La resolución del Concejo Deliberante, fundamentada en la Ordenanza N° 34.698, detalla que el principio de idoneidad, esencial en la contratación estatal, se ve «seriamente comprometido» en este caso. Las firmas fueron suspendidas a raíz de una investigación judicial en curso por presuntas irregularidades y defraudaciones al erario público provincial, vinculadas a la compra de alimentos para comedores escolares.
El documento legislativo subraya que si bien el Concejo no puede intervenir en el proceso penal, sí tiene la facultad de controlar la «legitimidad, razonabilidad y oportunidad» de la medida preventiva, la cual considera «debidamente fundada». La suspensión, de carácter preventivo, se mantendrá hasta que la justicia emita su veredicto. Si las empresas son absueltas, podrían ser reincorporadas al registro, pero en caso de ser condenadas, su exclusión será definitiva.
