El representante de los magistrados entrerrianos aclaró que, si bien se reconoce la necesidad de abordar la situación financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, el mecanismo elegido genera preocupación. “Lo que nosotros advertimos es que no basta con asegurar la viabilidad económica del sistema previsional, como se ha puesto en los objetivos de este proyecto de ley, sino que hay que hacerlo dentro del marco constitucional. Y en ese sentido, lo que vemos es que hay algunos puntos del proyecto que generan tensiones y que también esas tensiones se replican en los integrantes del Poder Judicial, específicamente”, señaló Cánepa en declaraciones radiales.
Desde la Asociación de la Magistratura informaron que ya se han solicitado audiencias formales con las autoridades del Senado, presidentes de bloque y de comisiones, así como con la vicegobernación, con el objetivo de transmitir estos reparos antes de que el texto llegue al recinto para su votación.
Al ser consultado sobre las expectativas de lograr cambios en el articulado durante el tratamiento en comisión, Cánepa se mostró proclive al diálogo institucional: “Iremos a las comisiones del Senado a dar nuestro punto de vista. Creemos que tenemos argumentos muy concretos que están fundados, no solo en nuestro conocimiento del sistema constitucional local, sino también en jurisprudencia nacional, que ya ha definido alguna de las cuestiones con las que se insiste en este proyecto”. Según detalló, varios de los inconvenientes actuales ya habían sido marcados por la entidad en un documento previo.
Uno de los puntos centrales del análisis radica en la declaración de emergencia previsional que contempla la iniciativa del Ejecutivo. Para el integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, existe una contradicción conceptual entre el diagnóstico de las autoridades y la herramienta legal propuesta.
Cánepa argumentó que el déficit de la Caja es un “fenómeno estructural” de larga data y que una emergencia posee características muy distintas: “La emergencia es un problema general, es un problema súbito, es un estado de necesidad, en donde, básicamente, se deben tomar medidas excepcionales por muy poco tiempo, con las cuales se sale de esa emergencia. Acá lo que se ve es otra cosa: se ve un problema que tiene más que ver con un desequilibrio económico, que se buscan medidas que tengan que ver con obtener flujos de caja rápidos. Es decir, parecería un atajo esta declaración de emergencia para echar mano de otras fuentes de financiamiento del sistema previsional que hoy el sistema no está teniendo”.
Asimismo, diferenció este escenario de la emergencia dictada durante la pandemia de COVID-19, subrayando que en esta oportunidad el propio Ejecutivo e incluso las autoridades de la Caja afirman estar cumpliendo en tiempo y forma con las prestaciones y habiendo reducido el déficit. “Lo que se advierte es que se está depositando en un sector las disposiciones de esta emergencia, que va a caer justamente, va a recaer solamente en ellos todo el peso del desequilibrio de la caja”, añadió.
El aspecto técnico que mayor preocupación genera en el ámbito judicial —y que podría activar futuros reclamos en los tribunales de ciudades como Concordia, Colón y el resto de la provincia— es la modificación en la fórmula para determinar el haber inicial de los futuros jubilados y el sistema de movilidad.
Actualmente, el haber se calcula sobre el promedio de los últimos 120 meses (10 años). El nuevo proyecto propone duplicar ese plazo a 240 meses (20 años), pero introduciendo una modalidad de actualización que Cánepa calificó de “opaca”.
“El promedio que se toma es de los 240 meses actualizados, que no es lo mismo que actuales. Es decir, que ahora con este proyecto de ley, si sale como está, la determinación del haber inicial será tomando los 240 meses últimos, o sea, los sueldos de esos 240 meses últimos, a valores históricos, no actuales, históricos, y se van a actualizar. ¿Y cómo se van a actualizar? Nadie sabe. ¿Por qué? Porque está delegada esa actualización en el presidente de la Caja”, advirtió el magistrado.
El cuestionamiento legal de fondo radica en que la Constitución de la Provincia de Entre Ríos prohíbe de forma expresa la delegación legislativa y no contempla figuras como los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) vigentes a nivel nacional.
“Todo esto que es competencia de la Legislatura, este proyecto de ley se lo está delegando ni siquiera el Poder Ejecutivo: se lo está delegando al presidente de la Caja”, enfatizó Cánepa, extendiendo la misma crítica al esquema de movilidad propuesto, al cual comparó con el de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), señalando que dicho modelo “está lleno de juicios por este tema”.
Finalmente, el titular de la Asociación instó a que los legisladores entrerrianos asuman la responsabilidad civil de fijar los índices de actualización de manera directa en el texto de la ley y que estos respeten de forma irrestricta el principio de proporcionalidad entre los haberes de los trabajadores activos y pasivos de cada escalafón del Estado provincial.
