En ese marco, el mandatario provincial destacó que esta iniciativa “viene a concretar uno de los institutos establecidos en la reforma de la Constitución de 2008”, del mismo modo que -“por primera vez en la historia de la provincia”- en 2020 se designaron las autoridades del Tribunal de Cuentas a través de un concurso público.
En el caso de la Fiscalía Anticorrupción, contaría con un cargo de fiscal anticorrupción, con jerarquía de procurador adjunto; dos cargos de fiscales anticorrupción adjuntos, uno con asiento en Paraná y otro en Concordia; un profesional de la abogacía con trayectoria acreditada en procesos administrativos, que tendría jerarquía de fiscal auxiliar del Ministerio Público; dos cargos de contadores públicos nacionales o licenciados en ciencias económicas, que formarían parte del equipo pericial; un experto en informática, que debería acreditar licenciatura o ingeniería en informática, con idoneidad para la investigación de datos obrantes en sistemas digitales; dos cargos de oficial mayor y dos cargos de oficial auxiliar.El fortalecimiento de las instituciones democráticas es clave para recomponer la confianza de la sociedad con la política. La transparencia y control de los actos de gobierno en todos los poderes y ámbitos de la provincia es indispensable para mejorar el Estado y sus acciones.
— Gustavo Bordet (@bordet) March 14, 2022
“Cuando se habla de actos de gobierno y actos administrativos, tiene que primar la transparencia”, remarcó Bordet, de la mano de su premisa acerca de que “el fortalecimiento de las instituciones democráticas, es clave para consolidar la confianza de la sociedad en la política”. De acuerdo al proyecto de ley, el fiscal Anticorrupción y los fiscales adjuntos deberían cumplir los requisitos establecidos por el artículo 188º de la Constitución provincial: serían designados con intervención del Consejo de la Magistratura y debería otorgarse mayor puntaje a quienes acrediten antecedentes vinculados a la prestación de servicios en la administración pública nacional, provincial o municipal.
Además, los fiscales serían inamovibles en sus cargos y competencias dentro de la Fiscalía Anticorrupción mientras dure su “buena conducta”, y solo podrían ser removidos por los procedimientos establecidos por la Constitución provincial y la Ley de Jurado de Enjuiciamiento.
Los cargos de peritos enunciados en el proyecto serían designados por decreto del Poder Ejecutivo, previo concurso público con intervención y apoyatura del Consejo de la Magistratura, con participación de los Colegios profesionales -según las competencias requeridas-, conforme el procedimiento que dicte el decreto reglamentario.
