“Fueron dos planteos respecto de tres defendidos que están inhibidos por 3.000 millones de pesos cada uno, desde el 12 de abril de 2019, cuando fue el inicio de todo esto y se dictó una medida preventiva, una inhibición de bienes que sigue hasta la actualidad”, dijo Fouces y agregó: “Mi planteo tiene que ver con que las medidas cautelares son provisorias, temporales y no puede ser que haga cuatro años que estén en esta situación estas personas. Más allá de que entiendo que la jueza está despojada de su jurisdicción, este es un hecho extraordinario que merece ser resuelto de manera urgente”.
Es que el propio Fouces, junto a otros defensores en la causa, planteó que la investigación es competencia de la Justicia Electoral y, como la discusión está para resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), salió de la esfera de la jueza de Garantías, Marina Barbagelata. Durante la audiencia que se desarrolló este martes ante Barbagelata, con la participación de la fiscal Patricia Yedro, Fouces también reclamó que se desvincule a Falco del proceso porque entiende que hay violaciones a derechos constitucionales como el principio de inocencia, el debido proceso, la igualdad ante la ley, entre otros. “Después de cuatro años de investigación, en oportunidad de artículo 403, cuando la Fiscalía pidió la clausura de la investigación y la elevación a juicio de la causa, adelantó que requeriría el sobreseimiento de Falco porque no encontraron ningún elemento en su contra para sostener la imputación penal. En el medio se produjo el conflicto de competencia, se suspendió el trámite de la causa y la audiencia de elevación a juicio no se hizo nunca. Y por lo tanto Falco, pese a que Fiscalía dijo que iba a pedir sobreseimiento, sigue procesado e imputado”, reclamó el abogado.
“Correspondía que adelanten que no iban a sostener la persecución penal contra Falco en un proceso normal, porque la audiencia de elevación a juicio, se debió realizar a los 15, 20 o 30 días después de presentado el escrito de requerimiento fiscal. El problema es que pasaron dos años y la audiencia no se hizo, pero Falco no tiene la culpa de eso. No podemos hacerle pagar la discusión de la Justicia. Sigue inhibido, procesado y vinculado a la causa. Es un profesional que ejerce la actividad privada y se le está ocasionando un perjuicio mayúsculo”, añadió.
“Lo interesante es que desde Fiscalía, por primera vez, reconocieron que no saben qué pasará con la causa, que podría tramitarse como tema electoral en la Justicia federal o tramitar acá. Hace dos años decían que era una locura que salga de la competencia de la provincia la causa, hoy ya lo admiten como una posibilidad cierta, entonces no se puede definir porque depende de cómo se tome el hecho la solución”, evaluó el defensor.
Por último, cuestionó el accionar de la jueza que garantizó la marcha de la investigación hasta que los propios defensores pidieron sacarla de su esfera. “En este proceso, en el Juzgado de Garantías jamás obtuvimos reconocimiento a un planteo defensivo. Todos los reconocimientos fueron en instancias recursivas, siempre. Es decir, para mí fue más un trámite porque la jueza ha mantenido su postura en la causa, con lo cual mañana presentaré la apelación”, adelantó.
