si se suman los delitos.
-¿Tiene miedo de que el juicio, ahora que fue suspendida, no avance?
-Espero que no, no creo que pase eso. El juicio lo encaramos un equipo de cuatro fiscales desde el principio, sabiendo incluso que podía pasar esto. Confío en los jueces, que saben cuál es su función, son competentes y valientes, como la mayoría de los funcionarios de la justicia entrerriana. El objetivo es mellar el juicio, hay un accionar tendencioso contra este proceso y por eso intentaron descabezar el Ministerio Público Fiscal. No sólo a mí, sino también al procurador General, Jorge García, a quien lo remitieron a juicio político de parte de la Legislatura.
