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Una decena de organizaciones sociales y ambientales de Victoria y de Rosario realizaron una presentación este martes ante la Municipalidad de Victoria y pidieron que se cumpla la ley y que se suspendan inmediatamente las habilitaciones que permiten la realización de fiestas electrónicas masivas en el área protegida del Delta.

La solicitud se efectuó mediante una nota al Municipio victoriense, que tiene jurisdicción en esta zona de islas. Instan puntualmente al intendente Domingo Maiocco (Juntos por el Cambio) a “cumplir y hacer cumplir las leyes y ordenanzas vigentes”.

Liderados por la Multisectorial Humedales Rosario, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Guardianes de Victoria y El Paraná No se Toca, una decena de entidades socio ambientales de Entre Ríos y Santa Fe presentaron este martes 19 de abril un documento conjunto dirigido al municipio de Victoria. En la carta, con copia al Concejo Deliberante de la ciudad y a la Delegación de Islas de la Comuna, se solicita “la inmediata suspensión de las habilitaciones que permiten el desarrollo de fiestas masivas en el área natural protegida Islas de Victoria”.

En el escrito plantean que, según las normas urbanísticas de Victoria, en el apartado “Suelo Litoral, dentro de Usos No Permitidos están los centros comerciales y de diversión, tales como bares y discotecas”. Y en este orden señalan que “los humedales e islas del departamento Victoria conforman un área natural protegida cercana a las 400 mil hectáreas que tiene por objeto la protección y conservación de sus bellezas paisajísticas y sus riquezas de flora y fauna autóctona, limitándose para tal fin la intervención humana a fin de garantizar la existencia de sus elementos naturales”.

Luego, apuntan que “la lógica en la prohibición de actividades tales como bares y discotecas se torna más que evidente, ya que el mero sentido común, sumado a lamentables precedentes, nos demuestran las consecuencias de estas actividades en una reserva natural de por sí vulnerada. Hablamos de fiestas masivas a las que acuden cientos de personas que se trasladan algunas en lanchas y otras en vehículos particulares que luego estacionan sobre humedales en estado de extrema vulnerabilidad. Además para dichos accesos vehiculares se ha modificado ilegalmente el suelo con rellenos y levantamiento del terreno y construcción de terraplenes”.
Tierra de nadie
Para las organizaciones “resulta inaceptable que el Estado y los organismos de control en lugar de evitar mayores niveles de hostigamiento sobre los ecosistemas de humedales, habiliten actividades que producen altos grados de contaminación lumínica y sonora, alterando la vida de quienes habitan estas áreas, incluidas familias isleñas y pobladores históricos. Asimismo, estas actividades generan residuos y afectan la flora que se ve disminuida con el avance de la frontera urbanística de habilitaciones que se otorgan en desdén a un sector del humedal que ha sufrido más de lo que puede soportar”, criticaron.

Sobre los hechos, en la misiva contaron que “algunos de estos ‘bailes’ son organizados por personas que viven en la ciudad de Rosario. Vale aclararlo, porque, así como Victoria incumple sus propias leyes y ordenanzas, en Rosario también existen responsables. Es el caso de Garden Island y Wakeland, este último un complejo desarrollado por Federico Vignale sobre la RN 174 km 7.3, quien promociona fiestas y bailes en islas en las que según ellos mismos advierten ‘está todo permitido’”, comentaron sobre el empresario que, en rigor, según las mismas ONG han denunciado, pertenece a su padre, el ganadero Enzo Federico Vignale, sindicado como uno de “los dueños del fuego” tras ser citado a declarar en 2020 por la Justicia Federal en las investigaciones en la investigación por los por los incendios intencionales en el Delta.

“Instamos a la Municipalidad de Victoria, a su intendente Domingo Maiocco, a cumplir y hacer cumplir las leyes y ordenanzas vigentes. El Ejecutivo alega que no habilitan discotecas sino ‘eventos’. Las discotecas y los ‘eventos’, reiterados, múltiples y masivos, generan los mismos impactos negativos sobre el ambiente. Vale citar que la Ley General de Ambiente consagra en su artículo 4º el Principio de Progresividad en razón del cual se desprende la prohibición de retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad. Así las cosas, si la discoteca está prohibida en virtud de proteger los ecosistemas del daño que esta actividad infiere, no pueden habilitarse actividades similares, sino idénticas, que conlleven los mismos daños y tengan como obvio resultado la disminución en el grado de protección anteriormente conferido. La mercantilización de la naturaleza y la violación del principio señalado se expresa en el hecho que años anteriores los organizadores de estas actividades –fiestas masivas– eran multados, y ahora se los habilita a cambio de un porcentaje de la ganancia”, revelaron.
Fuente: Entre Ríos Ahora

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